La Mesa de Diálogo Social de Euskadi, compuesta por Confebask y los sindicatos UGT y CCOO, dio su respaldo ayer martes a la Ley Vasca de Empleo y el nuevo Modelo Vasco de Formación de Personas Trabajadoras, “con los que se consolidan las dinámicas de concertación de las políticas públicas que inciden en el empleo y su calidad”. La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, destacó que el acuerdo alcanzado ayer martes consolida “un modelo de éxito, el de concertar no sólo las medidas para atender las urgencias, sino las medidas que van a condicionar el futuro del empleo, de las empresas y de la propia sociedad vasca en el futuro más próximo”. “Hoy seguimos dando pasos de la mano para construir con bases sólidas ese modelo transformador para una Euskadi más cohesionada”, apuntó.
En el encuentro se ha respaldado la Ley de Empleo, la primera con la que va a contar Euskadi. En este sentido, la mesa acordó garantizar el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, “lo que va a mejorar la posición de las personas como titulares de este derecho y que responde también a las necesidades de las empresas”. Según explicó la vicelehendakari, “por esta vía queremos avanzar en la adecuación entre las competencias profesionales y la oferta de empleo disponible y, a la vez, consolidar la apuesta estratégica por el empleo de calidad. “Esto es especialmente relevante, porque vamos a ser la primera Comunidad en hacerlo en España y además lo hacemos con este acuerdo expreso de la Mesa de Diálogo Social”, destacó Mendia.
Además, el texto recoge que la formación continua es “imprescindible” tanto para el desarrollo profesional como personal. Asimismo, destaca que las personas deben estar preparadas para afrontar los retos tecnológicos, los cambios climáticos, las crisis sanitarias o los retos demográficos. Y todo ello debe ir acompañado de un “modelo de orientación y de formación ágil y adaptado a los retos continuos” de los mercados de trabajo y del desarrollo de la sociedad.
En este sentido, la Mesa recuerda que, según los datos de Lanbide de octubre, el 59,68% de los demandantes de empleo tienen, como mucho, estudios de enseñanza obligatoria, mientras que los desempleados que han cursado hasta el Bachiller suponen el 8,75% del total, lo parados con FP son el 18,99% y un 12,58% tienen estudios universitarios.
Así, se aboga por un modelo propio de formación para los trabajadores, donde los retos tecnológicos, energético-medioambientales y sociodemográficos sean abordados como “transiciones justas” en las que las empresas y trabajadores dispongan de las herramientas de orientación y formación que les ayuden a adaptarse progresivamente a los cambios.