Los cuarteles de Loiola no cuentan con la protección del Gobierno español

La ultraderecha de Vox ha irrumpido en el proceso que iba a convertir los cuarteles del Ejército en Donostia en un barrio de viviendas, buena parte de ellas de protección oficial. En la negociación de los Presupuestos estatales de 2021 con el Gobierno de Pedro Sánchez, el PNV logró vencer unas resistencias históricas que habían impedido durante décadas la enajenación de los terrenos al Ayuntamiento de Donostia.

Es una reivindicación urbanística que se frenaba con interpretaciones políticas, porque se hacía la lectura de que el PNV pretendía expulsar al Ejército de Euskadi. Cuando todo parecía encarrilado con ese acuerdo político y la venta estaba a punto de cerrarse, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón parcialmente a Vox y ha ordenado que los cuarteles se incluyan en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido, Peppuc, con un grado IV de protección, que no es el que pedía Vox, aunque la ultraderecha se jacta de que ha paralizado el derribo. A la espera de lo que pueda dar de sí una sentencia que ya ha decidido recurrir el Ayuntamiento, el Gobierno vasco argumentó ayer martes que la competencia de proteger ese edificio es del Gobierno español, no de un tribunal, y que hasta la fecha no se ha decidido protegerlo.

Este periódico se puso en contacto con el Ministerio de Cultura de Miquel Iceta para contrastar en qué punto se encuentra el debate, y confirman que “en este momento no se está trabajando en ningún expediente de protección de este edificio”. No tienen información sobre la sentencia y, por tanto, no se pueden pronunciar, pero recuerdan que el artículo 10 de la Ley de Patrimonio Histórico Español establece que, si bien cualquier persona puede solicitar la incoación de expediente para la declaración de un bien de interés cultural, el organismo competente decidirá si procede la incoación. La competencia del Ministerio, según el artículo 6.b, es estudiar la posible declaración como bien de interés cultural cuando esté adscrito a un servicio público del Estado o forme parte del Patrimonio Nacional. “En todo caso, en este momento, no se está trabajando en ningún expediente de protección de este edificio”, aclaran.

A colación de las interpretaciones sobre la sentencia y sobre las supuestas órdenes de proteger el edificio por parte del Gobierno vasco, el portavoz del Ejecutivo de Urkullu, Bingen Zupiria, quiso aclarar ayer martes que “es una instalación propiedad del Gobierno español y, por lo tanto, la competencia para su protección sería del Ministerio de Cultura”. “En todos los años en los que ese acuartelamiento ha existido, el Gobierno español no ha adoptado ninguna decisión tendente a su protección”, recalcó. Añadió que “el Gobierno vasco en ningún momento ha propuesto su declaración como conjunto monumental”. Sí admitió que la consejería de Cultura recomendó algún nivel de protección, pero no los “máximos”.

EQUILIBRIO

Zupiria quiso cerrar filas con la operación urbanística que Donostia trata de desarrollar con el Ministerio de Defensa. “No corresponde a la Justicia decidir qué ha de ser protegido ni con qué nivel de protección”, añadió. Zupiria aboga por “buscar un equilibrio” entre la conservación del patrimonio y la necesidad de vivienda que es evidente en Donostia. Añadió que nunca se han propuesto los cuarteles como conjunto monumental, pero sí con una protección mínima que permita que se garantice el mantenimiento de algún recuerdo de esos edificios, pero sin que sea “un obstáculo para las necesidades que hoy en día tiene Donostia”. Consideró que es obligación de las instituciones dialogar y llegar a acuerdos. En algunos ámbitos se ven paralelismos con el caso de las torres Isozaki en Bilbao.