El Gobierno vasco ha depositado ya en el Parlamento los cientos y cientos de páginas del proyecto de Presupuestos para el año que viene. Serán los propios consejeros los que ayuden a digerir sus prioridades en las comparecencias que arrancarán el lunes de la semana que viene en el Parlamento Vasco. Estas son las primeras Cuentas que registra el Ejecutivo de Imanol Pradales y son, por tanto, su carta de presentación en el arranque de la legislatura y en este estreno como lehendakari. Por ahora, un primer vistazo a este proyecto permite localizar partidas relacionadas con la apertura de nuevos centros de atención primaria o modernización de los ya existentes en consonancia con el mensaje de que Osakidetza es un área prioritaria (se mencionan Laudio, Loiola en Donostia, Casco Viejo de Gasteiz; Bolueta en Bilbao; Elgoibar, Bergara, Lazkao y Sondika). Por otro lado, se consignan partidas de 53 millones para las ayudas a la emancipación juvenil Emantzipa, y 33 millones para la línea 5 del metro a Galdakao. También aparece una partida de 92.776.632 euros para la transferencia de exploración de Renfe tras la asunción de la competencia sobre los ferrocarriles de cercanías. Esta cantidad coincide con la que el Gobierno vasco pactó que se descontaría del Cupo que paga anualmente al Estado, pero también acordó que el Gobierno español activaría un plan de inversiones de 400 millones para realizar mejoras en el servicio.
Reorganización de las delegaciones en el exterior
El Gobierno vasco va a aprovechar 2025 para reorganizar la red de delegaciones de Euskadi en el exterior que ya existen. La principal novedad es que la oficina de Madrid, que hasta la fecha no tenía la categoría de delegación, sube de rango y tendrá ahora esa consideración. En el libro presupuestario de Lehendakaritza, se explica que “este año será empleado para revisar y reforzar” la red, para “adaptarse a las nuevas dinámicas internacionales y asegurar la defensa de los intereses vascos en regiones prioritarias”.
“Esto incluye continuar con la expansión y consolidación de las delegaciones existentes en Europa, propiciando la apertura de la delegación de Euskadi en Madrid, y en América, convirtiendo la delegación de Euskadi para EE.UU. en delegación de Euskadi para EE.UU. y Canadá, separando en dos delegaciones propias la delegación de Chile y Colombia, y convirtiendo la delegación de Euskadi para Argentina-Mercosur en la delegación de Euskadi para Argentina y Uruguay”, se explica. Habrá 13,3 millones para acción exterior y 55,7 para cooperación y solidaridad.
Asesores y Cupo al Estado
Como en los años precedentes y sin romper la tendencia continuada al alza, el proyecto vuelve a superar su propio récord con 15.728,2 millones de euros, un 4,7% más que en las Cuentas vigentes, y la sanitaria es la partida más alta. Pero la oposición ha criticado ya, como hizo el PP, que los departamentos de Salud y Seguridad crecen en realidad “menos que la media”. Por otro lado, hizo hincapié en el aumento de altos cargos y asesores, aunque era algo que cabía esperar tras el incremento del número de departamentos a 15, frente a los 11 anteriores. En sentido estricto, los cargos han crecido en menor proporción que los departamentos. Habrá 480 cargos y asesores frente a los 433 que había hasta la fecha, aunque es cierto que es una cifra orientativa porque los departamentos aún están conformando sus equipos. El incremento se refleja en el coste salarial, que subirá un 18% en el bloque de los altos cargos, y un 24% en el de los asesores.
Se prevé pagar al Estado un Cupo de 1.488,9 millones por las competencias no transferidas y por los servicios que presta en suelo vasco, aunque esta cifra siempre es provisional y después se suele ajustar, más aún si la comunidad autónoma acaba asumiendo más competencias, como se prevé que haga antes de que acabe este año. El Cupo base para el quinquenio estaba cifrado en 1.472 millones.
Por otro lado, el sindicato ELA mantiene el pulso con el Gobierno vasco y ha anunciado que va a demandarlo en los tribunales por aprobar este proyecto “sin negociar las condiciones de sus 100.000 trabajadores” e imponiéndolas de manera “unilateral”. Dijo que el Gobierno “debe convocar la Mesa General antes de aprobar” el proyecto.