El cambio climático avanza inexorable y a mayor velocidad de la que quisiéramos. En cualquier caso, más rápidamente de lo que tardan en actuar que los diversos gobierno e instituciones internacionales que tendrían facultad para atajar sus nefastas consecuencias corto, medio y largo plazo.
El último paso lo acaba de dar la Unión Europea con la aprobación de las nuevas normas de eficiencia energética para las viviendas, una directiva que modificará las casas para hacerlas más sostenibles y ecológicas, y menos contaminantes.
En concreto ha sido el pleno del Parlamento Europeo el que ha aprobado por amplia mayoría imponer a partir de 2030 el objetivo de cero emisiones a todos los edificios de nueva construcción, un reto de neutralidad en emisiones que se exigirá al conjunto del parque inmobiliario en 2050. La medida también da el golpe de gracia a las subvenciones a la instalación de calderas de gas y gasóleo y obliga a España y al resto de los Estados miembros a diseñar un ambicioso plan de rehabilitación.
Reducir la factura de energía, el impacto medioambiental y combatir el cambio climático es el objetivo de los Veintisiete.
Este plan, que ya fue acordado por la Eurocámara y los Veintisiete en diciembre de 2023, pretende reducir progresivamente el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la construcción hasta hacerlo climáticamente neutro en 2050. El texto todavía debe ser formalmente refrendado por el Consejo Europeo (el Gobierno de la UE) antes de convertirse en ley. El objetivo de la Unión Europea es reducir el consumo en los edificios de viviendas en un 16% hasta 2030 y llegar al 20%o 22% en 2035.
Los nuevos edificios ocupados o propiedad de autoridades públicas deberán tener cero emisiones a partir de 2028 y, al realizar los cálculos, los Estados miembro tendrán en cuenta el potencial de calentamiento global del ciclo de vida de un edificio, incluida la producción y eliminación de los productos de construcción utilizados.
Para ello, los Veintisiete y la Eurocámara acordaron una hoja de ruta que obligará a los Estados miembro a contar con planes nacionales para reducir el uso de energía primaria de los edificios residenciales en un 16% a más tardar en 2030 y en un 20%-22% para 2035.
Si resulta técnica y económicamente adecuado, los Estados también deberán implementar instalaciones solares progresivamente en edificios públicos y no residenciales, dependiendo de su tamaño, y en todos los edificios residenciales nuevos a partir de 2030.
Este ambicioso programa supone que en España muchos de sus edificios deberán acometer reformas a corto y medio plazo para adecuarse a la nueva normativa.
Para empezar, los Estados deben definir planes concretos para descarbonizar los sistemas de calefacción, con vistas a eliminar gradualmente los combustibles fósiles en calefacción y refrigeración en 2040, mientras que las subvenciones a las calderas independientes de combustibles fósiles estarán prohibidas a partir de 2025, indica Europa Press.
Los incentivos financieros seguirán siendo posibles para sistemas de calefacción híbridos que utilicen una parte considerable de energía renovable, como los que combinan una caldera con una instalación solar térmica o una bomba de calor.
Bruselas se había marcado el objetivo de que todas las viviendas tuvieran calificación energética E o superior (en la escala de siete letras A es la de mayor eficacia y G la de menos) en 2030 pero la realidad es que solo deberán consideración las que salgan al mercado inmobiliario a partir de esa fecha.
España tiene ocho de cada diez casas calificadas entre las tres peores letras, y este parque inmobiliario es el más afectado por la nueva norma y las que van a tener que realizar importantes reformas para adecuarse a la nueva legislación.
Algunos expertos calculan que unas 17 millones de viviendas no tiene aislamiento térmico adecuado u otras deficiencias y necesitarían acometer reformas para adecuarse a las normas.
Las comunidades de vecinos, las viviendas unifamiliares, administradores de fincas, empresas de rehabilitación y constructoras deberán ponerse las pilas a partir de ahora para eliminar las calderas de gasóleo y gas y para rehabilitar los edificios para que sean más sostenibles y eficaces energéticamente.
Y teniendo en cuenta que no es un gasto sino una inversión, por la que recibirán subvenciones, para vivir más cómodos, gastar menos en energía y ser más respetuosos con el medio ambiente.