El caso del cartel de consultoras ha vuelto a protagonizar el debate del pleno de Juntas Generales de Bizkaia de este miércoles en Gernika. Las dos mociones de Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu que pidieron la constitución de una comisión de investigación para determinar la implicación de la Diputación Foral de Bizkaia en este caso fueron rechazadas con los votos de los grupos junteros que apoyan al ejecutivo, PNV y PSE.
Ambos han negado su necesidad por la investigación ya realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sus portavoces han coincidido en que "si hubiera habido connivencia por parte de las instituciones, la Comisión lo hubiera llevado a la Justicia ordinaria". Han asegurado que "el ilícito lo han cometido las empresas investigadas no la Diputación".
Como es conocido este organismo estatal ha impuesto una multa de 6,3 millones a 22 consultoras e ingenierías por repartirse contratos públicos durante al menos 10 años. La investigación comenzó en Euskadi pero la Autoridad Vasca de la Competencia remitió al caso a la entidad estatal al comprobar que podía extenderse a otras comunidades autónomas.
Finalmente la CNMC concluyó que las citadas consultoras habían manipulado licitaciones durante años y que en la zona norte esas irregularidades afectaban al menos a 101 contratos públicos, algunos relacionados con los ayuntamientos de Bilbao y Gasteiz, el Gobierno vasco y con la Diputación de Bizkaia.
Esta mañana las posturas de todos los grupos se han mantenido con los mismos argumentos, curiosamente utilizando el mismo informe de la CNMC cogiendo cada portavoz las partes que defendían sus tesis. Desde los grupos de la oposición cargaron las tintas con la actuación de la Diputación acusándola de que ha habido connivencia foral con las empresas consultoras sancionadas y que ha habido irregularidades en los contratos.
Desde los partidos que apoyan el ejecutivo defendieron que el informe no recoge acusación directa a las administraciones en general ni a la Diputación en particular. Desde el PNV, su portavoz, Mikel Bagan, ha mostrado "la preocupación" de su grupo por este tema y desestimó una de la peticiones de la oposición de suspender cualquier contrato actual que se tenga con las consultoras sancionadas. El jeltzale aseguró que es inviable "hasta que la Junta Consultiva de Contratación del Estado no determine el periodo de prohibición", algo que todavía no ha ocurrido.
José Alberto Álvarez, del PSE, destacó que la resolución de la CNMC, recoge expresamente que las firmas investigadas realizaban "un proceso de ocultamiento a las administraciones" y que en caso de que se hubieran determinado acciones punibles por parte de las administraciones "la Comisión lo hubiera llevado a la Justicia ordinaria". Álvarez también ha defendido la honestidad y profesionalidad de los funcionarios forales puesto en duda por los grupos de la oposición y ha asegurado que "no vamos a compartir esas sombras sobre ellos".