Las Juntas de Gipuzkoa consideran que exigir a un empleado público el conocimiento del euskera no es discriminatorio

Las Juntas Generales de Gipuzkoa consideran que exigir a un empleado público el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la CAV no es discriminatorio. La Cámara de Miramon ha hecho pública esta resolución después de que PNV y EH Bildu hayan acordado un texto mediante el cual defienden el uso del euskera en la Administración.

Ambas formaciones han acordado esta resolución después de que a comienzos de este mes se conociera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la que se recogía que pedir el euskera en un trabajo público, en este caso en la Fundación Uliazpi, vulnera el derecho de quienes no cumplan con el perfil lingüítstico. Concretamente, la sentencia, firmada por el juez Luis Javier Murgotio, argumenta que el Plan de Normalización del Euskera no puede ir por delante de "los derechos básicos" y que el hecho de que el euskera sea un condicionante en este caso vulnera el derecho a acceder a un trabajo público para quienes no acrediten el perfil lingüístico.

Ante esta situación, las Juntas han instado este lunes a la Diputación de Gipuzkoa a "mantener su compromiso de salvaguardar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y usuarios" en cumplimiento de la Ley de la Función Pública Vasca, defendiendo que "era y es necesaria la inclusión de los perfiles lingüísticos asignados a cada puesto de trabajo y, en su caso, su fecha de preceptividad, en la relación de puestos de trabajo".

Asimismo, han solicitado a la institución foral que defienda "los derechos lingüísticos de los ciudadanos y usuarios hasta el final, acudiendo a los tribunales e interponiendo los recursos necesarios para mantener la convocatoria para la provisión de 34 plazas de cuidados de la Fundación Uliazpi", así como hacerlo en otras convocatorias de empleo público en las que se dicten sentencias judiciales similares.

Reclaman que se siga "garantizando que la lengua es un componente necesario en los parámetros de calidad de Uliazpi", y finalmente, piden que se continúe posibilitando, dentro del proceso de normalización del euskera, "el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en Gipuzkoa, cumpliendo con las obligaciones de la Administración pública, para la construcción de la equidad y la igualdad en la sociedad a través de la capacidad de decisión y el consenso político y social de las últimas décadas.

Garantizar los derechos lingüísticos de todos

La juntera del PNV Saioa Bandres ha considerado que "los empleados públicos están al servicio de la ciudadanía, a la que deben atender, entre otros aspectos, en el idioma que ellos y ellas elijan. Solo así se garantiza la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía". "La población euskaldun tiene todo el derecho a hablar en euskera con todos los servidores públicos y en todos los ámbitos administrativos", ha proseguido.

De igual forma, la representante jeltzale ha lamentado que el euskera necesita "la defensa más absoluta ante los ataques que viene sufriendo, tanto desde el poder judicial, como por parte de algunos grupos políticos que, con su voto y la actitud mostrada hoy, rompen claramente el consenso en torno a la normalización lingüística".

Bandres ha dirigido así sus críticas a Podemos y PSE, que han votado en contra del texto finalmente aprobado (el juntero del PP no ha asistido a la comisión). La formación morada había presentado una enmienda a la totalidad en la que incluía algunas cuestiones como incluir perfiles lingüísticos conforme a los índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento o impulsar el reconocimiento oficial de los perfiles asimétricos de la acreditación diferenciada de las cuatro competencias lingüísticas, adaptando los requisitos en aquellos puestos que solo requieren competencias orales y valorar como mérito las competencias de comprensión. Este texto no ha recibido apoyos.