Sin prisas pero sin dejarlo por toda la eternidad en el cajón, el PNV quiere reactivar el debate del nuevo estatus de autogobierno en otoño, y va a sondear las opciones de hacerlo de manera acordada con algún grupo. Como cabía esperar, no será una tarea sencilla porque las posiciones siguen sin moverse en otras bancadas. La fotografía no ha experimentado cambios desde que los juristas designados por PNV, Elkarrekin Podemos-IU y PSE en el Parlamento Vasco alcanzaron un acuerdo parcial, con una amplísima coincidencia en materia social pero con un desencuentro importante sobre el derecho a decidir, que no comparten los socialistas. Aunque el PSE admite que la coincidencia es del 80 u 85% en el resto de materias, el desencuentro sobre el derecho a decidir condiciona su posición y, además, las fuentes consultadas por DEIA en la Ejecutiva de Idoia Mendia anticipan que sus prioridades son otras que no pasan por reactivar el estatus en otoño, sino por gestionar la pandemia y centrarse en la transferencia de las competencias que recoge el Estatuto actual.
EH Bildu se desmarcó en 2019 con el texto de su propio jurista, Iñigo Urrutia, y desde entonces se ha decantado por una estrategia de presión al PNV. Se ha presentado como el único garante del acuerdo de bases que alcanzaron en los primeros compases con los jeltzales, frente a la apuesta del PNV por ensanchar los consensos para superar en el futuro el trámite del Congreso de los Diputados. Ayer mismo, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, pidió abordar el debate "más allá" de lo que permite el ordenamiento jurídico. Es una posición de máximos que abocaría al choque institucional. El PNV no quiere volver a escenarios de frustración o al rechazo que sufrió el Estatuto Político de Ibarretxe, que ni siquiera se debatió en el Congreso.
El presidente de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, plantea un ejercicio pragmático, un ejercicio gradual que ponga ahora el foco en tres ejes: el reconocimiento nacional de Euskadi, la bilateralidad con el Estado, y un sistema de garantías para que Madrid respete lo pactado y no vulnere el autogobierno. Ortuzar sondeará en septiembre las opciones de registrar una proposición de ley con uno o dos partidos, y no descarta que lo haga el PNV en solitario si no hay opciones de entendimiento, como adelantó en este periódico en abril.
Fuentes del PSE consultadas por este periódico insisten en que, aunque el coronavirus se haya estabilizado, la pandemia sigue siendo su prioridad, al igual que otras cuestiones que orbitan a su alrededor, como la recuperación económica y el empleo; y añaden que, en materia de autogobierno, se inclinan por poner en valor "el buen momento" y los "avances" en relación con las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika. Además, creen que por ahora no hay ninguna modificación en las posiciones de los partidos y, por lo tanto, parece "alejada" la opción de alcanzar un acuerdo. "Sigue el mismo obstáculo que en la legislatura pasada", aseguran, en referencia implícita al derecho a decidir, o a las dudas que tiene el PSE de que se pueda cambiar la relación con el Estado sin una reforma constitucional previa. Idoia Mendia se reunirá el jueves con el grupo parlamentario, y se referirá a estas cuestiones. No anticipan, no obstante, si se sumarían al registro de una proposición de ley con el PNV, a la espera de conocer lo que se plantea. En cualquier caso, recuerdan que su pacto de gobierno les dejaba libertad en materia de autogobierno, y que está garantizado que, pase lo que pase con este debate, el Ejecutivo de coalición tiene un programa de acción que seguirá cumpliendo.
Esta es la posición del PSE en este momento, aunque el contexto en el Estado podría abrir nuevas oportunidades: el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, quiere abordar un nuevo proyecto de país para mejorar el encaje de Catalunya en el Estado, y está por ver cómo lo concreta. El propio Sánchez habla de "gradualismo", aunque por ahora solo cita de manera genérica las mejoras en las infraestructuras y el autogobierno.
EH BILDU
Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, compareció ayer lunes tras la Mesa Política de la coalición en Donostia para abordar las elecciones en Iparralde. Lanzó reflexiones sobre el modelo territorial para plantear un "debate soberano, en nuestro país", "sin injerencias" y "más allá de ordenamientos jurídicos". Es decir, plantea que los vascos "seamos capaces de hacer el debate sobre qué necesitamos para hacer frente a lo que se nos viene encima; poner encima de la mesano lo que los ordenamientos jurídicos permiten, sino lo que necesitamos". Además, planteó un "debate nacional", no solo en los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, sino en Nafarroa e Iparralde, y que sea "un debate participativo, no únicamente en las instituciones". Planteó que concluya con"una consulta popular que avale que el proyecto que se lleve a negociación con el Estado cuenta con el aval mayoritario" del país. Recuerda a la consulta habilitante que propuso el PNV antes de ir al Congreso, aunque recuerda también a la socialización del estatus con la que presionó Bildu antes de que estallase el virus y truncara cualquier iniciativa. Quiere que el PNV se retrate ahora.
Los juristas Mikel Legarda (PNV), Alberto López Basaguren (PSE) y Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos-IU) plantearon, entre otros puntos, una comisión mixta de relación bilateral con el Estado que se reuniría a petición de cualquiera de las partes antes de aprobar la legislación española (era la Comisión del Concierto Político para el PNV). Discreparon en el derecho a decidir, que sí plantearon Legarda y Elizondo, cada uno con sus matices. Bildu opinó que lo habían reducido a un apéndice, y defendió el texto de Urrutia, un modelo confederal y una comunidad estatal vasca.
Podemos. Elkarrekin Podemos-IU planteó en 2019, al igual que el PNV, el derecho a decidir, aunque la redacción de su jurista Arantxa Elizondo lo plantea con algunas cautelas y no lo cita de manera expresa, sino como derecho de la ciudadanía a "expresar" su voluntad sobre su futuro. Ahora Podemos también defiende la necesidad de abordar un debate plurinacional por boca de su máxima dirigente en Euskadi, Pilar Garrido, aunque su prioridad la pone en los articulados sobre cuestiones sociales.
el proceso
el debate de los juristas
Acuerdo a tres con matices. Los juristas designados por el PNV (Mikel Legarda), el PSE (Alberto López Basaguren) y Elkarrekin Podemos-IU (Arantxa Elizondo) alcanzaron un acuerdo en la anterior legislatura sobre un amplio contenido social, y también acuerdos parciales sobre el mecanismo de relación bilateral con el Estado, que para el PNV se llama Comisión Mixta del Concierto Político, pero para los socialistas y Podemos es una comisión de cooperación. No obstante, coinciden en que se reúna con carácter previo a la aprobación de legislación estatal para asegurarse de que no vulnere competencias vascas. Sus acuerdos serían vinculantes. Además, el PNV llevó a la disposición adicional segunda el derecho a decidir pactado con el Estado, como plena realización de los derechos históricos. Elizondo planteó el derecho de los vascos a "expresar" su voluntad, y Basaguren discrepó con estas formulaciones. Bildu atribuye la competencia a la CAV para desarrollar consultas y referendos. El PP no ve oportuno el debate.
"Hay que poner sobre la mesa lo que necesitamos, no lo que permiten los ordenamientos jurídicos"
Arnaldo Otegi
Coordinador de EH Bildu