La caída de la reforma de la ley mordaza supone que se vayan al garete 36 cambios que ya habían sido anunciados públicamente por las partes y que, por lo tanto, habían generado ciertas expectativas en los movimientos sociales. Eran 36 de los 54 artículos de la ley. Ahora se va a presentar un problema de gestión de esta situación porque, pese a los cambios anunciados desde hace meses, se seguirá aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy, la del PP. Algunos de los puntos pactados que finalmente no se aplicarán preveían rebajas en las multas, que ahora tendrán que pagarse tal y como están recogidas en la ley de Rajoy.
Se había pactado que el importe económico de las sanciones estaría condicionada a la minoría de edad del infractor y a su capacidad económica, sus “circunstancias personales, familiares y sociales”. En el caso de las personas que cuenten con unos ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo, se aplicaría una reducción del 50%, un porcentaje que bajaría hasta el 25% para aquellos situados en la horquilla de entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo. La multa podía suspenderse en el supuesto de que se produjera un acto de conciliación o de reparación.
Uno de los cambios pactados en los últimos días por PNV, PSOE y Unidas Podemos también rebajaba de infracción grave a infracción leve la alegación de datos falsos en los procesos de identificación. Esto suponía pagar de 100 a 600 euros, pero con la caída de la reforma habrá que seguir pagando de 601 a 30.000 euros. Las faltas de respeto a los policías, además, debían dirigirse a un agente en concreto y no al Cuerpo en general por la función que representa.
Manifestaciones sin comunicación previa
Además, quedan en papel mojado las previsiones sobre las manifestaciones sin comunicación previa o frente al Congreso de los Diputados. En concreto, la reforma incluía que no fueran sancionables las manifestaciones espontáneas “ante hechos que requieran de una expresión pública inmediata”, en el caso de que se avisara con cuatro horas de antelación por vía telemática y en caso de que no hubiera violencia o alteraciones del orden público. También dejarían de ser infracciones graves las protestas que provoquen “perturbación grave” frente al Congreso de los Diputados. Sin la reforma, seguirán siendo graves y sancionables de 601 a 30.000 euros.
Los partidos habían acordado igualmente que no sea sancionada la toma y difusión de imágenes de los agentes durante sus actuaciones, un precepto para salvaguardar el trabajo de los medios de comunicación, con la excepción de las imágenes o datos personales que pudieran exponer en un peligro real a un agente o su familia. La reforma establecía que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito publico y manifestaciones o su mera difusión”. Por otro lado, regulaba los registros corporales para “reducir al mínimo” los desnudos y evitar que se desarrollen en plena calle.
Amnistía Internacional
Movimientos como Amnistía Internacional y Greenpeace han emitido un comunicado conjunto para asegurar que, aunque algunos aspectos “clave” no han sido modificados de manera suficiente, “había un trabajo de negociaciones y acuerdos que suponía un avance reconocible en derechos”. Aseguraron que los grupos “deberían haber continuado con la negociación” y criticaron que se ha perdido una “oportunidad única”.