Las multas por beber alcohol u orinar en la calle podrían sustituirse por trabajos sociales

El Pleno del Senado de esta semana abordará una iniciativa de ERC en la que propone que las sanciones por infracciones de ordenanzas locales, como beber alcohol u orinar en la vía pública o alterar el descanso vecinal, entre otros, se puedan sustituir total o parcialmente por trabajos sociales en vez de multas.

Se trata de una proposición de ley con la que ERC pretende modificar la ley de bases del régimen local en los apartados que tiene que ver con las sanciones económicas por las infracciones que cometan los ciudadanos y que competan a las entidades locales.

En concreto, los republicanos pretenden darle potestad a las entidades locales para que las infracciones previstas en el artículo 139 de la Ley de bases del régimen local no solo se sancionen con multas económicas, sino que también puedan sustituirse por trabajos sociales.

Multas de hasta 3.000 euros

Estas infracciones en el artículo 139 son las ordenanzas municipales relativas a las relaciones de convivencia y al uso de los servicios locales, de los equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos del municipio.

Eso sí, la ley de bases de régimen local recoge que las multas por estas infracciones pueden ser de hasta 3.000 euros en el caso de las muy graves, de hasta 1.500 euros para las graves y de hasta 750 euros para las leves, aunque la definición de estas infracciones corresponde a cada entidad local en su ordenanza municipal.

Con carácter retroactivo

En cualquier caso, la propuesta de ERC, que consta de dos puntos, precisa que estas medidas alternativas de trabajos sociales también pueden ser acordadas con posterioridad a la imposición de la sanción y con el efecto de la suspensión total o parcial de la sanción.

Y sería en el caso de que la persona no cumpliera con los trabajos sociales impuestos cuando se aplicaría la sanción económica correspondiente, según el planteamiento de ERC.

Estas medidas alternativas, explica la iniciativa de ERC, que consistirían concretamente en servicios a la comunidad o en actividades socioeducativas o de carácter cívico orientadas a la mejora de la convivencia y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras e instalaciones y espacios públicos.

Puerta abierta

En su exposición de motivos, ERC esgrime que "no deja de ser significativo" que, en el marco de la legislación orgánica en materia de seguridad ciudadana, el legislador haya abierto la puerta a una forma posible de medidas alternativas a la sanción económica.

En concreto, se refieren a la Disposición adicional quinta de la ley Mordaza según la cual "las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse siempre que, a solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquellos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación".

"Sin ningún tipo de duda, los tratamientos de rehabilitación, si se precisan, o las actividades de reeducación, son mucho más efectivos que las multas", defiende ERC.