Los fiscales acusan a Puigdemont de ser “líder absoluto” de Tsunami

Después de que los fiscales del Tribunal Supremo (TS) se mostraran a favor de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, ahora le señalan en su informe como el líder “absoluto” de Tsunami Democràtic por su “patrocinio intelectual y ético”. Un paso que ha aprovechado el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón para replicar a Suiza que los tratados internacionales le impiden al país helvético rechazar por “motivos políticos” el auxilio judicial que solicitó en el caso ya que se trata de una causa en la que se investigan delitos de terrorismo. Además, la desconfianza entre el magistrado y el Gobierno de Pedro Sánchez se eleva después de que, en la reunión que el juez pretende mantener con las autoridades suizas, éste haya instado a dejar fuera de esa posible cita al Ministerio de Justicia español, encabezado por el socialista Félix Bolaños.

Los fiscales tumbaron el informe inicial redactado por el fiscal del TS Álvaro Redondo, que entendía que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont ni apreciaba delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños. Sin embargo, los dos presidentes de la sección primera, Fidel Cadena -uno de los cuatro fiscales del juicio del procés- y Joaquín Sánchez-Covisa, mostraron posturas enfrentadas. El primero en contra del informe de Redondo y el segundo a favor, lo que propició que sea su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez-Conde, quien deba resolver el conflicto unificando el criterio de la Fiscalía en este asunto. Cadena, redactor del texto a petición de Sánchez-Conde, defiende que la mayoría de la junta de fiscales ve una “pluralidad de indicios” que acreditan el “liderazgo absoluto” y la “autoría intelectual” de Puigdemont. A su juicio, el expresident “hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico” retirando su “apoyo carismático”, pero “lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”.

En este sentido, los fiscales insisten en que “desde el principio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones”. Recalcan que en el escrito del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se advierte además de que todas las actuaciones de la plataforma independentista estuvieron “orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético del señor Puigdemont”. Igualmente, apuntan que la finalidad de dichas actuaciones “no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y en concreto al Tribunal Supremo el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes”.

En este contexto, el juez García-Castellón señala al país helvético que en España y en la UE existe separación de poderes y subraya que no le corresponda formular opinión alguna sobre leyes en trámite, “ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza”. Este país acordó suspender la tramitación de la comisión rogatoria cursada por el magistrado de la AN y le pidió que ampliase los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter “político”, lo que le impediría colaborar con la justicia española. Pero el juez es claro al respecto: los tratados internacionales suscritos por España y Suiza impiden que se rechace por motivos políticos la asistencia judicial en esta causa en la que se investigan delitos de terrorismo.