Los deberes en pensiones de Bruselas a España para la llegada de fondos Next

La Comisión Europea tiene previsto hacer efectivo a comienzos del próximo mes el tercer desembolso de los fondos europeos Next Generation, consistente en un pago cercano a los 6.000 millones de euros. La semana pasada, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra Nadia Calviño constataron en Bruselas la “buena marcha” del Plan de Recuperación español, lo que presupone una buena disposición a hacer efectiva la transferencia. Eso sí, el plácet definitivo debe llegar después de que la Comisión revise la evolución de los objetivos comprometidos por el Ejecutivo en dicho plan. Y la segunda parte de la reforma de las pensiones, la gran tarea que Bruselas marcó al Ejecutivo, está en el horizonte cercano como condición inexcusable para el segundo desembolso en el segundo trimestre del año.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno pidió a Bruselas el tercer desembolso del Plan de Recuperación por valor de 6.000 millones de euros, asociado al cumplimiento de 29 hitos y objetivos de los 416 que, en total, componen el listado de deberes que España debe realizar. En concreto, las reformas que los técnicos europeos analizan en esta ocasión corresponden a propósitos “a los que se dio cumplimiento a lo largo del primer semestre de 2022”, según Moncloa. Entre ellos, están la reforma de la Ley Concursal, que establece un procedimiento de segunda oportunidad; la entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de Formación profesional para acompasar las cualificaciones a las necesidades empresariales; y la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que refuerza la vigilancia sobre las tecnologías digitales a la hora de combatir la evasión tributaria por parte de las grandes multinacionales.

Además, el Ministerio de Economía presentó también sus avances en la reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos para que estas se ajusten a sus ingresos reales, una vieja demanda del colectivo.

AMPLIACIÓN DEL PERÍODO

Pero completar la reforma de pensiones mediante un acuerdo con los agentes sociales es el objetivo a corto plazo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un principio, los plazos negociadores marcaban el fin de 2022 como la fecha límite para alcanzar un consenso y presentarlo a la Comisión Europea, que presionaba al Gobierno para que se firmase el pacto lo antes posible. Sin embargo, en vista de que el acuerdo no llegaba, Bruselas se ha resignado a aceptar que es mejor esperar y conceder más margen de tiempo. Y es que las posturas no parecen estar cercanas en los principales puntos de discordia entre patronal y sindicatos: la ampliación del período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, la sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la adecuación de las bases máximas de cotización.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá trasladó a UGT, CCOO y CEOE una propuesta de extensión del período de cómputo para calcular la pensión, que supondría elevarlo de los 25 años actuales a 30 años, pudiendo elegir los mejores 28 años. En su exposición de motivos para la reforma, el Gobierno admite que “con carácter general”, esta medida aumenta el carácter contributivo del sistema “pero puede tener efectos negativos”, por lo que ofrece “modular” sus efectos concediendo la posibilidad de descartar los dos años de carrera profesional con peor cotización. Para el Ejecutivo, el cambio del cómputo “pretende reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador”, en un contexto laboral en el que “las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”.

Las modificaciones en el período de cómputo para la pensión es una idea que cuenta con el rechazo de los sindicatos. Por su parte, la patronal se muestra reticente al aumento de las bases máximas. En la actualidad, el tope está en 4.139,40 euros. Es decir, que quienes ganan por encima de esta cantidad no cotizan más, independientemente de cuál sea su salario. Eliminando este máximo, se incrementarán las cotizaciones y, por consiguiente, las recaudaciones, en especial entre las rentas más altas. En este sentido, el Gobierno justifica la medida por el incremento de la desigualdad social a partir de unas diferencias salariales que han ido ensanchándose. “Este aumento de los salarios en la cola superior de la distribución no es adecuadamente trazado por la mera indexación de la base máxima del sistema al IPC y requiere de una adaptación que tenga en cuenta la evolución de toda la distribución. De esta forma, se logra además reforzar los ingresos del sistema, contribuyendo así a su equilibrio y sostenibilidad”, aduce en el componente 30 de su Plan de Recuperación, dedicado a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Por último, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ya ha entrado en vigor a comienzos de año, puesto que estaba incluido en la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada en 2021, aunque la CEOE tampoco se muestra conforme. Consiste en el incremento de las cotizaciones mensuales, tanto por parte de la empresa (0,5%) como del trabajador (0,1%). Tanto Gobierno como agentes sociales siguen negociando mientras Bruselas desliza mensajes urgiendo a un acuerdo antes de primavera, ya que de un consenso sobre las pensiones depende el cuarto desembolso, de hasta 10.000 millones de euros.