De forma improvisada y a la salida de la toma de posesión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se despachó ayer ante los micrófonos asegurando, en primer lugar, que no alberga prácticamente “ninguna esperanza” de que se alcance un acuerdo para la renovación del Poder Judicial, cuyo mandato se encuentra caducado desde hace casi cuatro años. De seguido, quiso dejar claro que él no se está postulando para lograr un puesto en el Constitucional, denunció maniobras para hacerle “tambalear” y calificó de “insostenible e inaceptable” la situación que atraviesa la Justicia en el Estado español. El recado fue evidente: “En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al Constitucional. Lo saben porque se lo he puesto yo de manifiesto. Sería indecente que yo me prevaliera del cargo para obtener un cargo en el Constitucional, y quien diga otra cosa miente interesadamente. No tengo ninguna intención del ir a ese tribunal en las actuales circunstancias; dentro de tres, cinco años, no sé”.
“Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones y en meses el Tribunal Militar Central se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros y no se podrá reunir”, ejemplificó el escenario “desolador” de la Justicia y esa no renovación que, según Lesmes, tiene como responsables al Congreso, el Senado y los partidos con capacidad para ello. El magistrado explicó que el Pleno del Consejo fue convocado para el día 8 “para que estuviera dentro del plazo legal marcado por la ley que devuelve al CGPJ las competencias para el nombramiento de los magistrados del Constitucional”. “El nombramiento ha de hacerse el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos”, dijo, aunque admitió que “cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona”. Preguntado sobre qué le parece que el Ejecutivo diga en privado que si no apoya los nombramientos, no lo auparán para que consiga plaza en el TC, Lesmes fue tajante: “No sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si alguien del Gobierno ha dicho eso, ha mentido”.
Interpelado sobre quién puede estar detrás de dichos rumores, Lesmes aseveró que pueden ser “personas” que quieren mediatizarle para “evitar que se hagan nombramientos”. Preguntado sobre si sería el PP, indicó que no puede decir quién puede ser, pero sí matizó que cree que se hace con la intención de que se “tambalee”. “No voy a tambalear en esto”, zanjó, negando igualmente supuestas presiones de magistrados del TS para bloquear la renovación parcial del TC, y confirmando que hay “varios” posibles candidatos del Supremo al Constitucional. “A mí se me han dirigido varios magistrados del Supremo postulándose para esos puestos. A otros me he dirigido yo. Uno solo me dijo que no le interesaba. El resto tiene interés. Sobran magistrados que quieren ir al TC”, valoró Lesmes. A quienes sostienen que “hay que boicotear los nombramientos”, Lesmes recordó la “institucionalidad” del Consejo y ahondó en que si se ha aprobado una ley hay que cumplir con ella, más allá de que pueda gustar o no las circunstancias en las que se aprobó. “Es una ley que restablece la competencia del CGPJ, una competencia que está en la propia Constitución”, subrayó desde la firmeza ante cualquier intento de boicot: “Yo me opongo a que esta institución se declare en rebeldía”.
A la espera de que mañana realice el discurso de apertura del año judicial, el presidente del CGPJ culpó también al Gobierno por la imposibilidad de renovar este órgano por la reforma que hizo hace un año para impedir que el Poder Judicial en funciones acordara nombramientos. “Por una parte no se renueva el Consejo y por otra parte no se le permite actuar”, lamentó. “Me parece de todo punto inaceptable que el CGPJ recupere las competencias para hacer nombramientos del TC y no del Supremo, cuando la situación del Supremo es mucho peor”, añadió, para luego recordar que se han hecho “advertencias múltiples” desde el Supremo para que “esta situación termine”.
Nuevo fiscal general
Por su parte, el nuevo fiscal general del Estado, cuya designación para sustituir a Dolores Delgado resultó muy criticada por sectores conservadores precisamente por su proximidad a su antecesora, defendió la “legitimidad” de su elección. “Es al Gobierno, al poder ejecutivo, a quien corresponde proponer al candidato o candidata a fiscal general del Estado”, apostilló Álvaro García Ortiz, quien se dirigió, sin citarlo al PP, por su postura de obstaculizar la renovación del CGPJ: “Quienes creemos en el Estado de derecho sabemos que no se elige el cómo ni el cuándo, y que el cumplimiento de la ley no se condiciona”, sostuvo García Ortiz, para quien “ante los mandatos constitucionales” para la renovación de las instituciones, “no hay alternativas”.