El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, una medida cuyo objetivo es, como su propio nombre indica, prevenir y reducir el desperdicio de alimentos en toda la cadena de producción y suministro.
La nueva ley pretende también fomentar la economía circular y pone el foco en la producción, la restauración, el comercio minorista, los servicios de comida y el consumo de los propios hogares. Por ello, establece una "jerarquía de prioridades de actuación" en dos fases: la primera es la prevención, que se hará mediante la donación o redistribución de alimentos; la segunda será la transformación, mediante el reciclaje para generar productos derivados —para consumo humano en primera instancia o, si no es posible, para piensos animales— o a través de la producción de compost o biocombustibles.
Para donar los excedentes, los agentes de la cadena alimenticia deberán suscribir acuerdos de colaboración con empresas, ONG, bancos de alimentos u otras entidades de iniciativa social, que a su vez tendrán que garantizar la trazabilidad de los productos donados llevando un registro de entradas y salidas. Estos productos donados no podrán ser comercializados de nuevo y deberán ser entregados sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.
Por otro lado, las empresas de hostelería tendrán la obligación de dar, sin ningún coste, los excedentes de sus platos a los clientes que lo requieran —a excepción de los restaurantes de bufé libre—. Para ello, deberán contar con envases reutilizables o reciclables que sean aptos para el uso alimentario.
"Buenas prácticas"
La ley establece también una serie de "buenas prácticas" para evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, una de estas medidas será que los comercios dispongan de puntos de venta de productos "feos, imperfectos o poco estéticos". También se incentivará la venta de productos con fecha próxima de consumo preferente o caducidad.