Las víctimas de abusos piden a la Iglesia que colabore en el plan del Gobierno español

Víctimas de abusos sexuales han pedido este martes a la Iglesia que colabore en el plan propuesto por el Gobierno español para indemnizarlas en aquellos casos que hayan prescrito, sean antiguos o no hayan aportado pruebas suficientes.

"Esperamos que la tolerancia hacia el Papa Francisco y la política que quiere iniciar el arzobispo de Madrid (José Cobo) y parte de otros obispos tenga mayor peso y que la Iglesia haga los deberes que no ha hecho de forma urgente, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas que están sufriendo. Ya es hora de que se plieguen y hagan lo que tienen que hacer que es atender a sus víctimas", ha asegurado el miembro fundador y portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que, a su juicio, hay que unificar los criterios de la Iglesia con los del Gobierno. "Aquí no estamos nunca hablando de números, estamos hablando de personas", ha afirmado.

Asimismo, Cuatrecasas ha valorado "positivamente" el plan que ha aprobado este martes el Gobierno en el Consejo de Ministros, aunque ha apuntado que no les ha dado tiempo a ver todo el paquete de medidas, pero que, en principio, las que han visto les parecen "bien".

El Gobierno ha trasladado su deseo de llevar a cabo el plan de indemnizaciones en colaboración con la Iglesia. Sin embargo, los obispos españoles han señalado que no pueden aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. Por su parte, Cuatrecasas ha criticado las declaraciones de los prelados y ha recalcado que les parece "criminal". "Nosotros lo que no podemos aceptar es que la Iglesia, o esa parte negacionista, a día de hoy siga negando la realidad de personas que están sufriendo, que muchas de ellas pertenecen además a la Iglesia y que la Iglesia desprecie a sus víctimas o por lo menos ese sector negacionista. Nos parece criminal", ha subrayado.

UN PLAN CON "GRAVES LAGUNAS"

Por su parte, Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Monserrat, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el plan del Gobierno es "descafeinado", con "graves lagunas" y que "beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente".

Hurtado ha señalado que las medidas del Ejecutivo consagran el "rescate económico" a los obispos y asumen que, ante la negativa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a participar en un plan estatal de reparación, "será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia". "Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende rescatar a los obispos", ha apuntado.

Igualmente, ha recalcado que con este plan el Ejecutivo "traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescritibilidad civil de las indemnizaciones". En esta línea, ha expuesto que el Gobierno propone una "mínima" ampliación del plazo de prescripción civil, que "deja a la mayoría de las víctimas de pederastia clerical en la estacada".

También ha criticado que el Ejecutivo "niega" a establecer un baremo específico de indemnización para las víctimas de pederastia clerical, como hizo el gobierno irlandés. "El único baremo de indemnización que hay en España es el de tráfico, que infravalora el daño y, por tanto, la cantidad económica a la que la víctima tiene derecho. El Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas", ha apuntado.

Finalmente, ha subrayado que el Gobierno se niega a impulsar garantías de no repetición, como la imprestituibilidad penal, "para que en el futuro los pederastas puedan pagar la presión sin poder alegar el privilegio que su crimen está prescrito".

Según ha señalado este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las cortes, Félix Bolaños, el plan del Gobierno contiene cinco ejes de actuación: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje.

"Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales", ha asegurado.

Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares. "Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos", ha apuntado.

Por parte de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha indicado que ha trasladado que no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. Sin embargo, el vicepresidente de la CEE, el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, ha señalado que desde la Iglesia de Madrid "desde hace ya años se está afrontando todo del acompañamiento, la prevención y la reparación tanto de víctimas como de supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia y también fuera de ella.

Cobo ha señalado un "acercamiento" para implementar y para dar puntadas en cómo establecer esa colaboración. "Creo que estamos en ello siempre, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y también la necesidad del acompañamiento. Sólo a corto plazo, no sólo el acompañamiento penal, sino el acompañamiento en todo el proceso de restauración que necesitan y yo creo que esa es la dirección en la que estamos ahora mismo y esos son los acuerdos que se van llegando poco a poco", ha añadido.