Los fiscales en los casos de violencia machista pedirán medidas cautelares para reducir el riesgo para las mujeres y sus hijos, aunque las víctimas no las soliciten, y la instalación de dispositivos telemáticos en situaciones de riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia si no se ha solicitado prisión.
Son algunas de las instrucciones que ha remitido la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, a los fiscales delegados de Violencia de género de todo el Estado para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas.
En el escrito, Peramato reclama a los fiscales que intervienen en las guardias de violencia de género "intensificar la actuación proactiva" de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares que sean necesarias para evitar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio.
Así, tras valorar toda la información de los registros policiales (VioGén), de Justicia (Siraj) y otros, los fiscales deberán solicitar las diligencias que se precisen para determinar el riesgo con mayor exactitud, en concreto, la valoración forense del mismo.
Dispositivo telemático para el agresor
Recuerda que, para analizar la posibilidad de pedir prisión preventiva, se debe tener en cuenta la prueba "que sea necesaria y trascendental y que pueda practicarse en el plazo de las 72 horas".
Y en aquellas situaciones en las que no se pida prisión, pero exista riesgo "Extremo", "Alto" o "Medio de especial relevancia" el ministerio público reclamará el dispositivo telemático de detección de la proximidad.
Del mismo modo, si en el curso de la tramitación del procedimiento se agravara la situación de riesgo de la víctima y no se hubiera acordado la prisión provisional se solicitará también la instalación del dispositivo.
Cuando así proceda, cuidarán de que esta petición se lleve al escrito de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas a fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación para el caso de que se dicte sentencia condenatoria, señala el escrito.
La fiscal de Sala pide además a los fiscales que le informen en el plazo de un mes sobre las ventajas de la comercialización en las provincias y áreas de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a varios partidos judiciales.
La fiscal de Sala explica que en el 42,85 % de los feminicidios ocurridos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022 había denuncias previas y solo en 6 ocasiones se acordó la orden de protección y en otras 4 ocasiones se había dictado sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación).
Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20 % (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7 % de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13,9 % de los supuestos denunciados.
"Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", asevera Teresa Peramato.