Las promesas incumplidas de Pedro Sánchez con Euskadi

“Yo voy a echar una mano y voy a ayudar siempre a Euskadi desde el Gobierno de España”. Este mensaje lo lanzó en octubre de 2019 el entonces candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, en un acto de campaña de los socialistas vascos, donde quiso meter la cuchara en el electorado del PNV y presentarse a sí mismo como la garantía de que se cumplan los compromisos con Euskadi, “dependa o no” su gobierno de los votos de los jeltzales. Es decir, iba a cumplir con Euskadi no porque el PNV presione, sino por convencimiento. Este discurso es habitual entre los candidatos estatales cuando salen de Madrid en su caravana electoral y buscan frenar el voto hacia los partidos nacionalistas o más locales, pero la práctica real lo cuestiona.

La experiencia demuestra que la palanca que desbloquea los acuerdos, como ocurre casi siempre en política, es la necesidad de apoyos de los gobiernos en minoría. Como hicieron antes otros presidentes, Sánchez ha cedido cuando necesitaba respaldos en las votaciones, como sucedió con el traspaso del IMV, la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf, o la prórroga de la aportación estatal al descuento del transporte público autonómico. En otros casos, no ha contado con Euskadi (la ha excluido del reparto de los fondos europeos para las carreteras) o no ha dado prioridad a sus reivindicaciones (no ha abierto los archivos para esclarecer episodios traumáticos como la muerte de Mikel Zabalza, y ha adelantado las elecciones en plena negociación con el PNV para blindar el modelo de las cooperativas).

Este adelanto electoral de Sánchez ha contribuido a dejar en el tintero varias demandas vascas, incluso aunque algunas de ellas las había asumido en primera persona, como reformar los secretos oficiales, y otras aparecían por escrito en su acuerdo de investidura con el PNV. Había empeñado su palabra. Si Sánchez vuelve a gobernar, el PNV le exigirá mayores garantías en vista de esta falta de celo.

La legislatura culmina con el calendario de transferencias del Estatuto de Gernika totalmente paralizado durante dos años, y con sus socios molestos tras un constante tira y afloja para hacer que cumpliera los compromisos. Es una sensación generalizada que también padece Catalunya porque, más allá del deshielo que trajeron los indultos y el fin de la judicialización, no se han producido movimientos para resolver el fondo, su problema de encaje en el Estado español. EH Bildu, por su parte, vio cómo el PSOE desmentía el acuerdo para derogar la reforma laboral. Aunque las posiciones del PNV y la izquierda abertzale no se asemejan, sí coinciden en la necesidad de blindar la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales porque las condiciones laborales en Euskadi suelen ser mejores, algo que tampoco quiso abordar la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, con el argumento de que la patronal podía salirse del acuerdo.

“No tendríamos que andar siempre así”. Es la expresión que más han repetido en privado desde el grupo jeltzale en el Congreso en esta legislatura, en referencia al marcaje continuo a Sánchez para que cumpliera lo estipulado en el acuerdo de investidura de diciembre de 2019. Los jeltzales cierran el curso con la satisfacción de haber encauzado el 80% de los compromisos presupuestarios (entre ellos, los referidos al Tren de Alta Velocidad y el acuerdo de encomienda de gestión), pero sin ocultar la ausencia de movimientos en los puntos más políticos. Les da un enganche para denunciar que Sánchez ha dejado escapar una oportunidad clave, una legislatura con mayorías claramente favorables que quizás no se repitan.

Del acuerdo de investidura, compuesto por 12 puntos, el presidente español sí ha cumplido, por ejemplo, lo referido a la apertura de cauces para que el deporte vasco pueda tener representación internacional, a través de una enmienda a la Ley del Deporte que permite competir bajo los colores de la ikurriña a las disciplinas con arraigo histórico y social. Esa percha se puede aplicar a la pelota y el surf y se consiguió en octubre del año pasado, en plena negociación presupuestaria. En ese mismo momento, que era propicio, se pactó la metodología del Cupo hasta 2026 sin introducir cambios en el índice del 6,24% que fija el dinero que debe pagar Euskadi al Estado por los servicios que presta en suelo vasco.

El capítulo de las transferencias avanzó con relativa fluidez en una primera fase por la dependencia por parte de Sánchez de los votos del PNV, la cohabitación de jeltzales y socialistas en el Gobierno vasco, y la línea estratégica del PSOE en el primer tramo del mandato, cuando la confrontación con la derecha española se articulaba haciendo bandera del autogobierno. En los últimos dos años, coincidiendo con un cambio de discurso que pone más el foco en lo social, se ha pasado a la parálisis absoluta.

Una vez aprobado el calendario de traspasos por el propio Consejo de Ministros, Sánchez ha cedido a las instituciones vascas competencias como el seguro escolar, los productos farmacéuticos, las ayudas a la jubilación anticipada en empresas en ERE, transporte por carretera, el código bibliográfico ISSN, el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa y, sobre todo, la histórica transferencia de las prisiones, aunque en este caso puede ser que el presidente español lo planteara también como gesto hacia Bildu en el marco de sus movimientos en materia de política penitenciaria y acercamiento de los presos de ETA.

Sumando otros traspasos anteriores o fuera del calendario, Euskadi ha pasado a gestionar once materias más, pero quedan 27, o una treintena si se cuentan por separado las relativas a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La negociación sobre los trenes de Cercanías, que era determinante para mejorar un servicio lastrado por los retrasos, ha recibido el golpe del adelanto electoral, y también ha quedado en el aire la oportunidad histórica de reunir la Comisión Bilateral de Cooperación para abordar todo el Estatuto pendiente. El traspaso de Tráfico a Nafarroa tardó mucho más de lo esperado y, cuando llegó, Sánchez lo presentó como un acuerdo con Bildu, aunque figuraba en el pacto con el PNV.

MODELO DE ESTADO

El cumplimiento tampoco ha sido riguroso a la hora de informar al PNV con carácter previo de las iniciativas que se vayan a presentar, o llegar a acuerdos con el Gobierno vasco para evitar los recursos ante el Tribunal Constitucional. Ese último punto parecía anticipar una mayor sensibilidad hacia las competencias vascas y no una etapa de recentralización, pero se han sustanciado conflictos contra la Ley Antipandemia vasca, y el Ejecutivo de Urkullu ha visto vulneraciones de competencias en la Ley de Bienestar Animal o las herramientas informáticas estatales que pretenden controlar la concesión de fondos en Euskadi o la contraseña electrónica. 

El debate que permanece cerrado a cal y canto es el problema territorial y el encaje de Euskadi y Catalunya en el Estado. Sánchez se comprometió en el acuerdo con el PNV a impulsar las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, con las modificaciones legales necesarias y atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia, pero no le ha hincado el diente.

En el capítulo referido a impulsar la construcción europea y la participación de Euskadi en Bruselas, queda todo por hacer, y el adelanto electoral decretado por el propio Sánchez amenaza la ventana de oportunidad que se había abierto en ese terreno. Las esperanzas están depositadas en la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea que va a ocupar el Gobierno español hasta que termine el año, pero las elecciones generales dejan en el aire el cumplimiento de los objetivos de esa presidencia e incluso la identidad de quién la ocupará hasta diciembre, Pedro Sánchez o el popular Alberto Núñez Feijóo si hubiera un cambio de gobierno.

El lehendakari pide a Sánchez que ponga en marcha la creación de una macrorregión atlántica para que el oeste europeo no pierda influencia en las conexiones ferroviarias y energéticas, y le pide un asiento propio para Euskadi en los consejos de ministros europeos de fiscalidad, justicia e interior, y competitividad. Ni la existencia de haciendas vascas y de la Ertzaintza han permitido encauzarlo.

El limbo de las cooperativas y los secretos oficiales

Aunque Sánchez ha sacado el silbato para pitar el final del partido, el PNV ha seguido en contacto con los ministerios por si pudiera materializar algún acuerdo más, abriendo así una suerte de tiempo de descuento. El portavoz jeltzale en el Congreso y candidato por Bizkaia, Aitor Esteban, ha arrancado medidas que tenían ya una consignación presupuestaria, como la inversión en el Guggenheim Urdaibai. Lo que el Gobierno español sí ha dejado en el limbo es el blindaje de las cooperativas vascas, que en principio estaba previsto que fuera recogido en la Ley de Economía Social, y que afecta a las cotizaciones que realizan 135.000 personas en Euskadi. Se trataba de blindar por ley que estas personas coticen por los rendimientos de trabajo y no del capital inmobiliario que se utiliza en estas empresas. El PNV dejaba caer que quizás sea una cuestión menor para España, pero no para Euskadi porque afecta a miles y miles de personas. El adelanto de la Ley de Paridad en plena campaña del 28-M aplazó la de Economía Social. El asunto de las cooperativas, además, coleaba desde la modificación del régimen de autonómos y la reforma de las pensiones.

La idea de la desatención vuelve a aflorar con los fondos europeos, donde a Euskadi le ha correspondido menos del 5%, una cifra que parece encajar más con su peso en número de habitantes, es decir, con un criterio poblacional, y no con la calidad de sus proyectos.

Tampoco han visto la luz los secretos oficiales a pesar de la insistencia del PNV (que registró una propuesta de reforma) o de Bildu. La Ley de Información Clasificada que iba a reformar la normativa franquista se ha quedado a medio camino. Siguen sin conocerse los archivos sobre los GAL; la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, donde cinco trabajadores perdieron la vida tras sufrir una carga policial en mitad de una asamblea; la muerte del joven conductor de autobuses Mikel Zabalza tras su detención en el cuartel de Intxaurrondo en 1985 o la de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978; y el atentado de 1980 contra el bar Aldana en Alonsotegi, frecuentado por simpatizantes jeltzales, y donde una bomba segó la vida de cuatro personas sin que se sepa aún qué ocurrió exactamente, aunque se apunta a grupos parapoliciales. No ha habido avances, aunque Sánchez había presumido de transparencia y rendición de cuentas a otros niveles.