Las instalaciones deportivas públicas de Vitoria se asoman a un nuevo periodo de conflictividad laboral como los que ya han vivido de forma más o menos recurrente durante los últimos años. La infructuosa negociación del convenio regulador de las condiciones de sus monitores de actividades, socorristas, cancheros o técnicos sanitarios, caducado desde diciembre de 2019, explica ahora esta realidad.
El bloqueo, por de pronto, apunta a una inminente huelga de cinco días de duración en centros cívicos, piscinas o frontones para la que los sindicatos han registrado ya el pertinente preaviso, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. De no mediar durante estos próximos días un acuerdo satisfactorio entre la parte social y la patronal, representada por las empresas Disport Eki y Aiteko –a las que subcontrata el Ayuntamiento–, el paro tendrá lugar entre el martes 10 y el sábado 14 de este mayo. La siguiente y quizá última oportunidad para que las partes reconduzcan la situación será este próximo miércoles en una nueva reunión en el Preco, el Consejo vasco de Relaciones Laborales.
Llueve sobre mojado en un sector que vivió sus últimas movilizaciones importantes en el verano de 2020, el primero en pandemia, tras el despido de una trabajadora a la que su empresa finalmente readmitió. Fue un ciclo de protestas motivado al mismo tiempo por distintos recortes en el servicio, que arrancó con una serie de paros parciales y concluyó con una huelga indefinida que se extendió durante casi dos semanas. Debido a su amplísimo seguimiento, la movilización forzó el cierre de las piscinas tanto de los centros cívicos como de los complejos de Mendizorroza y Gamarra en plena temporada de baño.
Los representantes de la plantilla ya advirtieron entonces de que desconvocar estas movilizaciones no significaba haber alcanzado una solución definitiva al conflicto. Las negociaciones para el nuevo convenio colectivo habían arrancado en febrero de ese mismo año, poco antes de la irrupción del coronavirus, y quedaron aparcadas en los meses posteriores por motivos obvios. Se retomaron tras el verano una vez consumada la huelga, sin excesivos avances, y numerosas reuniones después tampoco ha sido posible un acuerdo. Ahora, la parte social ha decidido elevar la presión y retomar la vía de los paros ante unas propuestas de la patronal que considera totalmente insuficientes.
Las reivindicaciones Las principales demandas de la plantilla pasan por los incrementos salariales –los trabajadores suman ya dos años de congelación–, la reducción de las jornadas para todos los grupos con un horizonte de 35 horas semanales, un plus de antigüedad o complementos de incapacidad temporal al 100%.
"Nuestras reivindicaciones siempre han tenido un objetivo claro; evitar la precariedad en cualquiera de los sectores que componen este convenio", razona la parte social en un escrito dirigido a las plantillas.
Los sindicatos cifran la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en torno a un 11-12% desde el ejercicio 2010, tras un periodo de 12 años en el que solo ha habido incrementos salariales en ocho. Además, denuncian que con la última oferta de la patronal y la proyección actual del IPC, que se encuentra totalmente disparado, la plantilla perdería otro 11,6% entre 2020 y 2023, precisamente el periodo para el que las partes están negociando el nuevo marco de condiciones laborales. "La pérdida podría dispararse por encima del 20% en caso de firmarse este convenio. Esta situación supondría seguir manteniendo a los y las trabajadoras en condiciones precarias que impiden su profesionalización en el sector", añaden.
Según denuncian las centrales, la última propuesta de las subcontratas contempla una congelación salarial para los ya pasados 2020 y 2021 y un aumento que solo superaría el 5% en todas las categorías profesionales a partir de octubre de 2023, apenas un trimestre antes de expirar el acuerdo.
Por otro lado, la pretendida reducción de la jornada anual tampoco tendría lugar hasta ese mismo mes y sin llegar en todas las categorías hasta la meta de las 1.592 horas anuales. Y "tampoco se ofrecen mejoras de ningún tipo de formación" de cara a la profesionalización del sector, tal y como advierten fuentes sindicales.
Apuntes
Vuelve la conflictividad. Las instalaciones deportivas públicas de Vitoria se asoman a un nuevo periodo de conflictividad laboral como los que ya han vivido de forma más o menos recurrente durante los últimos años. La infructuosa negociación del convenio de sus monitores de actividades, socorristas, cancheros o técnicos sanitarios, caducado desde diciembre de 2019, apunta a una inminente convocatoria de huelga en los centros cívicos, piscinas o frontones de la ciudad.
Huelga sobre la mesa. De no mediar durante estos próximos días un acuerdo satisfactorio entre la parte social y la patronal, representada por las empresas Disport Eki y Aiteko, el paro tendrá lugar entre el martes 10 y el sábado 14 de este mayo. La siguiente y quizá última oportunidad para que las partes reconduzcan la situación será este próximo miércoles en una nueva reunión en el Preco, el Consejo vasco de Relaciones Laborales.
Reivindicaciones principales. Las principales demandas de la plantilla pasan por los incrementos salariales –los trabajadores suman ya dos años de congelación–, la reducción de las jornadas para todos los grupos con un horizonte de 35 horas semanales, un plus de antigüedad o complementos de incapacidad temporal al 100%.
Las frases
Imanol González "Empezamos a negociar antes de la pandemia, hemos llegado a abril de 2022 y estamos así. No se avanza nada"
Sindicato ELA
Bittor Gonzalez "Hemos tenido mucha paciencia y las plantillas ya no ven otro camino. No es plato de buen gusto, pero no ven otra solución"
Sindicato LAB
En cifras
20%
Cálculo que han realizado los sindicatos del poder adquisitivo que las plantillas perderían de aceptar ahora las ofertas que han puesto sobre la mesa las empresas. Algo más del 10% desde 2010 y un 11,6% a partir de ahora.
2023
Es el horizonte temporal al que mira el convenio que las partes han estado negociando desde 2020, poco antes de la pandemia.
Conflictividad. El sector que engloba a monitores, socorristas, cancheros o encargados de los controles de acceso a las instalaciones municipales de Gasteiz arrastra una historia reciente de conflictividad laboral que está a punto de reproducirse ahora. Y por cuarta vez en lo que va de siglo, cuando la negociación de un nuevo convenio ha estado sobre la mesa. Sucedió con los acuerdos de condiciones laborales 2005-2008, 2013-2014 y 2017-2019, que finalmente fueron suscritos por patronal y sindicatos tras la convocatoria de diferentes huelgas. El último precedente data de julio de 2017, cuando las piscinas municipales de Gamarra y Mendizorroza y el resto de instalaciones deportivas de la ciudad se vieron afectadas por una huelga que se extendió durante cinco días. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo satisfactorio en el que también se produjo la mediación del Ayuntamiento.