Las okupaciones no aflojan en pandemia

Ni siquiera el estricto confinamiento de 2020 fue capaz de desinflar la burbuja de la okupación de viviendas, segundas residencias en su mayoría. Y a tenor de las estadísticas, el fenómeno -y delito- de entrar ilegalmente a un piso vacío o desocupado con la intención de quedarse a vivir es tan contagioso como el SARS-CoV-2. En Euskadi, por ejemplo, se ha pasado de las 103 denunciadas el año 2015 a las 202 registradas solo entre enero y septiembre de 2021.

Las denuncias han sido una constante en este tiempo y algunos episodios han sido abordados en los medios de comunicación porque las personas propietarias afectadas eran de edad avanzada. Ahí están los casos de Trapagaran, Portugalete,... En todos ellos la respuesta popular ciudadana fue clave para denunciar públicamente los hechos y, de paso, poner de manifiesto la impunidad con que muchas veces actúan los delincuentes cuando ocupan una casa.

Pocos días antes de despedir 2021, hubo dos detenidos en el populoso barrio bilbaino de Santutxu acusados de allanamiento de morada y de cambiar la cerradura aprovechando que el propietario de la vivienda estaba ingresado en un hospital. También tuvo mucha repercusión, fuera incluso de Bizkaia, el caso de Vitori que, a sus 94 años, se quedó sin su casa de toda la vida en la urbanización El Progreso, en Repelega (Portugalete), porque dos mujeres la habían ocupado ilegalmente. La señora había ido a pasar unos días al piso de su hermana a Barakaldo y cuando volvió a casa para coger algo de ropa no pudo hacerlo porque la llave no coincidía.

La movilización ciudadana y la presión social volvieron a ser suficientes para que las okupas cambiaran de vivienda. Lo mismo que en Trapagaran a mediados del pasado año cuando varias familias se asentaron en la vivienda de Jesús, de 85 años, mientras estaba en casa de una hija en Sopela recuperándose de una operación. Y el mismo camino llevó otra familia de okupas que, esta vez, le echaron el ojo a un pisito en el centro de Bilbao, en Alameda Rekalde concretamente, cuando los propietarios estaban de escapada en su segunda residencia en Plentzia.

Las Karreras, Güeñes o Muskiz -y más recientemente Zalla- son otros de los lugares donde el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas se ha dejado notar, y de qué manera, durante este año y pico de pandemia. Así lo creen también los profesionales -estos sí- que por su trabajo conocen de primera mano este tipo de hechos delictivos. Desde la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES) recuerdan que aquellos meses de la primavera de 2020, los del confinamiento, las restricciones de movilidad y los cierres perimetrales, ocurrió un fenómeno curioso cuando menos.

"Descendieron todo tipo de delitos en España menos dos: el robo con violencia en segundas residencias, que aumentó cerca de un 10% con respecto al mismo periodo de 2019, y la okupación ilegal de viviendas que, oficialmente se cifró en el 5%, pero que los cerrajeros de seguridad manifestamos que únicamente representaba la mitad de los casos que realmente existen debido a que hay numerosos inmuebles ocupados que no son objeto de denuncia y que son más del doble de los que sí se denuncian".

Las palabras para DEIA son de José Luis García de Vicuña -presidente de UCES- y evidencian una realidad a la que el Ministerio del Interior ha puesto cifras. Entre enero y septiembre de 2021 se tramitaron 202 denuncias en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), lo que supone un incremento del 16,1% con respecto al mismo periodo. Y el carrerón que ha experimentado esta práctica ilegal y fraudulenta de acceder a una vivienda ha sido espectacular desde 2015. Las estadísticas hablan de 103 casos denunciados durante todo ese ejercicio en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca; al año siguiente ya fueron algunas más: 122 en concreto; y en 2017 otra vez se incrementó la cifra hasta las 156. La barrera de los doscientos casos se rompió en 2018 con 204 expedientes, pero es que al año siguiente ya eran 213€

Muchos otros casos han pasado desapercibidos para los medios de comunicación y la opinión pública o incluso ni siquiera han sido denunciados porque los dueños, que llegaron a un acuerdo económico con los inquilinos ilegales. También se cuentan episodios en los que la prevención y solidaridad vecinal impidieron la okupación de algún piso como ocurrió a finales del mes de noviembre de 2021 en Barakaldo; por dos ocasiones además. El inmueble fue tapiado por la Guardia Urbana para evitar males mayores. La Policía de Muskiz también se tuvo que emplear en octubre de ese 2021 para abortar el intento de okupación de una casa de la que habían sido desalojados.

Ni siquiera la intervención judicial y una orden de alejamiento contra ellos fue suficiente para que desistieran. "Echarlos de mi casa me ha supuesto más de mil doscientos euros en gastos judiciales", relataba a DEIA Maritxu Bilbao, la dueña del piso, por aquellas fechas. La sucesión casi diaria de estos episodios y su notificación pública ha generado una alarma social lógica entre personas con segundas viviendas.

Muchas de ellas ni siquiera habían contemplado la posibilidad de instalar algún sistema de seguridad en esas casas. Sin embargo, las cerraduras más resistentes, las alarmas conectadas y las mirillas electrónicas se han convertido en elementos básicos del hogar. Estas últimas sobre todo porque permiten tener visión directa en cualquier dispositivo movil de todo cuanto ocurre al otro lado de la puerta.