Los contratos de muy corta duración se sitúan en mínimos históricos

Los contratos de muy corta duración, los que duran menos de 7 días, han caído a mínimos tras la entrada en vigor de la reforma laboral que restringió el uso de modalidades temporales y una penalización al uso de acuerdos laborales de menos de un mes. Según el detalle de la estadística del SEPE, entre enero y junio de este año se han firmado en el Estado español unos 1,5 millones de contratos de esta duración, en cifras mínimas de la serie, un 18% menos que el año pasado y la mitad de los tres millones de acuerdos laborales que no llegaron a la semana de duración en 2019, ejercicio de actividad normal prepandemia, ya que en 2020 y 2021 la actividad se vio afectada por las distintas olas del virus.

En general, el descenso en el número de contratos es una de las consecuencias de la entrada en vigor de la reforma laboral –vigente desde enero de 2022 aunque con efectos plenos desde abril de ese año– y que redujo las modalidades y supuestos para sellar contratos temporales impulsando la firma de indefinidos. Junto a esto, la reforma introdujo una penalización, en forma de sobrecotización para los empresarios por los contratos laborales de menos de treinta días.

En total, en los seis primeros meses del año se han firmado 7,6 millones de acuerdos laborales, 20% menos que el año pasado y un descenso del 30% frente a los 10,9 millones de 2019. Con esta evolución, los contratos de muy corta duración han pasado de suponer el 27% de todos los firmados al 20%, siete puntos menos en 4 años.

Así, de los 7,6 millones de contratos del primer semestre, 3,3 millones fueron indefinidos, el triple que en 2021 o 2019, suponiendo el 44 % del total, cuando antes de la reforma suponían el 10%. Dentro de estos indefinidos, unos 1,6 millones fueron en la modalidad de fijos discontinuos, un tipo de contrato que se ha disparado en los últimos años.

Frente a esto, en el primer semestre del año se sellaron 4,2 millones de acuerdos laborales temporales, un 32% menos que el año pasado y un descenso del 57% frente a 2019, ejercicio completo de actividad normal prepandemia y cuando se firmaron 9,9 millones de contratos temporales solo en la primera mitad del año. Mirando a los sectores en los que era más habitual el uso de contratos temporales, como la hostelería, las diferencias son mayores.

Si en 2019 se sellaron en el primer semestre del año 2,2 millones de contratos en hostelería, en 2023 fueron 1,3 millones, un descenso del 41%. Por tipo de contratos, entre enero y junio de este año se han firmado en hostelería cerca de 700.000 indefinidos, la mitad del total; mientras que en 2019 apenas sumaron 140.000, el 6% del total.

Incentivos

El próximo 1 de septiembre entrará en vigor el nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, que introduce importantes novedades en las bonificaciones que las empresas se pueden aplicar al contratar empleados.

Entre sus objetivos, tal y como se recoge en el texto aprobado en enero, se encuentra “promocionar la contratación de las personas desempleadas, especialmente de las más vulnerables; contribuir a la creación, al mantenimiento y la mejora de la calidad del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas, así como fomentar el trabajo autónomo y la creación de empleo en el ámbito de la economía social”. Así, el primer cambio importante, es que las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social pasan a ser en la mayoría de los casos cantidades fijas, en vez de porcentajes.

La segunda novedad es que muchas de las bonificaciones actuales desaparecen, focalizándose los incentivos a la contratación en los contratos indefinidos realizados “a personas de atención prioritaria”, así como en la transformación de determinados contratos temporales en indefinidos. Estos incentivos van desde los 55 a los 366 euros al mes. De hecho, de las bonificaciones actuales solo se mantienen, aunque con cambios, en contrataciones de empleadas del hogar, personas con discapacidad, en el caso de empresas de inserción a menores de 30 años o de 35 si tienen discapacidad superior al 33%, contratación de personal investigador y de sustitución para víctimas de violencia de género o sexual que suspendan su trabajo o pidan movilidad geográfica. –