Los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona debatirán mañana martes en la Comisión de Presidencia la propuesta para modificar el reglamento y permitir la creación de una Comisión Especial que investigue el uso de recursos municipales en interés de la coalición Navarra Suma.
La iniciativa ha sido firmada por los concejales de EH Bildu (7), PSN (5) y Geroa Bai (2) después de que el alcalde Maya, en el último Pleno celebrado el 5 de mayo, impidiera el debate a la espera de un informe que debe elaborar el secretario municipal.
Una vez formalizada la solicitud ante secretaría, el Reglamento marca que el alcalde tiene 15 días hábiles para convocar el Pleno extraordinario y, de no hacerlo, éste se convocaría, automáticamente, a las 12 del mediodía del quinto día hábil siguiente.
En fechas y si el alcalde acepta la petición de quienes representan la representación mayoritaria de la ciudadanía, el Pleno debería celebrarse como muy tarde el 31 de mayo. En el caso de que Maya rehúse cumplir el mandato de la oposición, la sesión se convocaría alrededor de la segunda semana de junio.
Las fuerzas progresistas pretenden con esta propuesta conocer si el responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento –un cargo de libre designación– realizó trabajos para la coalición UPN-PP-Cs al margen de su ámbito de actuación.
Un peritaje desvelado por EH Bildu asegura que el citado responsable de los servicios jurídicos empleó más de 30 horas desde su ordenador oficial del Consistorio y en horario laboral para los informes que presentó Navarra Suma en contra de la planta de residuos proyectada por la Mancomunidad en Imárcoain.
El objetivo de la mayoría progresista con su propuesta es crear una comisión especial que estudie el alcance de estos trabajos y si se han repetido en más ocasiones.
Si prospera, Pamplona se unirá a otras 14 ciudades españolas donde ya existe la posibilidad de poner en marcha una comisión de investigación, como por ejemplo ha sucedido recientemente en Madrid con los pagos a comisionistas por la compra de mascarillas.
La fórmula que han consensuado EH Bildu, PSN y Geroa Bai pasa por promover un Pleno extraordinario en el que el único punto será la citada modificación del reglamento.
En concreto, han planteado introducir 6 nuevos artículos e incluir la propia figura de la comisión de investigación equiparada a las comisiones permanentes y no permanentes, ya existentes; y fijar un calendario.
La comisión estará compuesta por el mismo número de representantes políticos que tienen las comisiones informativas ordinarias nominados por cada grupo y que la presidencia y vicepresidencia recaerá en personas pertenecientes a cualquiera de los grupos de la oposición para garantizar su imparcialidad.
Las peticiones de comparecencia, incluso para personas ajenas a la institución, se entenderán aceptadas "siempre que cuenten con el respaldo mayoritario de la Comisión", por lo que "la presidencia estará obligada a convocarlas".
En cuanto a las sesiones de esta comisión pide que sean "públicas con acceso a la ciudadanía y a los medios de comunicación" y que "la primera convocatoria" se realice "en un plazo no superior a los diez días desde la aprobación de este acuerdo, sin que en ningún caso pueda coincidir el mismo día con otras Comisiones Informativas o sesiones de Pleno".
La obtención de antecedentes y documentos necesarios para esclarecer los hechos será otra prerrogativa de los miembros de estas comisiones respecto a los trabajadores de la administración municipal.
Al final de estos trabajos se encargará un informe que se aprobará por mayoría y al que se adjuntarán los votos particulares que se hayan hecho sobre las conclusiones.