Los 18 millones que rechaza la Ertzaintza cubrirían las ayudas para 29.000 familias

En la reunión del pasado viernes en la sede central de Erandio entre el Departamento de Seguridad y los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, ESAN, Euspel y Sipe (más el colectivo asindical Ertzainas en lucha a través de Euspel), estos se negaron a estudiar la propuesta de la consejería que lidera Josu Erkoreka, formada por 37 medidas concretas para mejorar las condiciones laborales de los agentes con un desembolso de al menos 18 millones de euros. A fecha de hoy, la contraoferta que las centrales llevaron a ese encuentro también sigue siendo un misterio, ya que rechazaron abordarla si no se aceptaba de primeras un punto a su juicio irrenunciable: el incremento salarial. Si la anterior reunión del 30 de mayo se prolongó durante siete horas, la del viernes no llegó a la media hora.

La resolución del conflicto sigue, por tanto, en un punto muerto, con el siguiente paso de los ertzainas previsto este martes con la manifestación que celebrarán en Gasteiz y que pasará por Lehendakaritza, coincidiendo con el Consejo de Gobierno. Los 18 millones en inversión para los agentes del cuerpo han quedado por el momento en el aire. Según datos oficiales a los que ha tenido este medio, esa inversión millonaria tendría un largo recorrido en otros departamentos y políticas del Gobierno vasco, incluyendo destinar Ayudas de Emergencia Social (AES) para 29.000 familias o individuos, construir cerca de cinco nuevos centros de salud, doblar el presupuesto de Emakunde y realizar 60 campañas de concienciación contra la violencia machista.

Prevenir la exclusión

Ampliando el foco de la utilidad que se podría dar a 18 millones de euros, el resultado arroja una amplísima variedad de posibilidades. Respecto a las políticas departamentales en el ámbito social, esa cantidad serviría para articular dos veces el servicio de teleasistencia BetiOn, de atención permanente en el domicilio, las 24 horas del día y todos los días del año, que ejerce personal especializado para dar respuesta inmediata a situaciones de emergencia o necesidad social.

Cubriría a su vez toda la red residencial, de 1.500 plazas, para personas con enfermedad mental del sistema de servicios sociales. Lo mismo se puede aplicar al programa Trapezistak de acompañamiento a jóvenes sin una red familiar para evitar su exclusión social, que actualmente da servicio a 330 personas. El presupuesto total de Aukerak, programa que da trabajo a 500 personas privadas de libertad, se queda por debajo de la cantidad ofrecida a los ertzainas, con 16 millones.

Como se ha apuntado, los 18 millones de euros equivaldrían a las ayudas de emergencia para 29.000 familias. También sufragarían el bono térmico (la concesión de ayudas directas para paliar la pobreza energética) de 49.500 unidades familiares y compensaría el 70% de todas las ayudas destinadas a conciliar la vida familiar y laboral.

Siguiendo con esta comparativa, las distintas áreas del Departamento de Igualdad destinan justo la mitad de presupuesto, 9 millones de euros, a la sensibilización y atención contra la violencia machista, sin contar el personal. Las campañas de prevención del 8-M y el 25-N cuestan 600.000 euros, lo que supondría realizar 60 campañas al año.

Suma y sigue: en el apartado de la salud, con los 18 millones se cubriría la convocatoria de desarrollo profesional de todo 2022, que asciende a entre 15 y 16 millones. Llamativo es también el titular de que serviría para levantar 4,5 nuevos centros de salud, toda vez que, por ejemplo, el de Laudio costó 11 millones de euros y el de Oion tuvo un presupuesto de 2,2 millones. Abriría asimismo la puerta a 5.000 plazas sociosanitarias, que están cofinanciadas al 50% con las Diputaciones.

Ayudas escolares

Los 18 millones de euros que se quedaron metafóricamente sobre la mesa el viernes en la macrocomisaría de Erandio también tienen una equivalencia en el apartado de Justicia, que se ha visto sometido a su vez a huelgas e inestabilidad. Así, el acuerdo alcanzado con la parte sindical en materia de personal de la Administración de Justicia (unas 2.500 personas), según el cual el personal no homologado pasa a ser homologado, asciende a 10,9 millones de euros.

La actualización de los turnos de abogados y procuradores de oficio en Asistencia Jurídica Gratuita se llevó un pellizco de 2,6 millones de euros. Y las nuevas dotaciones de personal en la administración penitenciaria y en el Centro Educativo de Justicia Juvenil de Ibaiondo (195 y 40 personas, respectivamente), otros 11 millones de euros.

Para finalizar, en Educación el coste de la aportación para las aulas de 2 años en los centros concertados es de 307.000 euros para el curso 2023-2024. La estimación total para todo el curso asciende a 23.559.846 euros. Y en Cultura, con los 18 millones de euros para la Ertzaintza se podría pagar doblemente la financiación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, lo que incluye el personal, gastos, contrataciones, alquileres... Esa cantidad es, por último, la mitad del presupuesto de Cultura y Patrimonio del Gobierno vasco.

Igualar el salario

“No estamos pidiendo más que la equiparación salarial en línea con las Policías Locales mejor retribuidas que componen la Euskal Polizia”, explicaba a este medio un alto representante sindical sobre sus reclamaciones. “Además de la parte correspondiente en materia de modernización de materiales y herramientas de trabajo denunciada infinidad de veces”, añadía. Sobre la equiparación “en línea”, apuntaba que se trata de que el salario sea “acorde o igual al de esas policías mejor remuneradas”. “Ejercemos más funciones que ninguna de ellas”, concluía.

El mismo viernes, varias horas después de la reunión infructuosa, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, calificó de “irreal, intransigente y absolutamente irresponsable” el planteamiento de las centrales sindicales de una “subida lineal” para todo el cuerpo policial. Aclaró que, además de ser “ilegal e inconstitucional”, supondría un impacto presupuestario de más de 100 millones de euros anuales.

El vicelehendakari explicó que existe una “consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional” que determina que los aumentos retributivos de los funcionarios públicos se fijan anualmente por norma básica en los Presupuestos Generales del Estado. “De cara a 2023 ese incremento máximo ya está establecido en un 2,5%, que se ha aplicado al conjunto de los empleados públicos vascos. Por lo tanto, un incremento lineal sería objeto de impugnación por la Abogacía del Estado”, dijo, y añadió que los sindicatos son conscientes de esta circunstancia.