Historia del aborto en Euskadi: Latidos del pasado

Diez de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años interrumpen cada año de forma voluntaria su embarazo a día de hoy en el Estado español. Las cifras son calcadas en Euskadi, que ahora se le acerca, pero siempre ha estado por debajo de la media española en esta estadística. La inmensa mayoría lo hace durante las ocho primeras semanas de gestación, en su estado embrionario, nada más conocer su situación. Casi la mitad, en concreto el 47,7%, aborta antes de la sexta semana. Lo hacen de forma segura y rápida, en clínicas concertadas, pero con intervenciones que son financiadas en el 94,8% de los casos por la sanidad pública vasca.

La ley que lo permite se aprobó en 2010 y el próximo 7 de febrero pasará revista ante el Tribunal Constitucional. Es la fecha fijada esta misma semana para que el tribunal de garantías, ya con mayoría progresista después de nueve años, coja el toro por los cuernos e inicie la deliberación sobre la sentencia de la ley del aborto que debió iniciar hace años, tras el recurso presentado por el PP en junio de 2010.

Pero la realidad es que casi trece años después, ni el propio Partido Popular discute esta ley. Así lo ha reconocido esta misma semana su presidente. El problema, ha dicho Núñez Feijóo, no es la ley de plazos, ni su aplicación, sino uno de sus puntos: que las menores de 16 y 17 años no necesiten el consentimiento de sus padres. El PP cree que deberían necesitar su autorización. El resto, ni lo discute.

El consenso social y político en torno a la conocida como ley de plazos aprobada bajo el mandato de Rodríguez Zapatero en 2010 es evidente. Sin embargo, este derecho se enfrenta hoy a un debate ideológico promovido por la extrema derecha y grupos ultraconservadores, muy vinculados a la Iglesia.

Precisamente en previsión de la inminente deliberación del Tribunal Constitucional en torno a esta ley, Vox, en el Gobierno de Castilla y León, ha lanzado una idea que ni sus socios del PP consideran: forzar a las mujeres a escuchar el latido del embrión o feto antes de que decidan interrumpir su embarazo. A la palestra ha saltado incluso el obispo José Ignacio Munilla, en favor de los movimientos provida.

El exobispo de Donostia dice no entender que el Estado obligue a ver “imágenes espeluznantes” en las cajetillas de tabaco, cuando uno va a comprarlas, y sin embargo, no haga que una mujer que va a abortar escuche antes “el latido del feto para que esté bien informada y piense lo que va a hacer”. Por Twitter, para más inri.

Desde estos sectores ultraconservadores han anunciado que a partir del próximo 22 de febrero comenzarán de nuevo la cuaresma de 40 días por la vida, con protestas frente a las clínicas que efectúan abortos en el Estado. Hasta el 2 de abril. En Gipuzkoa, es el caso de la clínica Askabide, única clínica autorizada de Gipuzkoa para interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14.

Parece un debate extemporáneo, pero coincide en un momento de crispación política máxima y con un precedente llamativo al otro lado del charco, después de que el Tribunal Supremo de EEUU, allí sí, de mayoría conservadora, decidiese el pasado verano que el aborto deje de ser un derecho constitucional en aquel país, después de medio siglo reconocido como tal.

De Londres a Hendaia

Nuestra sociedad le abrió la puerta legal al aborto en 1985, con la ya olvidada ley de los tres supuestos. Una especie de comodín que dejaba un resquicio legal para dar solución a una problemática real, tozuda en muchos hogares con escasos recursos: la de los embarazos inesperados e inoportunos.

Muchos de ellos les sobrevenían a adolescentes y jóvenes con una escasa educación sexual. Con esta ley se les abría un resquicio legal. Pero sin permitir, por otro lado, la interrupción voluntaria entendida como un derecho reconocido de la mujer.

El riesgo para la salud de la madre, el tercero de los supuestos (la violación y la malformación eran los otros dos), era esa puerta de salida para las mujeres que adoptaban esta traumática decisión. En Euskadi, por ejemplo, la práctica totalidad de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo en 1988 se acogieron a este supuesto (1.311 de un total de 1.377). En Gipuzkoa, 310 de un total de 325, más del 95%. Hoy en día, no hay más que manifestar la voluntad para iniciar el proceso. Un aborto legal, sin irse de forma furtiva a Londres ni Hendaia. Y con mujeres bien informadas de las posibilidades que tienen tanto para seguir adelante con la gestación como para interrumpirla. Abortar es hoy un derecho que tiene cualquier mujer dentro de unos plazos establecidos.

Los inicios, sin embargo, no fueron sencillos. En Gipuzkoa, por ejemplo, costó mucho arrancar. En el primer trimestre de 1987, por ejemplo, solo se llevaron a cabo cuatro abortos dentro de los supuestos contemplados, mientras que otras muchas seguían optando por salir al extranjero, como se hacía antes. La tasa por cada 1.000 mujeres fue de 0,42 en 1987; y 1,005 en 1988. Hoy supera ligeramente el 10.

Durante los diez primeros años de la despenalización, entre 1985 y 1995, en Euskadi se llevaban a cabo menos de la mitad de los abortos realizados de media en el Estado, donde Asturias especialmente y León copaban las estadísticas, seguidas de Madrid y Catalunya.

La CAV era la comunidad donde menos interrupciones se realizaban en relación a la población femenina en edad fértil. Continuó así hasta el año 2000, cuando España superaba de media los siete abortos por cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 44 años y Euskadi se situaba en 3,5.

Evolución tardía en Euskadi

En 2006, se superó por primera vez en el Estado español la tasa de diez mujeres por cada 1.000 (hoy estas cifras son parecidas). Para entonces, Euskadi superaba la tasa de 5, y aunque seguía siendo la comunidad con menos abortos, comenzó a escalar posiciones y en 2010 ya superó a Galicia, Extremadura, Castilla y León, Navarra y La Rioja. Muy lejos aún de Catalunya, ya a la cabeza, Madrid o Murcia, con tasas alrededor del 15.

El pico se alcanzó en 2011, cuando la crisis global iniciada entre 2007 y 2008 golpeó al empleo y forzó movimientos migratorios. Personas extranjeras que habían fijado su domicilio en nuestra tierra comenzaron a irse por falta de oportunidades. A menudo eran, según explica Igor Elberdin, el presidente de la clínica Askabide de Donostia, personas con una “menor educación sexual y reproductiva”, y que recurría en mayor medida a la interrupción del embarazo.

En 2021, el último año del que hay datos completos, 3.564 mujeres con residencia en la CAV, 1.377 de ellas guipuzcoanas, decidieron abortar. Un 6% lo hizo por causa mayor, mayoritariamente por malformaciones congénitas, dentro de un amplio abanico de situaciones que revisten gravedad para la madre o el feto.

Estas son a día de hoy las únicas mujeres a las que se les efectúa una interrupción del embarazo en la red pública, que ejerce, según Elberdin, una “objeción institucional”, derivando todos los casos voluntarios, sin motivación médica, a clínicas como la suya, que actúan como una suerte de subcontrata de la Administración.

La cifra de interrupciones voluntarias del embarazo no baila mucho en los últimos años en Euskadi, aunque es cierto que se encuentra cerca del pico que alcanzó en 2019, y en los niveles de 2011, cuando se registró el máximo de abortos en el Estado español, más de 118.000. Justo un año después de la aprobación de la ley actual.

De las cifras de hoy en Euskadi, hay algunas llamativas. Por ejemplo, el 51,1% de las mujeres que decidió interrumpir voluntariamente su embarazo en Euskadi en 2021 ya era madre de al menos un hijo. Y más de un 27% tenía dos o más.

Además, se sabe que un 20,8% de las que adoptaron esta decisión tenían nacionalidad extranjera, que una de cada tres de todas las mujeres que abortaron vivían con sus padres y otro 48,3% en pareja.