Los abogados que representan al presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, denunciaron hoy miércoles "las serias violaciones de derechos humanos" cometidas por el organismo anticorrupción por tratar de interrogar de manera forzosa a su cliente, que se está negando a declarar, a cuenta de su imposición de la ley marcial en diciembre.
En un comunicado enviado a los medios, los letrados de Yoon denuncian que funcionarios de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) se personaron hoy de nuevo en el centro de Uiwang (al sur de Seúl) donde el mandatario está en prisión preventiva desde hace una semana, para tratar de trasladarlo forzosamente a su sede para que declare.
Es la tercera vez que los funcionarios acuden al centro de detención después de que un tribunal prolongara el domingo el arresto de Yoon y de que sus intentonas del lunes y el martes concluyeran sin éxito.
Tras insistir durante cinco horas los funcionarios del organismo desistieron hoy también tras la negativa del mandatario a colaborar.
Responsables del CIO han indicado que barajan ahora otras opciones, incluida la posibilidad de tratar de hacer que Yoon declare en el propio centro de detención.
"La CIO argumenta que puede aprehender por la fuerza a un sospechoso que ya ha ejercido su derecho a permanecer en silencio. Pero la opinión general en el ámbito académico es que prender por la fuerza a un sospechoso que ya ha ejercido su derecho a permanecer en silencio viola dicho derecho garantizado por la Constitución y lo obliga a declarar, lo que constituye una investigación ilegal", afirman por su parte los letrados de Yoon en el comunicado.
Los abogados del Yoon consideraron además que las continuas interrupciones de las reuniones con su cliente por parte del CIO "están impidiendo que el presidente ejerza de manera apropiada su derecho a defenderse en su juicio de destitución" que se celebra actualmente en el Constitucional, que ha establecido, recuerdan, un calendario muy ajustado con solo cinco vistas orales ordinarias.
Consideran también "excesiva" la prohibición desde el domingo de que Yoon pueda enviar o recibir cartas o que solo pueda recibir visitas de su equipo legal bajo el argumento de que podría destruir pruebas.
El equipo defensor del presidente volvió a calificar la investigación penal de "ilegal", al considerar que el CIO y el tribunal que expidió las ordenes de arresto de Yoon carecen de competencia en el caso, pese a que un juez del Distrito Central de Seúl desestimó recientemente su rogatoria para que anulara la validez del proceso, que consideró que se ajusta a derecho.
Yoon, que está arrestado de manera preventiva desde el 15 de enero, es investigado penalmente por un posible delito de insurrección que podría castigarse con cadena perpetua o pena capital.
A su vez, el Constitucional tiene hasta junio para decidir si el cese de Yoon aprobado por el Parlamento el pasado 14 de diciembre será definitivo o si lo restituye en el cargo. En caso de que su inhabilitación quede ratificada deberán convocarse elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte.