Las familias vizcaínas pagarán 18 euros más en 2024 por el recibo del agua

La asamblea general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha aprobado este martes la revisión de las tarifas por los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración para 2024, que supondrá un incremento de unos 18 euros al año (un 9%), repartido en las cuatro facturas emitidas trimestralmente, lo que representa una subida de 4,5 euros por factura de una familia media.

Según han explicado los responsables de la entidad consorciada, este incremento de tasas supondrá una actualización de la tarifa de 1,5 euros/mes (IVA incluido) para un consumo medio domiciliario.
En cumplimiento del principio de recuperación de costes de la Directiva Europea Marco del Agua, se obliga a los operadores a repercutir en la tarifa el 100% del coste del ciclo integral del agua.
En el Consorcio de Aguas actualmente las tarifas suponen el 80% de ese coste, de manera que se seguirá buscando la equivalencia de forma progresiva "para no incidir significativamente en la economía de las familias, empresas, industrias y comercios fundamentalmente", han explicado.

Caso Busturialdea, cambio climático... 

El importe de las cantidades recaudadas vía tarifas se destinan íntegramente a concretar el compromiso inversor y transformador que requiere el territorio para modernizar sus infraestructuras, prestar servicio en idénticas condiciones en los municipios que se incorporen, como es el caso de Busturialdea, o anticiparse a los problemas que pueden emerger como consecuencia del cambio climático, bien por falta de recursos hídricos o, al contrario, por episodios de climatología adversa continuadas de abundante precipitación.
De esta forma, la sociedad de aguas ha indicado que se sigue adaptando a las necesidades presentes y futuras para asegurar una sostenibilidad en sus actuaciones y ofrecer la "máxima calidad" en el servicio, tal y como exigen los requerimientos, "cada vez más exigentes", que fija la normativa autonómica, estatal y europea sobre aguas urbanas, "sin permanecer ajeno a la inflación".
En este sentido, desde la entidad se ha recordado que la factura del agua supone el 0,9% del gasto doméstico y que, por menos de 2,2 euros, el Consorcio de Aguas lleva a cada grifo, depura y devuelve a los cauces 1.000 litros de agua.

Bono social y térmico

Conscientes de que son muchas las necesidades y compromisos que requieren de grandes inversiones, los responsables del Consorcio han asegurado que también viven "la realidad de cada abonado", por lo que la Asamblea también ha aprobado reconocer a todas las personas que se benefician del bono social eléctrico y térmico la misma bonificación de la que disfrutan los perceptores de la RGI e IMV.
"A mayor recaudación, mayor capacidad inversora, pero también de acompañamiento en beneficio del interés general de las personas, el conjunto de los municipios consorciados y el Territorio de Bizkaia", han señalado.

Tanto los representantes del PP en la asamblea como los de EH Bildu han votado con contra de la subida de las tasas, aunque por distintos motivos. El PP ha reclamado una congelación de tasas, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Vitoria, para que las familias no sufran otro gasto añadido al coste de la vida, mientras desde EH Bildu se ha reclamado que el recibo del agua se adecue a la renta familiar de cada usuario, para que paguen más por este servicio quienes más ingresos tienen.

Inflación, costos de materiales...

A estas intervenciones ha respondido el director gerente del Consorcio, Pedro Barreiro, quien ha destacado que, aparte de a las familias, el incremento del costo de la energía, del petróleo, del gas natural, de la inflación, también afectan al servicio que presta la entidad y suponen un incremento "mucho más notable" que la actualización de tarifas del 9% hoy aprobada.

Además, ha apuntado que el coste de los reactivos para el agua está también "muy por encima" de la actualización de tarifas llevada a la asambleas. "Hay que seguir teniendo reactivos cueste lo que cueste. No nos queda más remedio", ha dicho.
En la misma línea, ha citado el impacto económico que representa la subida generalizada de salarios, sobre todo por la inflación del año pasado, tanto en lo que es el ámbito del Consorcio como de aquellas empresas que trabajan en su ámbito. "No podemos olvidar la inflación que hubo en el año 2022, porque nos ha repercutido directamente en los costos salariales que nosotros actualmente tenemos", ha resaltado.

También ha aludido a otros costes de materiales como el hormigón, la ferralla, los aceros... "En fin, hay múltiples razones que en principio nos obligan a tener que tomar esta decisión", ha aseverado, para agregar que "es un mal necesario si queremos mantener la calidad del servicio y, sobre todo, no podemos dejar entrar a los entes operadores, sobre todo a los públicos, en situaciones de pérdidas, como ha podido ocurrir en el año anterior".
Según ha indicado, esta tesis la están defendido muchas ciudades del Estado y se ha producido un movimiento "importante" de incremento de tarifas que nace, básicamente, desde Andalucía y desde Cataluña, donde ha subrayado que una empresa pública ha subido un 30% las tarifas a 114 ayuntamientos catalanes.
"Todos lo hacen desde la responsabilidad para que los entes gestores, sobre todo los públicos, puedan garantizar lo que actualmente estamos haciendo y el régimen de inversiones que necesitamos para salir adelante", ha manifestado, para aseverar que este incremento de la entidad consorciada vizcaína está "bastante por debajo de la media de lo que va a ocurrir en muchísimos lugares".

Cobro proporcional

En respuesta a la petición de EH Bildu de cobrar más cara el agua a las rentas más altas, Barreiro ha indicado que han estudiado también esa opción, pero ha argumentado que "tiene problemas de legalidad con la ley vasca del agua y con la directiva de aguas, que lo que está marcando, en definitiva, que hay que pagar en función de los metros públicos consumidos, no tanto de las rentas de las personas que los consumen".
"Creemos que hay un elemento de discrepancia de carácter jurídico, pero lo hemos estudiado", ha insistido.
Dicho esto, ha trasladado a la asamblea que este año 2023 se ha iniciado la nueva directiva de aguas potables, que se ha aprobado y se ha traspuesto a nivel del Estado español para este año 2023 y que supone un incremento "notable de costos".
"En este momento, --ha proseguido-- ya hay un borrador de una nueva directiva de aguas residuales que plantea, en principio, un incremento notabilísimo de costos, aunque de momento es un borrador, pero previsiblemente entrará en funcionamiento desde aquí al máximo de dos años, donde se plantea que los servicios de agua van a tener un sobrecosto por la aplicación de esta normativa del orden de más de 700 millones de euros".
Según ha relatado, este mismo martes se estaba analizando ese dato en una videoconferencia en la que participaba el secretario de Estado y el director general del Agua y desde el Consorcio se preguntaba "de dónde iba a salir ese dinero". "De momento no hay más respuesta que de las tarifas. Esa es la realidad de lo que tenemos y, por lo tanto, por eso traemos esta propuesta. Nos gustaría traer otra, pero es lo que hay si queremos mantenernos en un ámbito similar a lo que actualmente estamos", ha concluido.