Más de 46 años ha tardado la democracia española en poner en práctica la pluralidad lingüística del Estado que la propia Constitución de 1978 reconoce y que, sin embargo, ha sido negada en el Congreso de los Diputados y en otros instituciones durante más de cuatro décadas.
Ha tenido que darse una complicada tesitura en la gobernabilidad del Estado, con los grupos nacionalistas e independentistas siendo la única llave posible de un nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, para que se desbloquee una deuda histórica y el euskera, el catalán y el gallego puedan hablarse con total normalidad en los plenos de la Cámara Baja.
Hasta ahora, los partidos que han gobernado en democracia, básicamente el PSOE y el PP, habían dado siempre un no por respuesta a esta aspiración que habían planteado durante legislaturas formaciones nacionalistas como el PNV, CiU o el BNG. Ahora, sin embargo, las tornas han cambiado y los socialistas han dejado de ver impedimento alguno en el uso normalizado de todas las lenguas oficiales del Estado en sede parlamentaria.
El pasado martes asistimos al debut de intervenciones completas en euskera, catalán y gallego por parte de parlamentarios; el mismo día en el que se aprobó el cambio del reglamento de la Cámara que refleja ya por escrito que se podrán usar estas lenguas en los discursos. Ahora, queda por tanto proceder a establecer un sistema de intérpretes fijos, tal y como se hacía ya en el Senado.
Los partidos de la derecha española enseguida han puesto el grito en el cielo y gesticulado con aspavientos –los diputados de Vox abandonaron el pleno del martes y dejaron sus pinganillos en el escaño vacío de Pedro Sánchez–, pero la realidad es que sobran ejemplos en parlamentos e instituciones de otros estados en los que se combinan con completa normalidad diversas lenguas en las intervenciones de los representantes públicos.
No hay que irse muy lejos para encontrar modelos a seguir. En el mismo Europarlamento se vienen empleando desde su creación las lenguas de los estados miembro de la Unión, y este mismo modelo se emplea en países de corte federal como Bélgica, Suiza o, ya en otro continente, Canadá.
El sociolingüista y experto en lenguas minorizadas Iñaki Martínez de Luna explica a este periódico que a fin de cuentas, tanto en el Estado español como en la Unión Europea, todo se reduce a una cuestión de voluntad política, aunque en ocasiones se aleguen trabas de carácter técnico o económico. “Siempre hay alguna dificultad técnica y presupuestaria, pero la verdad traba puede ser política. Hay estados que a nivel interno no solo no propician ninguna medida para sus lenguas minoritarias, sino que bloquean cualquier intento. Así que a nivel europeo tampoco son muy proclives a facilitar las cosas. Entonces, es más un tema de convencimiento y voluntad política que de dificultades técnicas”, detalla el sociolingüista alavés.
En el caso de la construcción europea en el plano lingüístico, Martínez de Luna enumera cuatro visiones que pugnan hoy en día en las instituciones de la Unión Europea: “Hay un debate ideológico en Europa con respecto a qué hacer con las lenguas y podemos decir que hay cuatro posturas. Una de ellas es que el inglés se apodere de todos los ámbitos de funcionamiento, de todas las funciones lingüísticas en la UE. Otra es justo la contraria, que el ingés no sea la lengua franca para toda Europa, sino que ese papel lo ejerza otra lengua”.
Las otras dos visiones restantes sí tienen más en cuenta la existencia y particularidades de las lenguas minorizadas. “El tercer punto de vista es el mantenimiento y el fortalecimiento de todas y cada una de las lenguas por igual, donde entrarían también el euskera y el catalán. Y luego hay una cuarta opción, que aboga por defender y proteger todas las lenguas, pero tener una lengua, posiblemente el inglés, como lengua franca. Esta última visión combina un poco las distintas sensibilidades. Es decir, combina el respeto a cada una de las lenguas y, por otro lado, la necesidad de una comunicación fluida, rápida y eficaz”, añade, antes de concluir que “de qué visión es la que gana terreno o se impone dependerá el fufuro del euskera en la UE”.
El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, pone el foco también en las instituciones continentales y se muestra optimista sobre el reconocimiento del euskera: “Yo creo que al final lo que saldrá será un proceso que tendrá unos pasos lentos pero que es irreversible. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque es la propia Unión Europea en su seno tiene esta pluralidad lingüística”.
Urrutia tiene claro que el euskera debe tener como objetivo estar plenamente integrado en la UE. “Nuestra vocación claramente es europea. Y Europa no puede ser cicatera y tiene que lograr un equilibrio que sea beneficioso para el euskera. Pero nosotros necesitamos que la lengua esté viva aquí y que el reconocimiento europea sea, digamos, un desiderátum, una consecuencia de esta viveza, de esta utilización diaria. Por ejemplo, a los irlandeses les costó muchísimo tiempo que el gaélico fuera cooficial en Europa, pero en términos prácticos la lengua no está nada viva en la propia Irlanda”, deta lla como ejemplo.