El Gobierno central va a obligar por ley a los fabricantes de dispositivos electrónicos, como móviles y ordenadores, y a los de electrodomésticos a pagar su reparación si se averían, incluso en el caso de que ya se haya cumplido la garantía.
Tal y como avanzaba el diario El Mundo, la ley que contempla esta medida está siendo ultimada por el Ministerio de Consumo, y el Ministerio para la Transición Ecológica ya la ha incluido en su Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029.
El principal objetivo de esta medida es hacer una gestión más sostenible de las materias primas minerales fundamentales en la economía actual. Se les considera minerales críticos y son el litio, el cobre, el estroncio, el níquel o el wolframio. Se trata de reducir la fuerte dependencia que tiene el país respecto de otras naciones en este tipo de materiales.

Interior de una tienda de electrodomésticos.
El Ejecutivo pretende, por un lado, reducir la fabricación de los productos que los contienen para evitar el desperdicio de estos minerales y, por otro, mentalizar a los ciudadanos de la importancia de reparar los dispositivos en vez de comprar otros nuevos.
El Gobierno contempla, además, desincentivar la obsolescencia programada, ya que no es solo una sensación que móviles, calderas o lavadoras duren ahora menos que hace unos años.
Dicha práctica empresarial lo que hace es fijar una fecha de caducidad para los productos, de forma que en un plazo concreto de tiempo el usuario tiene que comprar otro aparato nuevo, algo que choca frontalmente con las actuales pretensiones del Gobierno.
Fondo para reparaciones
¿Y cómo se financiará la reparación? El Gobierno central contempla la creación de un fondo que se alimentará de las aportaciones de los fabricantes. Ese dinero se destinará a cofinanciar el arreglo de productos domésticos comunes y técnicamente reparables, desde neveras lavadoras y microondas, hasta televisores, móviles y portátiles.
Así, el Ejecutivo pretende que las compañías que se beneficien de las ventas de ciertos productos, se responsabilicen también de su reparación, incluso una vez terminada su garantía legal.
Este fondo se enmarca en el derecho a reparar, que forma parte de una directiva de la Unión Europea (UE) aprobada en junio de 2024 y que los 27 deberán incorporar a sus legislaciones nacionales antes del 31 de julio de 2026.

Aparatos electrónicos depositados en un vertedero.
A qué aparatos afecta
El derecho a reparar afecta a una amplia variedad de productos entre los que se incluyen dispositivos informáticos y de electrónica de consumo, así como electrodomésticos. Lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, monitores, ordenadores personales, tablets y teléfonos móviles o fijos son algunos de ellos.
Claves del 'derecho a reparar'
El llamado derecho a reparar aprobado por el Consejo Europeo en 2024 establece sobre todo obligaciones para los fabricantes de dispositivos. Su fin último es favorecer la reparación del aparato frente a su sustitución por otro nuevo.
1- Reparación gratuita o a un precio razonable
Los fabricantes están obligados a arreglar los productos de forma gratuita o a un precio razonable, en un tiempo también razonable. Esto se aplica tanto durante la garantía como una vez vencida esta.
2- Piezas originales y genéricas
Los fabricantes deben ofrecer piezas de repuesto originales y permitir el uso de piezas genéricas o de segunda mano. Deben estar disponibles a precios razonables y por un periodo prolongado, incluso cuando el producto ya no se fabrique.
3- Herramientas de reparación
Los fabricantes deben proporcionar o facilitar el acceso a herramientas especializadas necesarias para la reparación de los productos.
4- Información sobre las condiciones y servicios
Los fabricantes deben proporcionar información gratuita y de fácil acceso sobre los precios de las reparaciones y las condiciones de los servicios. También deben publicar manuales y habilitar herramientas de diagnóstico y guías de solución de problemas de manera gratuita y accesible.
5- Opción de reparación independiente
Los consumidores deben tener la opción de acudir a talleres de reparación independientes y no autorizados por el fabricante.
6- No negarse a reparar
Los fabricantes no pueden negarse a reparar productos simplemente porque hayan sido reparados anteriormente por técnicos independientes.
El derecho a reparar trae consigo una serie de beneficios para los consumidores (ahorro al no tener que comprar nuevos dispositivos) y el medioambiente (menos residuos electrónicos), y aboga por una economía sostenible y circular con una mayor competencia y más empleo en el sector de la reparación.