Ligado al actual debate sobre la reducción de jornada y el de las medidas que quiere implantar el Gobierno para intensificar el control del registro horario en las empresas resurge la controversia alrededor de las horas extra, en especial las que se hacen y no se pagan. Un reciente informe del gabinete de estudios del sindicato Comisiones Obreras, con estadísticas recogidas en la Encuesta de Población Activa (EPA), ha cuantificado este problema, con la conclusión de que las horas extra no abonadas suponen un coste laboral de 3.254 millones de euros en términos de salarios brutos y cotizaciones.
El Estatuto de los Trabajadores proclama que, más allá de las horas extraordinarias de obligada realización, que son las que vienen exigidas “por la necesidad de prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes”, el resto serán consideradas “voluntarias”, con el compromiso de que su ejecución “se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones” y de que el número máximo de horas extraordinarias al año a realizar por un trabajador será de 80.
Con objeto de acabar con el fraude en la contabilización de ese tiempo, en el año 2019 se aprobó el decreto-ley mediante el cual se establecían los criterios para el registro horario de los trabajadores. Cinco años después, su balance es de alrededor de 9.000 infracciones, con sanciones que, en conjunto, superan los 15 millones de euros en toda España.
Pero el problema permanece. El informe de CCOO recoge las consecuencias de una práctica que ha quedado incrustada en algunos sectores laborales, especialmente en los relacionados con los servicios, como la hostelería y el comercio, pero también las finanzas, el transporte, la educación y la ciencia. En concreto, además de los datos de impacto económico, el documento de la central calcula en 419.000 el número de trabajadores que desarrollan semanalmente horas extra no pagadas, con una media de 6,3 a la semana y un coste laboral de 7.370 euros al año.
“En España hay 890.000 trabajadores asalariados que realizan horas extra a la semana, lo que supone el 5% de la población asalariada. De ellos, el 47% –419.000– ha trabajado horas extras en la semana por las que no ha recibido contraprestación en forma de salario o descanso. Es decir, el 2,3% de la población asalariada trabaja semanalmente horas extras no pagadas”, se lee en el estudio del sindicato.
Consciente del impacto de esta situación, y más aún por el fuerte vínculo que siempre ha mantenido con los sindicatos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó esta semana en el Congreso que gracias a la labor de Inspección de Trabajo, las horas extraordinarias impagadas se han reducido en 48,8 millones desde 2018.
Sectores
El informe elaborado por CCOO destaca, asimismo, que los sectores que concentran un mayor volumen de horas extra no pagadas a la semana son, principalmente, la educación, la industria manufacturera, la hostelería, el comercio, el transporte y las actividades científicas y técnicas. Sin embargo, si se atiende a los sectores con mayor porcentaje de asalariados que hace horas extras no remuneradas en relación al resto de trabajadores del mismo sector, se encuentra que son los profesionales de empresas como bancos, aseguradoras, despachos de abogados y consultoras financieras los que lideran esa tabla, con un 5,4% de empleados que estiran su jornada sin un salario por ese tiempo.
A continuación, figuran los trabajadores del sector científico-técnico, con 4,9%. Aunque por lo general se trata de dos sectores cuyos salarios se encuentran entre los más elevados dentro del listado de profesiones, también es cierto que demandan lograr de forma constante resultados, ya sea a nivel de ventas en un caso o en avances de investigación por el otro.
Incremento
En las actuales negociaciones para la reducción de jornada desde 40 a 37,5 horas –aunque antes de fin de año debe aprobar que descienda a 38,5 horas–, la CEOE ha propuesto, a cambio de esa disminución del tiempo de trabajo ordinario, incrementar el tope legal de horas extra voluntarias que puedan realizar los trabajadores, un planteamiento rechazado de plano por los sindicatos UGT y CCOO y también por el Ministerio de Trabajo.
“Las horas extraordinarias en España constituyen lejos de un remedio, una lacra. Hay un abuso constante de este tipo de trabajo extraordinario, muchas veces. No vemos con especiales buenos ojos el intercambio de reducción de trabajo ordinario a cambio de jornadas extraordinarias realizadas voluntariamente por los trabajadores, entre otras cosas porque mantenemos cierto grado de desconfianza a esa voluntariedad de los trabajadores cuando hacen horas extra”, señaló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
De hecho, para el año que viene el Ministerio plantea endurecer toda la regulación vinculada al registro horario, de manera que las sanciones ya no serán por empresa en su conjunto, sino por cada trabajador con jornada irregular. Además, el propósito del Ejecutivo es también el de incrementar la cuantía económica de las sanciones, cuyo valor máximo ahora es de 7.500 euros.