Los agentes sociales acercan posturas en la reforma que dificultará la prejubilación

La negociación sobre la reforma de las pensiones quema sus últimas etapas y se conforma un acuerdo que, de una forma y otra, dificultará en el futuro el acceso a la jubilación. Por un lado se pondrán más trabas para que los trabajadores se retiren antes de llegar a la edad legal y por otro habrá incentivos para los que decidan continuar en activo una vez superado ese límite.

Aunque no hay fecha para culminar el proceso, el Gobierno central ha sugerido las últimas semanas que las posiciones están muy cerca e incluso podría presentarse el texto en la primera quincena de este mes. Mientras que sindicatos y empresarios, que quieren mantener la tensión en el diálogo, solo reconocen que hay avances.

Lo que sí ha trascendido ya es que aquellos que se prejubilen voluntariamente dos años antes tendrán mayor penalización que en la actualidad, ya que el coeficiente reductor de su pensión será mensual –ahora es trimestral– y con un porcentaje mayor. Al contrario, los trabajadores que se retiren con menos de 23 meses de antelación saldrán beneficiados por la reforma.

A ese esquema penalizador hay que sumar los incentivos que tendrán los que decidan seguir trabajando una vez superada la edad legal, que continúa avanzando hacia los 67 años para aquellos que no hayan cotizado 38 años y medio.

Además, la reforma de pensiones que negocian Gobierno, sindicatos y empresarios quiere impedir que se amorticen los puestos de trabajo de las personas que, por convenio colectivo, se jubilan obligatoriamente si cumplen una serie de requisitos. Para ello, según han señalado a Europa Press en fuentes de la negociación, la idea que se contempla en la reforma es obligar a las empresas que en sus convenios de aplicación tengan cláusulas de jubilación forzosa a que contraten como mínimo a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada jubilado forzoso.

El Ministerio de Seguridad Social barajaba en uno de los borradores de la reforma de pensiones acabar con las cláusulas de jubilación forzosa de los convenios colectivos si el trabajador tenía menos de 68 años, manteniéndolas para los convenios vigentes y hasta que estos dejaran de estar en vigor.

jubilación forzosa

Ante la oposición empresarial a eliminar estas cláusulas, lo que se pretende ahora es establecer una vinculación más directa entre la cláusula de jubilación forzosa y la estabilidad en el empleo, como querían los sindicatos, obligando a las empresas a contratar como mínimo a un trabajador por cada persona que se jubile forzosamente con 68 años o más si cumple los requisitos legales y estableciendo además que el contrato debe ser fijo.

En este sentido, para los que, en virtud de su convenio, se jubilen forzosamente al cumplir la edad legal de retiro (65 años o 66 años en 2021 dependiendo de su carrera de cotización y 67 años a partir de 2027) y tengan derecho al 100% de la pensión, se baraja que esa contratación indefinida obligatoria se realice con mujeres en aquellas actividades económicas donde están subrepresentadas. Se trata en definitiva de facilitar el acceso de ellas a sectores como la industria o la construcción

Estas dinámicas que actúan directamente sobre la edad de jubilación serán las primeras en entrar en vigor. El acuerdo para la reforma de las pensiones dejará para más adelante cuestiones más controvertidas, como el nuevo factor de sostenibilidad que ligará las subidas de las pensiones a los recursos disponibles y a la esperanza de vida o el aumento del periodo de cotización sobre el que se calcula el salario de jubilación.

Los sindicatos aseguran que no firmarán el acuerdo sino se deroga ya el actual factor de sostenibilidad, pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, solo está dispuesto a eliminarlo "antes" de 2023 en un plazo sujeto a una segunda ronda de negociación para diseñar un nuevo "mecanismo de equidad intergeneracional".

Ese es sobre el papel el principal obstáculo para que se materialice el acuerdo. La revalorización anual de las pensiones continuará vinculada al coste de la vida a través del IPC, con la novedad de que si la inflación es negativa al finalizar un año las pensiones quedarán congeladas y no subirán al menos un 0,25% como ocurre ahora. Con todo, cada cinco años se evaluará en el Pacto de Toledo la regla que liga las pensiones al IPC.

las claves de la reforma

Prejubilación

más difícil. Los trabajadores que se retiren voluntariamente más de dos años antes de la edad que les corresponde tendrán mayor penalización que en la actualidad. Sin embargo, los que lo hagan con menos de 23 meses de antelación tendrán mejores condiciones que ahora.

IPC

revalorización. Se mantendrá el IPC como referencia para la subida anual de las pensiones, aunque el mecanismo se evaluará cada cinco años para garantizar la sostenibilidad del sistema. Como novedad, las pensiones quedarán congeladas en los años con IPC negativo y no subirán como ahora un mínimo del 0,25%.

Sostenibilidad

el obstáculo. Los sindicatos dicen que no firmarán el acuerdo si Escrivá no deroga ya el factor de sostenibilidad que liga las pensiones a la pirámide de edad y los recursos de la Seguridad Social. El ministro se compromete a hacerlo "antes de finales de 2022".