Ya no hay marcha atrás y esta vez no ha habido largas por parte del Gobierno español. Dos de las reformas acordadas con el PNV dentro del pacto para la investidura de Pedro Sánchez, la dirigida a que los convenios laborales de nivel autonómico tengan prioridad sobre los estatales y la dirigida a permitir la desanexión de Usansolo, han pasado directamente este miércoles al Boletín Oficial del Estado, tan solo unas horas después de su aprobación el martes en Consejo de Ministros. Al recogerse en sendos decretos ley, la entrada en vigor será prácticamente inmediata: ambos textos especifican que estas medidas en concreto comenzarán a tener efectos este jueves, un día después de la publicación en el BOE. Algunas otras actuaciones previstas en este decreto y que no guardan relación con estos acuerdos firmados con el PNV lo harán más adelante.
Estas dos reformas recogidas en los decretos entran en vigor de manera automática, aunque dentro de un mes debe convalidarlos o tumbarlos el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, estas dos medidas no se recogen en solitario en sus decretos, sino que van en un paquete acompañadas de otras. En el caso de los convenios, se introducen en el decreto de los subsidios y los permisos de lactancia, lo que facilita su aprobación sin sorpresas por parte del resto de los partidos para que no caigan esas otras ayudas. Siempre podría suceder que se solicitara la tramitación como proyecto de ley con posibilidad de añadir enmiendas, pero ya quedaría al albur de las mayorías alternativas que pudieran respaldar otras modificaciones, algo que no es sencillo.
El BOE ha publicado este miércoles el decreto ley 7/2023 de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y profesional y para la mejora del nivel asistencial por desempleo. En su artículo primero, en el punto dos, se plasma la modificación de los artículos 84. 3 y 84.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en los términos pactados por PNV y PSOE. Se recoge que los sindicatos y la patronal podrán negociar convenios en la comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre los estatales o sectoriales, siempre que reúnan las mayorías necesarias y recojan condiciones más favorables para los trabajadores, que es precisamente el objetivo del PNV al haber constatado que los acuerdos estatales suelen recoger condiciones inferiores. Serán materias no negociables en la comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos y la movilidad geográfica. Este acuerdo puede destensar el clima de conflictividad y, por lo pronto, ha sido aplaudido por ELA como una "gran victoria" de los trabajadores.
La desanexión de Usansolo aparece en otro decreto, en el 6/2023, de medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Se recoge la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para que la creación de nuevos municipios pueda realizarse "sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes", lo que supone rebajar el anterior umbral de 5.000 personas, que el Estado había esgrimido para tumbar la desanexión de Usansolo con respecto a Galdakao. El municipio tendrá que ser financieramente sostenible y no producirse una merma en la calidad de los servicios.
Tras el silencio de Díaz
Por lo tanto, la prevalencia de los convenios y la desanexión de Usansolo parecen ya a todas luces blindadas sin posibilidad de sorpresa, lo que tiene su enjundia tras una rueda de prensa del Consejo de Ministros que no fue muy clara con esta cuestión, ya que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ni siquiera mencionó el asunto de los convenios, quizás porque supone enmendar parte de su reforma laboral y no quería darle protagonismo. Díaz se opuso durante la pasada legislatura a modificar lo pactado con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO y no introdujo esta prioridad aplicativa del marco vasco, lo que provocó el voto en contra del PNV. Ahora, Sánchez necesita los escaños de todos sus socios en todas las votaciones, lo que está abriendo un nuevo escenario de cumplimiento más diligente de los acuerdos, al menos por ahora.
La patronal estatal
Como era previsible, la patronal estatal CEOE y Cepyme han emitido un comunicado para rechazar este acuerdo porque, a su juicio, rompe la unidad de mercado “a nivel nacional”, y se ha puesto en marcha “sin preaviso y desde el desprecio al diálogo social”, sin convocar la mesa con sindicatos y la representación empresarial. La CEOE incurre en una contradicción: dice que se rompe la unidad de mercado, pero en la práctica ya hay diferencias por los convenios que se firman en distintas empresas vascas y que son distintos a los del Estado, lo que deja en el aire como pregunta por qué no rompe el mercado que una empresa vasca del metal suba el salario a sus trabajadores, y sí lo rompe que se firmara un acuerdo a nivel autonómico. También se pasaría por alto que el coste de la vida en unas comunidades autónomas, de por sí, es más elevado que en otras, y puede resultar más incoherente tener un convenio distinto en Trapagaran y en Gasteiz por carecer de uno autonómico, que tener diferencias entre Euskadi y cualquier otra comunidad.
Este periódico se puso en contacto con la patronal vasca Confebask, que en 2017 sí firmó un compromiso para la prevalencia de los convenios autonómicos y por ahora no hace ninguna valoración a la espera de analizarlo en profundidad, aunque asegura que la posición de CEOE era conocida y ya fue pública hace siete años.
¿El PNV se ha ganado la felicitación del sindicato ELA a cambio de tensionar la relación con la patronal? Por ahora, no parece que vaya a romperse nada porque las posiciones ya eran conocidas y solo se evidencia lo costoso que ha sido este acuerdo con el Gobierno español. Desde la consejería de Empleo y Trabajo que dirige la socialista Idoia Mendia, por su parte, fuentes consultadas por este periódico defienden que el decreto “refuerza la reforma laboral” y lo que hace es lanzar una llamada a los agentes sociales para que se sienten a negociar convenios de nivel autonómico, que hasta ahora son pocos porque proliferan los de empresa. Y creen que puede aportar mayor seguridad alcanzar ese tipo de acuerdos más globales en sectores como la limpieza, donde han aflorado huelgas y conflictos en varias empresas pequeñas. La consejería se ofrece para colaborar si hubiera dificultades y recibiera una petición para desbloquear conflictos en el marco del diálogo social.
UGT y CCOO a nivel estatal lamentaron que no haya participado la mesa de diálogo social, pero admiten la capacidad legislativa que otorga la Constitución al Parlamento y al Gobierno. En Euskadi, LAB ve un avance, pero cree que el marco sigue supeditado al estatal, porque los convenios autonómicos solo tendrán prioridad si recogen mejores condiciones.