El instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, ha dado diez días al ex presidente catalán Carles Puigdemont y a su ex consejero Toni Comín para que le aclaren si han recurrido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la decisión de otra corte comunitaria, el TGUE, de retirarles la inmunidad europarlamentaria, y si han pedido que se la devuelva cautelarmente.
Llarena da este paso días después de que venciera el plazo para que los afectados recurrieran al TJUE el fallo adoptado el pasado 5 de julio por el Tribunal General de la UE (TGUE), que confirmó la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al ex president, así como a sus ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.
En una providencia dictada este martes, el instructor recuerda que a finales de julio, después de que la Fiscalía le pidiera reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y Comín, ya avisó de que no las recuperaría hasta conocer si habían impugnado la sentencia del TGUE y en qué términos.
En concreto, el magistrado llamó la atención sobre el hecho de que podían pedir al TJUE que les devolviera cautelarmente la inmunidad como eurodiputados. De recibir una respuesta positiva por parte de la corte comunitaria, supondría paralizar las nuevas euroórdenes que se hubieran dictado.
Puigdemont recurrió a última hora del viernes --apurando al máximo el plazo-- pero sin pedir medidas cautelares, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. No obstante, las mismas avisan de que puede solicitarlas hasta que el TJUE resuelva el recurso, por lo que aún está a tiempo de hacerlo.
Además, fuentes de la defensa del ex presidente catalán apuntan a que no están obligados a atender esta petición de Llarena, lo que podría obligar al instructor a esperar a la resolución del recurso ante el TJUE.
LAS EUROÓRDENES
El TGUE echó por tierra todos los motivos formulados por los tres eurodiputados, en particular sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de sus miembros.
De esta forma, la Justicia europea despejó el camino para que Llarena pudiera reactivar las órdenes de entrega y detención europeas (OEDEs) que estaban vigentes hasta el pasado enero, cuando el magistrado las dejó sin efecto a la espera de que se resolvieran dos cuestiones clave.
La primera era la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial que Llarena planteó para que fijara el alcance de las euroórdenes después de que los jueces belgas se negaran a entregar al ex consejero Lluís Puig.
El TJUE removió este primer obstáculo el 31 de enero al establecer que las autoridades judiciales que reciban las OEDEs no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España.
La segunda incógnita a despejar era el fallo del 5 de julio sobre la inmunidad y los suplicatorios. Desde entonces, Llarena podía haber reactivado las euroórdenes, si bien permanece a la espera de las cautelares que se puedan pedir y acordar para impedir que pudieran quedar sin efecto.
Así las cosas, pese al espaldarazo del TGUE, en el Supremo auguran un largo recorrido hasta poder reclamar nuevamente la entrega de los prófugos del 1-O. A ello, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press suman que son los jueces belgas quienes tienen que ejecutar las OEDEs. Desde el TS no se descarta que vuelvan a aducir "razones banales" para no enviarlos a España, lo que podría obligar a Llarena a plantear una nueva cuestión prejudicial, con las dilaciones consecuentes.
DOS CASOS PARTICULARES: PONSATÍ Y PUIG
Cabe recordar que, aunque el fallo del TGUE también se refería a Ponsatí, su caso dista de los de sus dos compañeros en el Parlamento Europeo a causa de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación.
Tras este cambio, Puigdemont y Comín quedaron procesados por desobediencia y malversación, pero Ponsatí se quedó únicamente con desobediencia, un delito que no está castigado con pena de cárcel --solo inhabilitación y multa--, lo que impide que se pueda dictar una euroorden en su contra.
Otra situación 'sui generis' es la de Puig. Respecto a él, Llarena estaba pendiente de dos cosas: la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial --resuelta desde el 31 de enero-- y que los nuevos autos de procesamiento, tras la reforma penal, fueran firmes --algo que ocurrió el 13 de junio--. Para su caso, el fallo del TGUE era indiferente porque no es eurodiputado y, en consecuencia, no podía alegar inmunidad alguna.
Los fiscales del 'procés' solicitaron la semana pasada a Llarena que reactivara la euroorden contra Puig, algo sobre lo que el magistrado no ha resuelto aún. En cualquier caso, contra todos ellos --Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí-- ya había vigentes órdenes nacionales de busca y captura.