La pasada semana el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu dejó claro que la subida salarial de los empleados públicos de la CAV no podría en ningún caso superar el máximo fijado por el Gobierno español. Un máximo que finalmente se fijó ayer en la Mesa General de Negociación de la Función Pública. En concreto ha salido adelante la propuesta del Ministerio de Hacienda de subir hasta un 3,5 % los salarios públicos en los Presupuestos de 2023, con el apoyo de CCOO y UGT, con quienes ha pre acordado una alza adicional del 1,5 % en 2022 y de hasta el 2,5 % en 2024.
El incremento adicional del 1,5 % para 2022 se sumará al 2 % aplicado desde principios de año, con lo que la subida salarial para el período 2022-2024 será en total del 8 % fijo, con la posibilidad de que alcance el 9,5 % con la parte variable, ha informado el ministerio.
Una subida real del 9,8%, según Hacienda
La subida en términos reales llegará al 9,8 %, según Hacienda, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida y, por tanto, el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior.
El alza de 2023 tendrá una parte fija del 2,5 % y una variable del 1 %, que se divide en 0,5 puntos si la suma del índice de precios armonizado (IPC) de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6 %, y otros 0,5 puntos si el PIB nominal de 2023 llega al 5,9 %.
La de 2024 contempla un incremento del 2 % fijo, más un 0,5 % variable si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8 %.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha mostrado su "intención" de que el acuerdo sirva de "guía" para un pacto de rentas en el sector privado.
Sin unanimidad
El acuerdo del Ministerio de Hacienda es con CCOO y UGT pero con el CSIF. El presidente nacional del sindicato independiente, Miguel Borra, ha mostrado su "absoluto rechazo" a la propuesta del Gobierno porque, ha subrayado, implica que los empleados públicos van a "volver a perder capacidad adquisitiva".
CSIF ha criticado que con la subida fija de tres años "no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de este año", cuando los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo de casi el 10 % en los últimos dos años.
Borra ha afeado que la propuesta consista únicamente en una subida fija del 6 % en tres años (8 % contando con los dos puntos ya subidos en 2022) y que la parte variable, vinculada a la evolución del PIB y el IPC, requiera, por ejemplo, que en 2023 la economía crezca un 5,9 %, algo "muy difícil".
ELA convoca huelga general
El sindicato ELA insiste en que las condicionales laborales y los salarios de los funcionarios públicos deben negociarse en Euskal Herria y no en Madrid y rechaza la subida planteada por el Ministerio de Hacienda así como que no se puede superar ese límite del 3,5% en Euskadi. Por ello ha convocado una huelga en el sector público. Una acción que ha sido criticada por el sindicato LAB que le acusa de adoptar decisiones unilaterales defendiendo sus propios intereses