Un “fortísimo” impacto que restará 700 millones de euros a la recaudación conjunta que había sido prevista por las tres haciendas vascas. Así valoraron hoy sus representantes las consecuencias de las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a devolver, en el global de los tres Territorios Históricos, cerca de 800 millones de euros a los pensionistas que cotizaron a mutualidades antes del 1 de enero de 1979. En cualquier caso, los tres entes forales ingresarán a lo largo de este año un total de 18.300 millones de euros, una cifra récord que supone un 0,4% más que el año pasado.
En su comparecencia junto al consejero vasco de Hacienda, Nöel d’Anjou, los tres diputados generales remarcaron la “solvencia” de las cuentas por recaudación de tributos concertados, que les permitirá “asumir” la carga de las devoluciones y, al mismo tiempo, “sostener los servicios públicos y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables”. Los representantes de las tres diputaciones hicieron hincapié en resaltar que las haciendas “están siendo capaces de poner al día sus cuentas en relación con la devolución a los pensionistas del ejercicio 2023 y los no prescritos”, de forma que la estimación de cierre de la recaudación para 2024 supone una ejecución del 96,3% sobre la presupuestada hace un año. En términos absolutos, 699,3 millones menos.
La mejora de la coyuntura empresarial, con una inflación que no aprieta de la misma manera que en los años anteriores y un consumo privado que se mantiene fuerte, ha propiciado aumentos del 7,6%, em ambos casos, en las casillas de recaudación por Impuesto de Sociedades y por los Impuestos Especiales de Fabricación y Electricidad. En cambio, se anotan caídas en el IVA (-0,2%) y, especialmente, en el caso del IRPF (-2,4%).
En sus cálculos de hace un año, el Consejo Vasco de Finanzas estimó que a lo largo de este año las arcas forales ingresarían en conjunto un total de 19.000 millones: 9.829 en Bizkaia, 6.210 en Gipuzkoa y 2.960 en Araba, lo que suponía un aumento del 4,3% en relación con el ejercicio anterior. Sin embargo, esta previsión tuvo que ser revisada a la baja tras la sentencia del Supremo que reconocía a los jubilados el derecho a recuperar las mutualidades que abonaron antes del año 1979. Todo arranca después de que ese tribunal diera la razón a un jubilado del sector bancario que pedía que parte de su pensión, ligada a las aportaciones que realizó entre los años 1969 y 1979 a la Mutualidad Laboral de Banca, no tributase en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta resolución tiene efectos en todas las previsiones tributarias en todo el Estado. Por ejemplo, en Bizkaia la Diputación informó el pasado mes de marzo de que había recibido más de 53.000 reclamaciones de mutualistas por esta causa, aunque cifró en hasta 160.000 los pensionistas que son posibles beneficiarios en esta materia. Pese a todo, las diputaciones están en condiciones de “asumir” este impacto en sus cuentas. En este sentido, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, subrayó ayer que la Hacienda de este territorio ya ha devuelto 211 de los 257 millones de euros consignados para esta causa.
Ningún territorio alcanzará a cierre de 2024 la cifra de recaudación estimada en octubre del año pasado. Según la última previsión conocida ayer Araba recaudará 138 millones menos que los calculados hace un año y se quedará en 2.822 millones; Bizkaia obtendrá 372 menos hasta los 9.457,7, y Gipuzkoa ingresará 189 menos, con lo que logrará 6.021,1 millones.
De cara al año 2025, el cálculo del Consejo Vasco de Finanzas y de las diputaciones forales es que recaudarán por tributos concertados un nuevo récord de 19.718,6 millones de euros - 1.420 millones de euros- , con un crecimiento más pronunciado en el caso del IRPF y el IVA. El crecimiento de la recaudación se prevé que sea un 3,8% superior al presupuesto de 2024. A su vez, esta previsión es un 7,7% superior a la previsión de cierre real de la recaudación de 2024. “Si se obvia de la comparativa interanual la parte que no se consolida el año que viene de las devoluciones a los pensionistas, el avance de los ingresos tributarios en 2025 respecto a la previsión de cierre, sería similar a la expansión prevista de la economía vasca para dicho año”, explicó el Consejo en un comunicado a la conclusión de la reunión ordinaria. El nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno vasco contempla un incremento del PIB nominal en 2025 del 4,3%, en línea con las previsiones de ingresos del Consejo de Finanzas. El desglose estimado se reparte así: 3.039,1 en Araba, 10.182,3 en Bizkaia y 6.497,1 en Gipuzkoa.
En cuanto a las aportaciones de las diputaciones forales a las instituciones comunes, el Consejo acordó un importe global de 13.200 millones de euros para el año 2025, de acuerdo a los coeficientes horizontales de aportación: 16,04% para Araba, 50,37% para Bizkaia y 33,59% para Gipuzkoa. Además, la previsión del Fondo General de Ajuste para 2025 asciende a 178 millones de euros. De ese total, la financiación corresponderá en un porcentaje del 70,81% al Gobierno vasco y el resto, a las diputaciones forales. Esta suma se distribuirá entre los Territorios Históricos de Araba y Gipuzkoa, a los que provisionalmente les corresponden 100,4 y 77,6 millones de euros, respectivamente.
Por otra parte, después de que hace cuatro años se estableciera el reconocimiento de un objetivo de déficit propio para el conjunto de las diputaciones forales, el Consejo pactó ayer también el criterio de distribución entre los Territorios Históricos de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con carácter de permanencia. El acuerdo prevé, como norma general, que una vez que Euskadi y la Administración del Estado acuerden de forma bilateral el objetivo de déficit para las diputaciones, la distribución territorial de ese objetivo de déficit conjunto entre los entes forales se realizará de acuerdo a los coeficientes horizontales de aportación aprobados para cada ejercicio.
Uno de los asuntos que acaparó más interés a la conclusión de la reunión del Consejo fue conocer los ritmos de negociación para las reformas fiscales que van a ejecutarse en cada territorio con objeto de adecuar los ingresos a los nuevos retos, como la sostenibilidad medioambiental, el reto demográfico y un crecimiento económico que permita una mayor cohesión social. El objetivo es que esas modificaciones estén listas en 2025. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, destacó su voluntad por llegar a acuerdos “con todos los grupos políticos”. Por su parte, el diputado general alavés, Ramiro González, remarcó que el proyecto de norma foral se aprobará “en unas semanas” en el Consejo de Gobierno, pero que debido a su tramitación, no se podrá aprobar antes de fin de año. Sobre la oferta de Bildu para alcanzar acuerdos presupuestarios, González afirmó que “todas las ofertas de acuerdo son buenas” pero admitió que en Araba, la trayectoria de la coalición “no invita al optimismo” porque incluye “muchas exigencias imposibles de atender”. Por último, la diputada de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, se comprometió aprobar y remitir antes de fin de año a las Juntas Generales el proyecto. En todo caso, subrayaron la importancia de que las reformas estén concertadas para lograr así una “armonización” fiscal entre territorios.