Un alivio temporal. Es lo único que puede esperar este jueves el Gobierno español en la votación de las enmiendas a la totalidad que rechazan su proyecto de Ley de Vivienda. Un alivio, porque da por hecho que va a superar ese trance y que las cinco enmiendas de devolución, presentadas entre otros por el PNV, serán probablemente rechazadas por el pleno. Pero será temporal, porque después le espera una intensa negociación de las enmiendas parciales con los grupos, y particularmente con sus socios de investidura y sus aliados habituales, que le piden, entre otras cuestiones, que respete las competencias autonómicas.
En ese sentido, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, elevó este miércoles el tono, y no solo confirmó que su grupo mantiene la enmienda de devolución: dejó ver que no piensa renunciar a ella. "No vamos a retirarla", dijo, argumentando para ello que la ley rompe de manera "flagrante" el reparto competencial. El PNV defiende que la vivienda es una materia de titularidad autonómica en virtud del artículo 148.1. 3º de la Constitución española, y del punto 10.31 del Estatuto de Gernika.
Eso sí, siguiendo la tónica del resto de los grupos y el runrún generalizado en Madrid, se puso ya en el escenario de que la ley supere el trámite de las votaciones de totalidad: invitó entonces a negociar las enmiendas parciales hasta su votación definitiva.
EH BILDU APOYARÁ LA DE ERC
No habrá una posición conjunta de los dos grupos nacionalistas vascos. EH Bildu no va a respaldar la enmienda a la totalidad del PNV, votará en contra de todas, y tampoco ha presentado la suya. Oskar Matute lo justificó en que algunas enmiendas a la totalidad, no todas, pretenden generar un debate "falso" que gire en torno a la propiedad privada.
Las enmiendas a la totalidad que están sobre la mesa son del PNV, PDeCAT, Junts, PP y C's. Fuentes de la coalición abertzale consultadas por este periódico explican que Matute se refería, por ejemplo, a las enmiendas del PP y C's, que creen que esta ley quebranta la libertad de mercado. Pero estas fuentes aclaran que sí comparten "la necesidad de corregir la invasión competencial que supondría la ley tal y como está redactada, ya que la materia relativa a la vivienda está transferida a las comunidades autónomas".
Lo que sucede es que, al votarse en bloque todas las enmiendas de devolución, con el PNV y el PP en el mismo saco, EH Bildu se opondrá a todas. Sí votarán a favor, en cambio, de la enmienda a la totalidad con texto alternativo de ERC, que se votará por separado, y que también pide eliminar cualquier regulación de urbanismo por invasión competencial, y por otro lado, tener una mayor ambición en el ámbito fiscal o procesal. EH Bildu, por su parte, asegura que trabajará en el trámite de las enmiendas parciales para "blindar las competencias de las instituciones vascas".
De hecho, el texto alternativo de ERC podría sumar el respaldo de otras formaciones de izquierda como Más País o Compromís. De ahí que el Gobierno de Pedro Sánchez, y la ministra Raquel Sánchez en particular, tengan todavía una trayectoria plagada de obstáculos para aprobar esta ley, que empieza ya con mal pie con una enmienda a la totalidad de su socio más estable, el PNV.
COMPETENCIAS Y MEDIDAS
La votación escenificará la disparidad de estrategias entre el PNV y EH Bildu, un grupo al que los jeltzales reprocharon en anteriores tramitaciones que haga prevalecer el eje de izquierdas frente a la defensa competencial, aunque en este caso la coalición abertzale también denuncia una invasión de las atribuciones vascas. Ya en febrero de 2021, el PNV votó en contra del decreto del Ingreso Mínimo Vital porque entraba a regular el papel de las entidades del tercer sector, y EH Bildu se abstuvo, porque en el mismo paquete se incluían las ayudas a las mujeres con pensiones más bajas. En la Ley de Vivienda, la tensión se ha vivido en los últimos días entre el PNV y Podemos. El partido de Belarra acusó a los jeltzales de alinearse con el lobby de la vivienda, y el PNV contraatacó acusando a Podemos de pasar de manera constante por encima de las competencias autonómicas con el mantra de la igualdad.
La Ley de Vivienda incluye medidas para limitar los precios del alquiler a las empresas con más de diez viviendas. En el caso de los particulares, de los caseros, se opta por una bonificación fiscal de hasta el 90% si rebajan el alquiler y lo congelan tres años. Pero la aplicación de las medidas depende de la declaración de zonas tensionadas que decidirán las comunidades.