El magistrado Pablo Llarena ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la incomparecencia de la exconsellera catalana y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí de este lunes ante el Supremo, al alegar que tenía trabajo en Bruselas, antes de tomar cualquier decisión contra ella.
En concreto, Llarena ha dictado una providencia en la que da cinco días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la acusación popular de Vox para que se pronuncien sobre la incomparecencia de Ponsatí y sus razones.
Y concede el mismo plazo a la eurodiputada de JxCat para que aporte la demanda de amparo sobre su inmunidad parlamentaria que presentó ante la presidenta del Parlamento Europeo y cuya solicitud fue remitida al Comité de Asuntos Jurídicos de esa cámara.
Ponsatí estaba citada para declarar ante el Supremo a las 11.00 horas, para que el juez Pablo Llarena le comunicase su procesamiento por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de prisión.
Sin embargo, en un escrito, fechado hoy y al que ha tenido acceso EFE, la defensa de la eurodiputada alega que tiene dos compromisos en Bruselas que resultan "incompatibles" con su citación en Madrid.
En concreto, se tratan de sendas sesiones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía así como de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.
Además, el letrado Gonzalo Boye recuerda que "están pendientes de resolución diversos recursos que corroboran la ilegalidad del presente procedimiento" así como "la vulneración de distintos derechos fundamentales" de Ponsatí.
Al respecto, cita que el Parlamento Europeo tiene un procedimiento abierto sobre los privilegios e inmunidades de Ponsatí que, a su juicio, obliga Llarena a "suspender el procedimiento judicial" y, por tanto, "dejar sin efecto la citación prevista" para hoy.
Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017 para evitar ser procesada por el 1-O, cruzó por sorpresa el pasado 28 de marzo la frontera francoespañola para regresar a Cataluña, sin entregarse a las autoridades pese a su orden de detención.
Tras dar una rueda de prensa, fue detenida por los Mossos d'Esquadra en plena calle y conducida ante el juez de guardia en Barcelona, que la dejó en libertad después de que así lo acordara el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.