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A Ley de Memoria Democrática fue aprobada en octubre de 2022 en el Congreso como una puesta al día de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y para ejercer de aglutinador de todas las políticas en esta materia. Más de dos años después tiene tareas pendientes como disolver la Fundación Francisco Franco y que más de 300.000 descendientes de exiliados puedan obtener la nacionalidad española.
A la hora de realizar un balance de esta ley, expertos en memoria histórica ponen en valor su papel de cara a reconocer a las víctimas pero sacan también a relucir diversas carencias. Es el caso de los victimarios, de los que según Sabino Cuadra “también hay que hablar, la verdad también es eso pero la obtención de esa verdad fue cerrada y tapiada por la ley”.
El miembro de Sanfermines 78: Gogoan! critica por ello que “esta ley cierre de nuevo las puertas a las diligencias de la justicia”, lo que tiene como consecuencia que “continúe el régimen de impunidad en relación con los crímenes del franquismo”. Pone como ejemplo que “todas las querellas que se han presentado después de la aprobación de esa ley en relación con crímenes del franquismo, llámese trabajo esclavo, torturas o robo de bebés, han sido inadmitidas y archivadas en los juzgados”.
Más aún, recurridas ante el Tribunal Constitucional, este “ha dicho expresamente que esa ley no modifica en modo alguno la realidad jurídica existente con anterioridad a la aprobación de la misma”. El Alto Tribunal esgrimía para ello la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción contenida en el propio Código Penal y que, a su juicio, el principio de justicia universal no es de aplicación. Como consecuencia, “el régimen de impunidad existente se sigue manteniendo”, censura Cuadra.
Que las víctimas del franquismo tengan “derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición”, tal y como recoge la normativa internacional en materia de derechos humanos, es precisamente lo que reivindica Andoni Txasko. El portavoz de la Asociación Víctimas 3 de Marzo reclama que “si quieren acabar con el franquismo, lo primero que tienen que hacer es eliminar la Ley de Amnistía, que es una ley de punto final”, y adaptar la Ley de Memoria a “los parámetros internacionales en materia de derechos humanos”.
Trabajo esclavo
Sabino Cuadra pone además el acento en la reparación de víctimas como las que “realizaron trabajo esclavo en condiciones inhumanas en obras públicas y privadas”, ya que, al contrario que en Alemania, “la ley afirma en dos artículos que no tendrán derecho a ello, ni por parte de instituciones públicas ni de empresas privadas”.
El historiador Jimi Jiménez señala que, pese a sus efectos positivos, “sigue habiendo temas sin resolver como las fosas comunes, el Valle de los Caídos y los juicios franquistas”. Censura a su vez que “se exhumó a Franco pero el mantenimiento del panteón de Mingorrubio donde está sigue siendo una cuestión del Estado”