La investigación de los abusos sexuales a menores en la Iglesia por parte del Defensor del Pueblo sigue sin arrancar un mes después de que el Congreso le encomendara crear una comisión de expertos, que todavía no se ha constituido, mientras que la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal apenas acumula medio centenar de denuncias.
El camino se augura largo y no pocas víctimas han decidido no participar en ninguna de las dos investigaciones al desconfiar de su capacidad de llegar al fondo del asunto.
El pasado 10 de marzo el Congreso encomendó al Defensor la creación de una comisión para investigar los casos de pederastia en la Iglesia, una comisión que debería estar compuesta por expertos del ámbito jurídico, de la educación, la psiquiatría y la psicología y también por miembros de la Iglesia, pero de la que a día de hoy no hay noticias.
"Se está trabajando en su diseño", trasladan a Efe desde el Defensor del Pueblo.
Defensor del Pueblo: No se trata de hacerlo rápido, sino bien"
Según explican fuentes de esta institución, encabezada por Ángel Gabilondo, siguen inmersos en la elección de las personas idóneas para asumir el encargo del Congreso; aunque el defensor señaló en su día que esa comisión podría estar cerrada antes de Semana Santa, al comenzar el trabajo de campo han comprobado la necesidad de avanzar con calma.
"No se trata de hacer un trabajo rápido, sino de hacerlo bien, con discreción y confidencialidad", señalan las fuentes consultadas, que recuerdan también que, además de este encargo, el Defensor sigue recibiendo quejas y peticiones ciudadanas y mantiene su agenda oficial, en la que se enmarca, por ejemplo, la presentación de su informe anual en las Cortes.
Evitan así poner fecha al inicio formal de la investigación, pero aseguran que cuando la comisión esté constituida se harán públicos los nombres de sus integrantes.
Desde el Defensor se está contactando con profesionales de las distintas áreas y también se está invitando a colaborar y participar en los trabajos a asociaciones de víctimas y a la propia Iglesia.
Pero la Conferencia Episcopal Española (CEE) sigue sin aclarar si participará en esta comisión.
Su presidente, el cardenal Juan José Omella, explicó la pasada semana en el Vaticano que están esperando a que se constituya y les aclaren cuáles son los objetivos y la metodología. "Entonces responderemos", señaló.
Apenas 50 denuncias en la auditoría de la Iglesia
Los obispos confían en la auditoría encargada al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, en la que participarán reputados expertos como el portugués Pedro Strecht, psiquiatra infantil, coordinador de la comisión creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) o los abogados de la firma que llevó a cabo la investigación en la diócesis alemana de Múnich, y que contará también con la colaboración de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o del periodista Juan Luis Cebrián.
Sin embargo, esta auditoría, que arrancó el pasado 22 de febrero, ha recibido menos de 50 denuncias, una cifra muy alejada incluso de las 506 denuncias registradas por las oficinas de atención a la víctimas de abusos que han puesto en marcha las diócesis españolas.
Las víctimas se desmarcan de la investigación
Con esta investigación no colaborará la organización Infancias Robadas, que ha criticado la pertenencia de Javier Cremades, socio principal de la firma, al Opus Dei, una prelatura -censuran desde esta asociación de víctimas- "tremendamente jerarquizada" donde "impera el silencio cómplice" y se defiende a "los agresores".
Tampoco cuenta con el apoyo de otras víctimas que, bajo la propuesta de impulsar una "comisión de la verdad" que investigue estos delitos de manera "independiente y resolutiva", se han unido en la Plataforma Tolerancia O.
Entre ellos se encuentra el escritor Alejandro Palomas, cuyo testimonio y posterior reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la vía a una comisión de investigación. También figuran Manuel Barbero, impulsor de la asociación Mans Petites, la activista Vicki Bernadet y Miguel Hurtado, víctima de abusos por parte de un religioso.
Ellos tampoco participarán en la investigación del Defensor del Pueblo porque creen que no cuenta con poderes coercitivos y la jerarquía católica se podría negar a participar en su conjunto, o según las diócesis. Así sucedió -recuerdan- con una investigación anterior impulsada por el Síndic de Greuges de Catalunya en 2019, en la que la jerarquía católica catalana se negó a participar.
Hurtado ha asegurado que respetan el derecho de las víctimas a hablar con quien considere oportuno. "Pero ni la auditoría de Cremades ni la comisión del Defensor del Pueblo tienen poderes coercitivos para investigar".
Ha lamentado que el Estado tiene "una de las Conferencias Episcopales más obstruccionistas de Europa" y una parte muy importante de los obispos no van a colaborar, "así que habrá que obligarles".
Además -continúa- las dos investigaciones tienen graves conflictos de intereses. La auditoría interna está dirigida por un despacho vinculado al Opus Dei, mientras que el Defensor del Pueblo fue profesor religioso en dos colegios en los años 70 donde se cometieron graves casos de pederastia clerical, señala.