"Las necesidades de la sociedad se han resuelto con los cuerpos de las empleadas de hogar"

Cuidados y precariedad en sectores feminizados. Dos temas muy presentes en la jornada del 8 de marzo cada año y que conectan directamente con el empleo del hogar, su mayor exponente. En los últimos años se han dado avances legislativos para dotar de derechos a un colectivo que hasta hace poco no tenía ninguno, sin embargo, la realidad muestra que siguen siendo todavía insuficientes. Irregularidad, desprotección, jornadas abusivas y sueldos precarios siguen primando en un sector donde el salario mínimo es la norma, como si en su caso, en vez de la base, sea el máximo al que pueden aspirar.

En la lucha por dignificar el sector, los agentes sociales en Euskadi proponen varias fórmulas, que reflejan la complejidad de regular un trabajo cada vez más necesario en sociedades envejecidas como la nuestra y que requiere de la implicación institucional. Para Isabel Otxoa, activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar-Etxeko Langileen Elkartea (ATH-ELE), hay dos prioridades: "Realizar cambios legales para equiparar derechos con el resto de sectores y tomar medidas reales para que los derechos ya reconocidos y por reconocer sean efectivos".

Sobre los cambios que deberían acometerse, enumera varios: subir de los actuales 12 días a 20 días por año el despido objetivo; indemnizar con 20 días por año el cese por muerte de la persona empleadora; jornada laboral de 40 horas o las que lleguen a aprobarse con la reducción de jornada en proyecto para el resto de sectores; concreción y fijación del tiempo de acompañamiento nocturno; control de la jornada con medios fiables; control de las condiciones laborales por parte de la Inspección de Trabajo y cotización por salarios reales. "Esto último debía haberse implementado en enero de 2019 y se aplaza todos los años. Hay mucha gente que trabaja dos y tres horas semanales, no llega a los 130 euros al mes pero tienen que cotizarle sobre 296 euros, que es el mínimo este año. Es uno de los motivos por los que no están de alta en la Seguridad Social", explica Otxoa.

Sobre las medidas ya adoptadas, la asesora de ATH-ELE comienza por el derecho al paro, del que han estado excluidas hasta octubre de 2022. "La sentencia del TJUE obligó a reconocer la prestación de desempleo en el sector, declarando discriminatoria la exclusión, pero no se está cumpliendo porque las prestaciones solo se reconocen en función del tiempo cotizado a partir del 1 de octubre de 2022, que es cuando se pudo cotizar para el paro. Todos los tribunales dan la razón a las trabajadoras, pero el SEPE sigue recortando el derecho, aprovechando el desconocimiento de muchas de ellas sobre la posibilidad de reclamar la prestación entera y ganar el juicio", denuncia.

Otxoa también reclama a Inspección de Trabajo tanto el control de los contratos de trabajo, porque asegura que "casi en su totalidad están falseados, no declaran las verdaderas jornadas ni en cuanto al número de horas ni a su distribución", como el control de las agencias de colocación, verificando la legalidad de los contratos en los que intermedian.

Convenio colectivo

Pero además de la ampliación de derechos, los sindicatos plantean también la inclusión del sector en un convenio colectivo. Un estudio interno del Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) concluyó hace dos años que el 78% de las personas trabajadoras en las actividades no reguladas (es decir, no cubiertas por convenio) eran mujeres y esto se debe a que la mayoría de ellas son empleadas del hogar. Ante esta situación, ELA aboga por extender a estas trabajadoras un convenio ya existente. “El art. 92.2 del Estatuto de los Trabajadores recoge que, en caso de ausencia de partes legitimadas para negociar en un convenio, se extenderán los efectos de otro convenio vigente a dicho sector. Creemos que es la opción más realista y eficiente para las trabajadoras, es decir, el encuadre de este colectivo en otro convenio cuyo ámbito de aplicación tiene características parecidas”, expone Leire Gallego, responsable de políticas de género de ELA.

"¿Qué diferencia hay entre una empleada de servicio a domicilio que hace labores de cuidado y limpieza a una empleada de hogar? Además, de esa forma, estas trabajadoras pueden organizarse sindicalmente con el resto a la hora de negociar el convenio colectivo sectorial. Al contrario, si tuviesen que pelear por un convenio propio resultaría mucho más complicado, ya que es un sector completamente atomizado y con una alta precariedad, sin posibilidad de organizarse mediante elecciones sindicales", opina.

La del convenio colectivo propio es una reclamación de LAB. "Van resolviendo asuntos con mejoras de manera tardía que luego no refuerzan. Simplemente no le dan el cuerpo legal que deberían tener, es insuficiente", se queja Mariana Urcuyo, responsable de la sección de trabajadoras del hogar del sindicato. Es por ello que reclama la negociación de un convenio colectivo propio para el sector. De hecho, tras una demanda de LAB, el Tribunal Supremo tiene que emitir una sentencia que reconozca el derecho o no a esa negociación. Y es que el sector tiene peculiaridades y se debe establecer primero quién representa a la parte empleadora, que en este caso son familias y personas particulares, no empresas.

"Por la parte de las trabajadoras de hogar, las representantes serían las compañeras que estamos desde la organización sindical y las compañeras desde las organizaciones sociales. Y, por la parte empleadora, igual esa figura la tiene que crear el Ministerio (de Trabajo y Seguridad Social). Así como tienen agencias de contratación, como han creado plataformas de cuidados, así también debería de existir y de crearse una plataforma de empleadores que puedan responder a esta negociación", apunta Urcuyo.

La responsable de LAB reconoce la dificultad añadida de que sean personas particulares las empleadoras y es por ello que reclama la implicación del Estado. "Aquí hay una cadena. Las instituciones no proveen de recursos a las familias que tienen necesidades de cuidados, y obviamente los empleadores, quiero pensar que por falta de recursos o falta de información, no terminan de reconocer los derechos de las trabajadoras de hogar. Y todo se ha resuelto con los cuerpos de las trabajadoras de hogar, cuando a quien deberíamos exigir es a quien ha creado esas condiciones precarias de trabajo, al Estado", expone.

Mujeres migradas

Pero además de avanzar en derechos o de abrir negociaciones colectivas, no hay que olvidar que una parte de las empleadas del hogar sigue trabando en situación administrativa irregular. Según Otxoa, son más de una cuarta parte de las trabajadoras. "Hay mucha gente que pasa años trabajando sin permiso de trabajo; superan con creces los tres años que les permitiría la regularización por arraigo presentando en Extranjería una oferta de trabajo. La próxima reforma va a reducir ese periodo a dos años, pero de nada valdrá si la parte empleadora sigue pudiendo despedir impunemente a quien pasado ese plazo le pide la oferta. Ese comportamiento tendría que tener una sanción específica", sostiene.

"Por no hablar de que bastantes internas están pagando mensualmente por el padrón en otra casa donde no viven (de 50 a más de 100 euros al mes) y esto es porque los empleadores se niegan a empadronarlas", apunta. Razón por la cual pide un padrón social para las empleadas del hogar, "porque la vía de que ellas acudan unilateralmente a empadronarse supone una denuncia a los empleadores y pérdida del empleo".