El incremento total de las cuantías de la RGI recogido en la nueva ley que entra en vigor este miércoles se hará efectivo el próximo sábado, 1 de abril, tras la subida inicial de 8,5 % que se acometió a principios de 2023.
El aumento de esta prestación es una de las principales mejoras que la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, aprobada a finales de diciembre del pasado año con el apoyo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, la abstención crítica de EH Bildu, y el rechazo de PP+Cs y Vox.
La actualización de la RGI en un 8,5 % ya se llevó a cabo el 1 de enero de este año. En el pago del mes de abril se aplicará el incremento completo recogido en la norma que contempla que esta ayuda pase para un único beneficiario de los 727,41 euros a 798,24 el 1 de enero hasta alcanzar los 800,13 euros en abril.
En el caso de dos adultos se parte de 934,05 euros que serán 1.066,84 en abril tras subir a los 1.013,44 en el primer mes de 2023.
La cuantía va creciendo en función de los miembros de la unidad que la percibe y en el caso de que haya menores podría crecer hasta en un 50 % con respecto a la actual en familias numerosas. En este sentido, una familia formada por un adulto y cuatro menores pasaría de percibir 1.086,15 euros a cobrar 1.680,27 euros con la entrada en vigor de la ley.
Mejoras para los pensionistas
Los pensionistas también verán mejorada su situación porque la prestación crecerá hasta un 27 % en algunas situaciones. Cuando el beneficiario sea un único pensionista la RGI llegará hasta los 1.013,5 euros en abril partiendo de los 834,59 previos a la ley, mientras que con unidades de tres perceptores de pensiones pasa de 1.126,7 euros a 1.440.23 euros.
A partir de los 18 años
En cuanto al acceso a la RGI, que a principios de año contaba con 49.413 beneficiarios, la edad mínima para recibirla pasa de los 23 a los 18 años. Además, aunque se mantiene el requisito de los tres años de empadronamiento, se rebaja hasta el año cuando hay menores o personas con discapacidad o dependencia.
La antigüedad en el padrón desaparece como requisito para las víctimas de la violencia machista y doméstica, de trata y de explotación sexual y para los refugiados. Tampoco será una exigencia para los afectados por el terrorismo ni para las colectividades vascas en el exterior.
La norma elimina desde este miércoles el límite de prestaciones reconocidas por domicilio e incorpora un coeficiente corrector cuando hay más de una unidad de convivencia por casa.
Según el IPC
El cálculo en 2023 tendrá como referencia el Ingreso Mínimo Vital y en 2024 atenderá al IPC de Euskadi. En todo caso, y en función del acuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos-IU, se determinará según la tasa de riesgo de pobreza o bien de la media ponderada de los umbrales de pobreza una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda.
Sanciones para los incumplimientos
También contempla novedades en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios con el establecimiento de un sistema que generaliza la pérdida parcial de la prestación. La pérdida total se reserva para los casos más graves.
Además, incorpora criterios de conciliación de la vida laboral y familiar a la hora de valorar estos incumplimientos y protege a los menores con la posibilidad de mantener la cuantía base incluso en supuestos de retirada de la RGI.
La norma recoge que la prestación se reconocerá de manera indefinida, que se recibirá al mes siguiente de ser solicitada y que se revisará de forma trimestral.
Una unidad de inspección verificará el cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones de los beneficiarios y se elaborará anualmente un plan de asistencia, inspección y control que definirá la estrategia de mejora.
Establece asimismo un programa personalizado de inclusión y la obligación de que Lanbide ofrezca a los titulares al menos una oferta de empleo o una actividad formativa.