Las residencias vizcainas critican los ataques de sindicatos y partidos

Las asociaciones empresariales de residencias ELBE, GESCA y LARES han calificado de "preocupante" el señalamiento y la criminalización constante que desde partidos políticos y sindicatos se está haciendo de la gestión privada de las residencias del territorio con el único objetivo, en su opinión, de "conseguir generar un conflicto que les reporte un incremento de votos y afiliados".

En un comunicado conjunto, han querido salir al paso de lo que han descrito como "la última campaña de desprestigio emprendida por agentes políticos sindicales" que han llevado a las Juntas Generales de Bizkaia una propuesta para la creación de un incremento del control de las residencias del territorio. Esta iniciativa ha sido aprobada.

ELBE, GESCA y LARES afirman que, además de esa "criminalización constante", les preocupa "mucho más la imagen que se está trasladando" a la opinión pública, "de una actividad de calidad, regulada inspeccionada y controlada, que es referente a nivel nacional". Tras exigir que no se utilice esta actividad para la batalla política, han calificado de "igualmente dolorosa la laxitud y el seguidismo de aquellos partidos políticos que han tenido y tienen responsabilidades de gobierno, que son conocedores de la realidad del sector, y que no hacen nada por frenar estos ataques que van contra un modelo de relación público privado que ha demostrado su eficacia en sus 40 años de vida".

Proceso de reconversión

Las tres asociaciones han explicado que el sector se encuentra inmerso "en un proceso de reconversión sectorial de los cuidados de larga estancia que viene marcado por un nuevo marco normativo y por un modelo de atención, centrado en la persona".

Se trata, añaden, de "un cambio de paradigma que parece no ser del agrado de algunos agentes político sindicales que prefieren vivir anclados en un modelo que se ha quedado obsoleto y, quizás, este es el problema de fondo" lamentan. Señalan que "no se han encontrado correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en unos centros que en otros por su tamaño, por su modelo de gestión, por sus condiciones arquitectónicas, ni mucho menos por su titularidad".

Aseguran que la atención residencial a personas dependientes es una actividad "súper regulada, inspeccionada y controlada, al objeto de salvaguardar los derechos y la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en las residencias". Indican que la Fiscalía Provincial realiza inspecciones a los centros, e intervenciones de carácter individual hacia personas vulnerables, para preservar sus derechos.

Asimismo, desde el departamento de Salud del Gobierno Vasco se llevan a cabo periódicamente inspecciones sanitarias en materia de legionella, consultas médicas, destrucción de residuos peligrosos, etc., además de la labor fiscalizadora que también lleva a cabo la Diputación Foral de Bizkaia.