“Los que me quieran muerta, tendrán que matarme y ensuciarse las manos”. Así de expresiva se pronunció ayer miércoles Laura Borràs, que previsiblemente verá cómo hoy jueves la Mesa del Parlament, con el aval de Esquerra y la CUP, acuerda la suspensión de su cargo aplicando el artículo 25.4 del reglamento del Parlament. Los acontecimientos se precipitaron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la enviara a juicio por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para adjudicárselos a un conocido. Sectores de Junts presionan con que sea la propia presidenta de la Cámara catalana quien se aparte, pero se topan tanto con el rechazo de ella y del secretario general de la formación posconvergente, Jordi Turull.
“He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho, y no. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía”, argumentó Borràs a través de su cuenta oficial de Twitter. “Después de cuatro años, el procedimiento judicial que sufro se acerca a la fase decisiva. Durante todo este tiempo he reivindicado y reivindico mi inocencia a capa y espada y he denunciado que soy víctima de lawfare, de una persecución política”, sostiene. Borràs alega que el “origen de la investigación es el supuesto fraccionamiento de unos contratos” cuando dirigía la Institució, una acusación que niega “rotundamente” y añade que, en cualquier caso, el fraccionamiento “no es delito sino una irregularidad administrativa, no una causa penal”. Subraya que durante el proceso ha caído la acusación de malversación, por lo que se demuestra que no ha habido “corrupción lucrativa”, e insiste: “No puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la administración”. Por ello, lanzó un aviso a ERC, CUP y PSC de cara a la decisión que hoy adopte la Mesa del Parlament, que minutos antes se encontrará con una manifestación en defensa de Borràs: “Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia, la decisión política más ecuánime”.
El debate en la ejecutiva de Junts fue agitado y hubo intervenciones “relevantes” de dirigentes que sugirieron a Borràs que dimita. Entre ellos, consellers como Violant Cervera o Jaume Giró, así como dirigentes de peso como el adjunto al secretario general, David Saldoni, o la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, entre otros. Cerró las intervenciones Turull, que expresó su apoyo a Borràs.