El patrón onubense de un barco con base en Canarias, que llevaba retenido en Mauritania más de 45 días acusado de provocar la muerte de cuatro marineros mauritanos tras una colisión entre la piragua en la que navegaban y el pesquero, ha sido liberado.
Su abogado, Fernando Osuna, ha informado a través de un comunicado de que han sido "días de incertidumbre y peligro grave para su vida" en los que el patrón ha temido por su integridad física diariamente, dada la inseguridad y ausencia de derechos en Mauritania".
Según ha explicado, "ha tenido que viajar al Sáhara y de allí a Casablanca, para coger un avión a Sevilla. Todo ello en 18 horas sin descanso".
El letrado ha señalado que "el comportamiento de la autoridad diplomática española ha quedado en entredicho, así como el de la empresa dueña del barco pesquero" y ha subrayado que en este tiempo "jamás le entregaron un solo documento judicial o policial" por lo que se ha encontrado "totalmente indefenso".
El patrón niega las muertes de las que se les responsabiliza y pretende pedir responsabilidades administrativas al Estado español por "mal funcionamiento", y también las pedirá a la empresa propietaria del barco pesquero.
El patrón llevaba retenido en Mauritania desde el pasado 14 de julio, siendo el único tripulante del buque en esta situación ya que el resto, una treintena, fue liberado.
La tripulación está formada por españoles, mauritanos, senegaleses y marroquíes, y se les acusaba de ser los responsables de un siniestro en el que cuatro marineros se encuentran desaparecidos, mientras que otros dos que formaban parte del mismo grupo sobrevivieron al accidente, cuyas circunstancias no han sido precisadas y que se produjo en las aguas de la ciudad de Nuadibú, situada a 470 kilómetros al norte de Nuakchot.
La falta de dispositivos de salvamento marítimo eficaces en Mauritania y el hecho de que las piraguas utilizadas para la pesca artesanal no cuentan, en la mayoría de los casos, con medios de salvamento adecuados en caso de accidente, provocó que no se rescatara a las personas desaparecidas, dadas ya por muertas.
El barco afectado es un arrastrero congelador de 33,53 metros de eslora que desempeña habitualmente su trabajo en aguas africanas mediante convenios de pesca entre distintos países y la Unión Europea.