Una mayoría absoluta de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la junta de accionistas de la compañía han respaldado el plan de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos, votando a favor de la propuesta.
Con un quórum del 77,6%, la junta ha dado 'luz verde' a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.
En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado.
Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.
Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese de derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.
El único fleco abierto ahora será el del coste fiscal de esta operación, es decir los impuestos a pagar por el traslado. El Gobierno español ya ha advertido a la empresa que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos (sino fiscales) para realizar la operación, no quedará exenta de las ventajas fiscales que aplican en estos casos.
Por el contrario, el presidente de la compañía, Rafael del Pino, ha defendido en su discurso en la junta que la operación podrá acogerse al régimen de neutralidad fiscal, al contar con motivos económicos y no fiscales.
El principal accionista de Ferrovial es su presidente, Rafael del Pino, que controla el 20,4% del capital, seguido de su hermana María del Pino (8,2%); el fondo británico TCI (6,4%), fundado por Christopher Hohn, un británico multimillonario que aparece en el puesto 273 de la lista Forbes de las mayores fortunas del planeta; su otro hermano Leopoldo del Pino (4,1%) y los fondos BlackRock (3,18%) y Lazard (3%).
Tras la decisión de la junta de dar luz verde al traslado de la sede de la empresa a Países Bajos, las acciones de la compañía rebotaban un 1,25%, hasta intercambiarse a un precio de 27,48 euros.
Críticas de accionistas al Gobierno de Sánchez
La junta se ha celebrado con normalidad, a excepción de una mayor presencia de medios de comunicación de lo habitual, así como de más intervenciones por parte de los accionistas de las que suele haber en las juntas de otros años.
En concreto, han intervenido cuatro accionistas, tres de ellos para criticar la posición del Gobierno español respecto a este asunto. Así, el secretario general de la Federación Mundial de Inversores, el belga Jean-Pierre Paelinck, ha acusado al Gobierno español de "violar el derecho de propiedad" de los accionistas de Ferrovial con sus "injerencias" en la decisión de la compañía de trasladar su matriz a Países Bajos.
Paelinck, que ha intervenido en nombre de los accionistas minoritarios en la junta general que vota el traslado de la sede, ha calificado de "excesivos, improcedentes y al borde de la ilegalidad los ataques que han realizado las autoridades españolas al proyecto de fusión" transfronteriza de la constructora.
"A los accionistas de Ferrovial se nos debe permitir ejercer los derechos que nos otorga la legislación europea y española libremente, si ningún tipo de amenaza, en el marco de seguridad jurídica", ha afirmado.
Tras denunciar que "algunos miembros del Gobierno pretenden cambiar esta seguridad aprobando leyes 'ad hoc' que restrinjan la soberanía de los accionistas", ha recalcado que "cualquier interferencia de las autoridades públicas es una violación del derecho de propiedad".
En la misma línea, el presidente de la asociación eslovena Vzmd, Kristjan Verbic, que representa a 5 millones de accionistas minoritarios, ha subrayado que los principios fundamentales de la Unión Europea pasan por la libertad de establecimiento y que las decisiones de las compañías privadas y cotizadas tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas y no por los políticos o Gobiernos.
Otros acuerdos
Al margen del punto del día relacionado con el traslado de la sede de la empresa, la junta también ha aprobado otros acuerdos planteados en el seno del consejo de administración como la reelección de su consejero delegado, Ignacio Madridejos, en la categoría de consejero ejecutivo.
Madridejos, junto con los consejeros Philip Bowman, Hanne Birgitte, Juan Hoyos Martínez de Irujo y Gonzalo Urquijo, fueron nombrados o reelegidos en abril de 2020 por un periodo de tres años. Tras vencer este plazo, todos ellos han vuelto a ser nombrados en esta junta para otros tres años.
Ernst & Young también ha sido propuesto para su reelección como auditor de las cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado por un periodo de un año.
Respecto a la remuneración al accionista, Ferrovial ha vuelto a proponer un dividendo flexible por un máximo de 520 millones de euros a repartir en dos tramos y una recompra de acciones por un total máximo de 500 millones de euros.
El primer pago del dividendo se llevará a cabo a través de una ampliación de capital de 207 millones de euros y la segunda por medio de otra de 313 millones, mismos importes que hace un año. En cuanto a la recompra de acciones de 500 millones de euros, el número de acciones a adquirir no podrá exceder de 34 millones de acciones, representativas del 4,674% del capital social de la empresa.
Por último, también se ha aprobado un plan de entrega de acciones dirigido a los miembros del consejo que desempeñen funciones ejecutivas, con una vigencia de tres años y un máximo de 175.000 acciones anuales, que a precios actuales de mercado equivalen a 4,6 millones de euros.