Las autoridades peruanas han confirmado el fallecimiento de al menos siete personas a causa de los enfrentamientos entre la Policía del país y los manifestantes en las protestas que se están llevando a cabo en el sur de Perú y en las que se exige la liberación del expresidente Pedro Castillo y la convocatoria de elecciones presidenciales. Además, hay centenares de heridos, muchos de ellos pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
Del total de muertes, seis tuvieron lugar en el Departamento de Apurímac, mientras que otra ocurrió en Arequipa, según informaron las direcciones regionales de salud de ambas regiones en declaraciones recogidas por la emisora RPP. Entre los muertos destacan dos menores de edad, de 15 y 16 años, que habrían perdido la vida en las manifestaciones en las localidades de Andahuaylas y Chincheros, ambas en Apurímac. Asimismo, el Gobierno Regional de Apurímac detalló que en la jornada del lunes se tuvo constancia de 28 personas heridas.
Por su parte, la gerencia regional de Salud de Arequipa informó de que 26 personas resultaron heridas durante las protestas, de las cuales 16 son hombres y ocho son mujeres.
A los civiles se suman hasta 119 policías heridos en todo el país, entre los cuales uno permanece herido de gravedad y seis estuvieron secuestrados durante varias horas, según detalló un funcionario policial a RPP.
Asimismo, quince policías resultaron heridos tras ser atacados con artefactos pirotécnicos y con explosivos durante un enfrentamiento en Andahuaylas, en Apurímac, según informó la Policía Nacional de Perú.
Por otro lado, un día después de que la presidenta Diana Boluarte anunciara la declaración del estado de emergencia en el sur del país por las protestas, el Ejecutivo detalló ayer que la medida tendrá una duración de 60 días. Este estado de emergencia se mantendrá por algo más de dos meses en los departamentos de Ica, Arequipa y Apurímac, según informó la agencia Andina.
Alegato del expresidente
Por su parte, el expresidente peruano Pedro Castillo afirmó ayer que está “injusta y arbitrariamente detenido” y pidió a las fuerzas de seguridad de su país que “depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, durante una audiencia ante el Tribunal Supremo.
Castillo publicó el pasado lunes una carta desde su centro de detención en la que aseguró que considera estar “secuestrado” y tachó de “usurpadora” a Boluarte.
La Defensoría del Pueblo señaló que Castillo “recibe un trato adecuado, conforme a lo regulado en el ordenamiento jurídico, no evidenciándose vulneración a sus derechos como una persona detenida”. También aseguró que ha recibido 139 visitas de sus familiares, congresistas, dirigentes sociales, abogados y amigos y no ha informado padecer enfermedad alguna, salvo la utilización de un audífono medicado.
Castillo está detenido en el penal de Diroes, en el distrito de Ate, donde también cumple una condena a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori.