Sostiene EH Bildu que es de una gravedad extrema que el Gobierno Vasco haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley española de Vivienda. La coalición soberanista está en su derecho, faltaría más, de emitir semejante opinión. Lo que llama la atención es que sus portavoces no dijeran lo mismo cuando Esquerra apoyó (y sacó adelante sumando sus votos a los de Junts) en el Parlament de Catalunya la presentación de un recurso a la norma estatal alegando, como hace ahora el Ejecutivo de Gasteiz, la invasión de competencias. Ello, con el añadido de que el grupo republicano en el Congreso contribuyó a su aprobación.
Resumiendo, que sobran la doble vara, la sobreactuación y, apurando un poco más, la hipocresía. Máxime, cuando, antes de llegar a la ventanilla del Constitucional, el Gobierno Vasco ha dedicado varios meses a negociar con el español para que se eliminaran los aspectos más claramente recentralizadores de la ley, que son unos cuantos. Cómo será la cosa, que gobiernos que no se destacan precisamente por la defensa del autogobierno, como los de Madrid, Andalucía o Baleares también fueron al Constitucional con idéntica queja sobre las competencias en las que Madrid entra como elefante en cacharrería. Más allá de los principios etéreos, hay otro par de cuestiones que merecen su comentario. La primera, que si vamos a los efectos prácticos del recurso, nos encontramos que ahora mismo son ninguno. Como es bien sabido, las leyes del Estado se basan en la del embudo: se mantienen en vigor hasta la resolución del recurso, que con la composición actual del Tribunal, ya podemos temernos cuál va a ser. Y la segunda consideración: al margen de la cuestión competencial, lo que ocurre con esta ley, como se ha visto desde su promulgación, es que no solo no está mostrándose eficaz para cumplir sus objetivos proclamados, sino que está resultando más bien contraproducente.