Los barcos de rescate plantan cara a Italia

Los barcos de rescate humanitario ya no podrán pasar varios días en el Mediterráneo central realizando distintos rescates, las peticiones de asilo se tendrán que realizar en la misma nave y estas podrán ser confiscadas en caso de incumplir las normas. Estas son algunas de las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de Italia y suscritas por la presidencia italiana el pasado 2 de enero de 2023.

Desde su llegada al Gobierno el pasado mes de octubre, el Ejecutivo liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni ha comenzado una auténtica cruzada contra las organizaciones que se dedican a rescatar vidas de hombres, mujeres, niños y niñas en el mar.

El 4 de noviembre, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, el de Defensa, Guido Crosetti y el de Transporte e Infraestructura, Ma-tteo Salvini, aprobaban un decreto por el que los barcos de rescate de personas solo podrían entrar a puerto en caso de emergencia y desembarcar a personas en condiciones de salud precarias, es decir, un desembarco selectivo. El resto deberían permanecer en las embarcaciones, volver a aguas internacionales y que los países indicados en las banderas de los barcos se hicieran responsables de las personas supervivientes.

El decreto provocó que, a los pocos días, cuatro barcos con más de 1.000 personas rescatadas esperaran asignación de puerto seguro sin encontrar respuesta. Como apunta Iñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), la ONG que gestiona el Aita Mari y que prevé salir este mismo mes al Mediterráneo central, “la ley internacional dice que una operación de búsqueda y rescate finaliza cuando todos los supervivientes son desembarcados en un lugar seguro, por lo que es ilegal seleccionar a algunos de ellos, de hecho, va contra la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar”.

Así, Italia realizó desembarcos selectivos con el Humanity 1 –una de las 30 personas que tuvieron que quedarse a bordo perdió el conocimiento al saber que se le negaba pisar tierra europea–, y con el Geo Barents, pero permitió al Rise Above un desembarco completo al considerar que el rescate se realizó en zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo de Italia.

Pero a las pocas horas el plan italiano hizo aguas “con las tripulaciones negándose a abandonar puerto con los supervivientes a bordo. También creemos que los equipos sanitarios italianos que tenían que decidir quiénes desembarcaban, presionaron para acabar con aquella pantomima”, relata Mijangos.

En cambio, un cuarto barco, el Ocean Viking que llevaba 18 días esperando puerto, con la tripulación y los 234 supervivientes exhaustos, tal y como declaró la propia ONG, decidieron pedir puerto a Francia, situación que desató una crisis diplomática entre ambos países.

Giro en la política

Tras este suceso, Meloni dio un giro a su política antimigratoria: asignar puertos lejanos. “Los puertos se suelen dar en Sicilia, fundamentalmente en la costa sur-suroeste. Pero ahora han comenzado a darlos en cualquier punto de Italia. Hay barcos que han tenido que viajar hasta cuatro días teniendo los puertos habituales muy cerca. La idea es clara, que las embarcaciones estén días navegando y sin rescatar. Es un auténtico despropósito”.

Finalmente, a las puertas de cerrar el año, el gobierno de ultraderecha ha aprobado un decreto para la gestión de los flujos migratorios y la simplificación de trámites migratorios que “pretende dar cobertura legal a las sanciones y a las detenciones de los barcos”. “De hecho,” insiste el presidente de SMH, “ya existe una legislación internacional que deja muy clara la obligación de rescatar. Una obligación que, por cierto, no nos corresponde a la sociedad civil, sino a los propios gobiernos. Algo que se incumple sistemáticamente”.

Esta nueva norma indica que nada más realizar el primer rescate, se debe pedir puerto y poner rumbo sin demora para completar la acción de salvamento. “Pretenden dar una imagen casi de colaboración y rapidez, pero no es así. Ahora te conceden puertos muy lejanos, pero es que, si no cumples, si te quedas dos o tres días a ver si llegan más botes, te pueden sancionar y los barcos grandes están preparados para estar varios días, incluso una semana rescatando. El barco Aita Mari es pequeño (tiene capacidad para 150 personas) y nuestros rescates suelen ser prácticamente simultáneos, con diferencia de pocas horas entre unos y otros, así que no creo que nos afecte, pero, ¿qué problema hay en que los barcos grandes vayan comunicando los rescates que hacen y cuando tengan el barco lleno vayan a puerto? De hecho, ya lo hacemos, comunicamos a las autoridades todos y cada uno de los rescates. Lo que está claro es que esta decisión aumenta el riesgo de que haya pateras que queden desatendidas, es decir, más muertes de personas que han sido forzadas a abandonar sus países”.

Así, en caso de no pedir puerto seguro tras el primer rescate, los capitanes se enfrentarán a multas de hasta 10.000 euros con posibilidad de una inmovilización administrativa de 20 días para la embarcación.

Multas de hasta 50.000 euros

La multa podría elevarse hasta los 50.000 euros, con la incautación del buque, cuando se incumpla el código de conducta impuesto por este país y se trate de entrar en aguas italianas sin la autorización debida por parte de las autoridades.

Finalmente, el decreto obliga a los capitanes a informar a los migrantes a bordo sobre la posibilidad de solicitar asilo para que el país de cuya bandera sea la embarcación se ocupe del proceso, algo que para Mijangos es “simplemente insostenible. Hay una circular y una serie de recomendaciones de Acnur que establecen que los barcos no son lugares adecuados y que no están acondicionados para hacer ningún tipo de evaluación de asilo. Ni hay intérpretes ni la tripulación está cualificada para recoger testimonios o valorar la vulnerabilidad de las personas rescatadas”, dice.

A pesar de que este decreto supone un obstáculo más para los barcos de rescate, estos llevan años sufriendo auténticas campañas de criminalización por parte de distintos gobiernos. Es el caso del barco Iuventa, confiscado por las autoridades italianas hace cinco años. En 2021, tras una larga investigación, se presentaron cargos contra cuatro miembros de la tripulación acusados de “ayudar y colaborar con las entradas no autorizadas a territorio italiano”. Se enfrentan a 20 años de prisión y a una multa de 15.000 euros por cada persona rescatada en varias actuaciones.

Davide Salvadori, miembro del equipo de apoyo al Iuventa, narra las numerosas irregularidades que se están dando durante el proceso judicial. “La audiencia se ha suspendido en distintas ocasiones por repetidos errores de la Fiscalía como el no proporcionar traductores competentes o la falta de información a los acusados sobre aspectos cruciales del proceso, vulnerando así sus derechos fundamentales y poniendo en cuestión que este juicio pueda considerarse justo”.

El 3 de diciembre se permitió por primera vez la presencia de observadores internacionales en el proceso, “y ante los numerosos errores del procedimiento y la falta de garantía de juicio justo se ha vuelto a interrumpir para que la Fiscalía rectifique sus errores”, comenta Salvadori.

Rescatadores señalados

Pocos días después llegaban buenas noticias para el equipo del Iuventa, que ha ido viendo durante estos años cómo el barco se oxidaba y estaba cada vez en estado más deplorable:. “El juez de instrucción de Trapani ordenó a la capitanía del puerto reparar la nave y restaurarla tal y como estaba antes del embargo”.

Pero las buenas noticias duraron poco. El 19 de diciembre “el primer ministro italiano, junto al ministro de Interior, en una decisión prácticamente inédita, nos demandaron como acusación privada en el juicio, alegando graves perjuicios económicos y morales como consecuencia de los presuntos actos delictivos cometidos”.

A pesar de todo, Salvadori lo tiene claro. “El mismo gobierno que nos acusa de daños morales, asesina a miles de personas cada año en el Mediterráneo central y mantiene acuerdos con Libia para expulsar en caliente a miles de personas y devolverlas a un país devastado por la guerra. Más de 20.000 personas en 2022. Estos son crímenes contra la humanidad y son ellos los que deberían estar en el banquillo de los acusados. Nuestro único delito ha sido salvar la vida de más de 14.000 personas entre 2016 y 2017. Pero no somos los únicos criminalizados. La policía italiana ha arrestado a más de 2.500 personas en movimiento desde 2013 y hubo al menos 1.905 personas condenadas en prisiones griegas en 2019. Estas personas se enfrentan a los juicios sin ninguna posibilidad de buscar asistencia legal y sin ningún conocimiento de los delitos de los que se les acusa”, concluye.