Frente a las comunidades autónomas que rechazan las limitaciones impuestas al ocio nocturno y la hostelería en el Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno español argumenta que son decisiones de obligado cumplimiento. Pero no es una verdad tan incontestable y, de entrada, el reglamento del propio Consejo Interterritorial que congrega al Gobierno español y a los consejeros autonómicos no habla de obligaciones, sino de recomendaciones.
El Gobierno español se aferra a otras leyes que le permiten actuar en situaciones de urgente necesidad y especial alarma, algo paradójico cuando ha abierto las puertas al turismo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en que los acuerdos son obligatorios y no descarta "hacerlos cumplir". Sus palabras pueden anticipar un conflicto jurídico, un recurso en los tribunales contra las comunidades autónomas que, como la vasca, quieran ceñirse a su propio plan; y la petición de medidas cautelares. En el Gobierno vasco crece el descontento y ha comunicado que el lehendakari cree que se ha quebrado la "lealtad" y el sistema de relación bilateral con el pretexto de la gestión sanitaria.
El Gobierno español no ha publicado la declaración de actuaciones coordinadas en el Boletín Oficial del Estado. Una solución discreta podría pasar por retrasar la publicación hasta el lunes, confiando en que el nivel de incidencia acumulada del virus en la comunidad autónoma baje de 150 y, por tanto, Euskadi salga de la lista negra de supuestos en que el Gobierno español quiere cerrar el interior de los bares. El Estado, sin necesidad de rectificar, evitaría el conflicto con Euskadi, porque quedaría superado por la propia evolución positiva del virus. Pero se antoja complicado porque la tasa se sitúa ahora en 204.
EL REGLAMENTO
El reglamento del Consejo Interterritorial de Salud menciona en su artículo 14 que los acuerdos en relación con las materias de la Ley 6/2003 de cohesión y calidad del sistema de salud "se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso". "Los acuerdos de cooperación para llevar a cabo acciones sanitarias conjuntas se formalizarán mediante convenios del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", añade. En el artículo 15, sobre las actas de reunión, vuelve a referirse a los acuerdos como "recomendaciones".
El Estado no podría imponer las medidas a las comunidades que votaron en contra (como la de Madrid) o se abstuvieron (la CAV no participó en la votación para denunciar la invasión competencial). Este sistema de acuerdos aparece en el artículo 73 de la Ley de cohesión y calidad del sistema de salud.
EN SITUACIONES DE URGENCIA
El Gobierno español se aferra a otras leyes. Por un lado, en la ley citada anteriormente, el artículo 65 sobre las actuaciones coordinadas en salud pública permite actuar en situaciones "de urgente necesidad" sin audiencia con las comunidades, aunque habría que ver si esta lo es. El artículo 151 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público menciona que, cuando el Gobierno español ejerza funciones de coordinación, de acuerdo "con el orden constitucional de distribución de competencias", el acuerdo será "de obligado cumplimiento para todas las administraciones ", y lo será "con independencia de su sentido de voto".
Por otro lado, el Tribunal Supremo rechazó las medidas cautelares de Vox contra las restricciones en la Comunidad de Madrid en el puente de San José, aunque no se refería a que fueran obligatorias, o que lo fueran aun sin estado de alarma.
TRAS ABRIR EL TURISMO
Al Gobierno español se le reprocha la marcha atrás, que quiera mantener su control sobre las restricciones a pesar de que se negó a prorrogar el estado de alarma el 9 de mayo, y a pesar de haber lanzado un mensaje de puertas abiertas al turismo. El giro ha sido desconcertante para Urkullu, que reclamó de manera insistente una prórroga de la alarma, sin éxito.
Darias seguía defendiendo hoy en la cadena Ser que no hay imposición y que todo ha sido fruto de un trabajo previo con trece comunidades autónomas, de las cuales once apoyaron la decisión y, por ello, lo elevó al Consejo. Dijo que hará cumplir las medidas y que los servicios jurídicos lo analizan, pero trabajará por el consenso.
CIERRE DEL INTERIOR DE LOS BARES
El miércoles, en el Consejo Interterritorial, se aprobó un plan que estará vigente hasta que la vacunación alcance el 70%, y que contempla ampliar el ocio nocturno hasta las 3.00, y cerrar el interior de los bares en zonas especialmente afectadas, como La Rioja y la CAV, en zona de alto riesgo según el sistema de cómputo del Estado. El Gobierno vasco mantiene cerrado el ocio nocturno y esa parte no le afecta, pero sí la del interior de los bares, aunque no tiene intención de aplicarlo y se ceñirá al Plan Bizi Berri.
Aunque el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, aseguró que "no habrá otro remedio que acatar" si es obligatorio, fuentes socialistas aclaran que se trata de una especulación y no contradice el mensaje del partido, que pide modular la orden a través del diálogo con la idea de que se atienda la casuística vasca: no es lo mismo el interior de un bar en Baleares que en una zona menos turística y, además, el tribunal superior vasco descartó cerrar la hostelería incluso con un estado de alarma. El PSE, además, gestiona la hostelería con el consejero Hurtado.
En ETB-1, el portavoz de Lakua, Bingen Zupiria, ha asegurado que se han pasado años cultivando la bilateralidad "y la salud no puede ser una excusa para que esa bilateralidad quede patas arriba porque una de las partes así lo ha decidido".