La apertura de juicio oral a Laura Borràs por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aboca a la presidenta del Parlament a dejar su cargo en tanto que la Mesa del Parlament, donde se halla en manos de ERC y la CUP, se inclina por aplicar mañana a mediodía el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana, que automatiza la suspensión cuando se abre juicio oral a un diputado por delitos relativos a la corrupción. Las dos fuerzas independentistas, además del PSC –y los comunes–, instaron ayer martes a la dirigente de Junts a que sea ella quien decida apartarse después de que la Justicia la haya sentado en el banquillo para juzgarla por prevaricación y falsedad documental, por el presunto fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La postura de la Mesa supondría una suspensión provisional, que no despoja a Borràs de su acta de diputada pero sí le deja sin las funciones de presidenta, sin sueldo y sin capacidad de participar en las reuniones de los órganos del Parlament.
La Fiscalía pide para ella seis años de cárcel y 21 años de inhabilitación al sostener que concedió 18 contratos, con un coste total de más de 309.000 euros, a su amigo Isaías Herrero, para que actualizara la web de este organismo sin concurso público alguno. La fecha del juicio no se sabrá hasta septiembre porque agosto no es hábil en los tribunales. El juez que ha instruido el caso ve “razonabilidad y consistencia” en las acusaciones a partir de los indicios recabados en la investigación, y recuerda que la acusación hasta ahora se basa en indicios que no comprometen la presunción de inocencia de los acusados, que se valorará en el juicio. Borràs insiste en que “no hay caso” y es “víctima de una persecución política”.
Consciente de que ni ERC ni la CUP están dispuestos a blindarla, Borràs ya ha advertido de que, si acaba siendo suspendida, no dejará su cargo de presidenta del Parlament, porque no piensa dimitir, sino que en todo caso solo cederá sus funciones presidenciales a otro diputado, hasta que se resuelva definitivamente su causa. “Suspendido de derechos y deberes no quiere decir dejar el escaño. Dejas de hacer esas funciones, pero eso no significa que las abandones o te hagan dimitir. Durante el periodo de tiempo que se considere que afecta esta suspensión, habrá otro que hará las funciones, pero no se escoge a otro presidente”, razona.
Cabe la opción de que la vicepresidenta primera asuma provisionalmente las funciones de presidenta, y sería la republicana Alba Vergés quien recogería el testigo, pero ERC está abierta a negociar con JxCat que Aurora Madaula, secretaria segunda de la Mesa, asuma esas funciones delegadas, ya que el acuerdo de investidura señalaba que la presidencia del Govern era para los republicanos y la del Parlament recaía en los posconvergentes. Pero este episodio puede implosionar aún más la relación entre los socios.