Dos consejeros de Ayuso defienden la legalidad del contrato vinculado a su hermano

Los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, han defendido este viernes la legalidad de todas las contrataciones de emergencia llevadas a cabo por el Gobierno regional durante la primera parte de la pandemia de covid-19.

En rueda de prensa en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, ambos han explicado el camino que han seguido los 4.016 contratos de emergencia realizados desde la Comunidad, entre ellos el adjudicado a la empresa Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcázar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

Una tramitación que se hizo, en palabras de Javier Fernández-Lasquetty, de forma "totalmente irreprochable", con "absoluto y total respecto a la normativa de contratación pública" y tras pasar todos los controles previos y posteriores "tanto internos como externos" de la Comunidad.

El contrato fue adjudicado por procedimiento de urgencia el día 1 de abril, en plena pandemia de Covid, para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 destinado al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema por un importe total de 1.512.000 millones de euros, IVA incluido. Fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Anda Dávila Ponce de León.

Según han explicado, el contrato fue publicado el 10 de junio en el Portal de Contratación. "Que nadie diga que no ha estado a disposición" del público, ha recalcado el consejero de Economía y Hacienda.

LAS DUDAS TRASLADADAS POR CASADO

El consejero de Economía ha afeado al líder nacional del PP, Pablo Casado, que haya "puesto en duda o expresado algunas cuestiones en relación a lo que debía haber hecho Ayuso" y, en este sentido, ha recalcado que "no hay por parte de Ayuso infracción de ninguna clase de la ley de incompatibilidades o código alguno".

Así, ha recordado que el órgano responsable del contrato es el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y "no el Consejo de Gobierno, que recibió informe sobre ese contrato y que es lo que dice la ley de todos y cada uno de los contratos".

Por su parte, el consejero de Sanidad ha subrayado que se actuó en todo momento de forma "honrada" y todos los contratos de emergencia se tramitaron con "transparencia" y fueron "acordes" a la legislación sobre contratación en el sector público, siempre "ajustados a procedimiento". "De forma honrada, repito, siempre", ha hecho hincapié.

Todo ello, ha recalcado, con el objetivo de "garantizar la salud" y dentro de su obligación para "poner todos los medios para garantizar la salud" de los ciudadanos y del personal sanitario "y siempre conforme a derecho y siguiendo los procedimientos legales".

TRIBUNAL DE CUENTAS

Finalmente, Lasquetty ha recordado la Cámara de Cuentas analizó toda la contratación de emergencia durante el año 2020 realizada por el Gobierno regional, para lo que se seleccionaron 263 contratos que se miraron de manera pormenorizada, entre ellos el que se relaciona con el hermano de Ayuso. "Se trasluce es que no hay ni tacha ni reparo en ninguno de sus aspectos", ha incidido.

El propio consejero de Economía compareció el 11 de noviembre de 2021 en Asamblea de Madrid y entregó, ha recalcado hoy, "toda la documentación sobre las contrataciones", sin que "ni uno solo de los grupos ha expresado preocupación por ellos". Lasquetty ha enumerado que se han realizado más de 6.000 preguntas y peticiones de información en los dos años relacionados con contratación de emergencia.