Los colegios concertados consideran "extraño" que el Tribunal Constitucional haya decidido cambiar su propia jurisprudencia sobre la educación diferenciada dictada en 2018 y que avalaba el derecho a recibir ayudas públicas a estos centros para avalar ahora la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, que precisamente elimina los conciertos para estos centros.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional conocida este jueves 23 de marzo de avalar íntegramente la 'Ley Celaá', que implicaría que los colegios que segreguen por sexo no puedan recibir ayudas públicas, a los colegios concertados sólo les quedaría la posibilidad de recurrir la sentencia en el Tribunal de Estrasburgo para intentar no perder el concierto.
En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, ha señalado en declaraciones a Europa Press que no pueden "decir nada" hasta no conocer la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, Aguiló ha apuntado que CECE sigue considerando que la LOMLOE "es una ley que ha recortado derechos a alumnos, familias, profesores y centros".
"Tampoco nos gusta su apuesta contraria a la pluralidad", ha agregado el presidente de CECE, al tiempo que ha matizado que la organización no acostumbra a hacer valoraciones sobre las sentencias judiciales "y menos sin conocer el texto": "Pero sin duda sería extraño que cambie la jurisprudencia constitucional en un transcurso de tiempo tan corto".
En la misma línea, el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, ha subrayado que la información que tienen sobre la decisión del Tribunal Constitucional "es muy parcial" y ha incidido en que no podrán hacer una valoración plena hasta no leer la sentencia definitiva.
No obstante, Centeno ha reiterado su valoración "negativa" de la LOMLOE como "una ley restrictiva de derechos, especialmente de centros y familias".
"Asimismo, nos cuesta creer que el Tribunal Constitucional vaya a cambiar su jurisprudencia de 2018 sobre la educación diferenciada o que no avale a las familias que optan por la educación especial. ¿Qué argumentos nuevos son ahora decisivos para ello?", ha cuestionado el secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
El TC concluyó en abril de 2018 que los centros privados de educación diferenciada por sexos podían acceder "al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos", al considerar que este modelo educativo "no causa discriminación" y "es respetuoso con la Constitución".
Con estos argumentos, el Pleno del TC desestimó, por mayoría de ocho votos, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2014 por el Grupo Parlamentario Socialista contra algunos preceptos de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), antecesora de la Ley Celaá impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Constitucional avalará íntegramente la 'Ley Celaá'
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este jueves 23 de marzo la sentencia propuesta por el magistrado Ricardo Enríquez sobre el recurso de Vox contra la conocida como 'Ley Celaá' porque respaldaba la norma salvo en dos cuestiones --el rechazo a la segregación del alumnado por sexos y en centro de educación especial--, encargando al ponente que elabore un nuevo borrador que avale sin fisuras la ley, según ha informado la corte de garantías.
Vox impugnó lo que consideraba "la parte más sectaria de la ley", la que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.
Enríquez proponía declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, excepto los artículos que recogen que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".
Ese aval parcial incluía la parte de la ley que señala que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable".
Ahora, tras el rechazo del Pleno a su ponencia, Enríquez ha accedido a redactar una nueva que recoja el sentir de la nueva mayoría progresista del TC (de siete magistrados frente a cuatro), esto es, declarar la constitucionalidad de toda la 'Ley Celaá'. Una vez confeccionado este segundo borrador, tendrá que someterse otra vez al examen del TC, algo que se espera en las próximas semanas.