Trabajar con víctimas de accidentes tras haber cometido un delito contra la seguridad vial o limpiar parques por haber dañado el mobiliario urbano. Más de siete mil personas realizan labores como estas para cumplir sus penas en Bizkaia. Una alternativa a la prisión que se pretende potenciar gracias al acuerdo-marco firmado este jueves por el Gobierno vasco y Eudel para que los ayuntamientos y entidades locales de la CAV incrementen la oferta de plazas destinadas a tal fin.
La pandemia no ha respetado ni a quienes trataban de reparar el perjuicio causado poniéndose manos a la obra. La posibilidad de cumplir condena con trabajos en beneficio de la comunidad se ha visto "seriamente afectada" en los dos últimos años por las restricciones impuestas para combatir el covid. De hecho, el cierre de entidades y las limitaciones de movilidad o de aforo han reducido e incluso imposibilitado la realización de ciertas actividades.
Para paliar este déficit la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y el presidente de Eudel, Gorka Urtaran, han suscrito hoy en Gasteiz un convenio que "busca la consecución de una sociedad más justa, amparada en los valores de la justicia restaurativa, en la reconducción de las conductas y en el beneficio de la comunidad". Con este objetivo, Artolazabal ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos y entidades sociales, ya involucradas en estos programas. "Necesitamos que aumenten las plazas destinadas a que estas personas privadas de libertad puedan cumplir sus condenas alejadas de un centro penitenciario", ha manifestado.
"La semi-libertad disminuye la reincidencia"
Con el convencimiento de que "incrementar el régimen de semi-libertad propicia disminuir los índices de reincidencia" y es "una herramienta imprescindible para alcanzar altos niveles de reinserción", la consejera ha aclarado que no se trata de "una visión buenista". "Las personas que cumplen penas en trabajos en beneficio de la comunidad son personas que están privadas de libertad y que tienen que responder ante la Justicia por el delito cometido trabajando para ayuntamientos, asociaciones del tercer sector, clubes deportivos, culturales, sociales...", ha detallado.
Realizar un taller de igualdad tras una condena por violencia machista o un programa para controlar la ira tras una agresión son, junto con las labores de jardinería, reparación de mobiliario urbano o servicios sociales, algunos de los trabajos con los que estas personas pueden reconducir sus vidas. "Démosles esa oportunidad para resarcir a la sociedad tras haberla fallado", ha emplazado.
Por último, Artolazabal ha destacado que estas medidas alternativas a la prisión "forman parte del modelo penitenciario vasco que queremos impulsar" y "evitan la ruptura con la vida familiar, laboral o social de la persona penada", al tiempo que "propician valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común".
Evitar el desarraigo familiar, social y laboral
Por su parte, el presidente de Eudel y alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha explicado que su "compromiso es facilitar que el mayor número posible de personas puedan cumplir su pena dentro de su municipio y evitar así el desarraigo de su entorno familiar, social y laboral". En este sentido, ha destacado el "doble beneficio" que supone para la calidad de vida de la persona y, a su vez, para la comunidad local de la que forma parte.
Urtaran ha puesto en valor el papel de los consistorios como "aliados necesarios" para aumentar el número de plazas destinadas a trabajos en beneficio de la comunidad y subrayó la importancia del impulso de Eudel en este acuerdo. "Nuestro objetivo es involucrar a los ayuntamientos, mancomunidades y demás entidades locales para sumar entre todos más y mejores oportunidades para la resocialización de las personas penadas y conseguir con ello unos municipios más inclusivos y cohesionados socialmente", ha defendido.
Comisión de seguimiento
El acuerdo-marco firmado esta mañana por el Gobierno vasco y Eudel pretende afianzar el modelo de ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad bajo la perspectiva de la justicia restaurativa. Además de los ayuntamientos vascos, en la gestión de estas penas también colaboran las entidades sociales del Tercer Sector.
En virtud de este documento, ambas instituciones promoverán la oferta de plazas "mediante la suscripción de convenios de colaboración individualizado" que tendrán una vigencia de cuatro años. Para ello se establecerá una comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, que tendría, al menos, una reunión al año.
No afecta al empleo y no cobran
El compromiso del Gobierno vasco es hacerse cargo de la cobertura de contingencias que corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social, así como de la "gestión, coordinación y seguimiento de la pena mediante contactos con los responsables del trabajo del Ayuntamiento o Mancomunidad"
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Por su parte, las entidades locales deben reservar plazas para el cumplimiento de las penas, aportando los conocimientos y la preparación necesaria para que se pueda realizar el trabajo de manera eficaz. Cada entidad local deberá realizar el seguimiento del trabajo realizado y elaborar un informe de valoración una vez finalizado el plan de ejecución. Además, "no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo de la entidad local existentes o futuros".
Por su parte, la persona penada no obtendrá ningún tipo de retribución por su actividad, ni tampoco tendrá relación contractual.